Si hay algún punto en el que la gran mayoría de los políticos y los ciudadanos ilustrados coinciden sobre nuestro modelo económico es en afirmar que necesitamos mucha más inversión en ciencia y tecnología, tanto para conseguir empleos de calidad como para lograr un desarrollo más sostenible. La inversión de España en I+D+i no puede seguir siendo el 1,2% del PIB, lejos de la media europea del 2% y lejísimos de los cinco países que la Unesco considera punteros, todos por encima del 3%: Corea, Israel, Japón, Finlandia y Suecia.
Pero una vez hecha esta declaración de principios, las múltiples urgencias —desde el desafío independentista hasta el fichaje de Lopetegui— que unos y otros tenemos originan que no volvamos a preocuparnos de la ciencia como se merece. Y para muestra, un botón: ¿cuántos españoles saben que en diciembre pasado Fusion for Energy (F4E), la organización de la Unión Europea para el desarrollo de la fusión nuclear, eligió a Granada como sede de un nuevo acelerador de partículas que complemente al revolucionario proyecto ITER que se está construyendo en la localidad francesa de Cadarache?
Las grandes potencias mundiales que forman parte de este proyecto para conseguir una energía abundante, inagotable, limpia, barata y sin los riesgos de la fisión nuclear (UE, EE UU, Canadá, China, Rusia, India, Japón) están a la espera de que Europa confirme su compromiso financiero para construir el acelerador —cuyo nombre técnico es Ifmif-Dones— o en su defecto se hará en Japón. Los muy beneficiosos efectos directos e indirectos en el empleo y el desarrollo técnico de Granada —y en general de toda España— que produciría la instalación de una infraestructura que servirá para probar los materiales destinados a soportar temperaturas de millones de grados centígrados en el reactor de Cadarache nos los podemos imaginar a partir de las cifras de inversión que se barajan: 400 millones de euros en una primera fase hasta 2030 y más de 800 en la segunda hasta 2050, con unos presupuestos anuales de funcionamiento de 55 y 100 millones en cada fase. Los cálculos de retorno económico en la primera fase rondan los 1.000 millones de euros y los 12.000 empleos.
La candidatura granadina ha conseguido ser seleccionada —por delante de Polonia y Croacia— gracias al excelente trabajo de muchas instituciones, que han sabido unir sus esfuerzos en la Comisión Nacional para la implementación del Ifmif-Dones, eficazmente dirigida por el prestigioso físico Carlos Alejaldre. Desde el Gobierno central hasta el pequeño municipio de Escúzar —que ha cedido gratuitamente 100.000 metros cuadrados de terreno— instituciones de diverso pelaje político han puesto sus granitos de arena. Incluso, cosa insólita que no habían visto los siglos, algunas empresas granadinas han hecho aportaciones económicas para costear los inevitables gastos de estudio y gestión del proyecto. Y, desde luego, la Universidad de Granada ha hecho una indispensable labor científica y de coordinación. Hasta aquí, todo perfecto. ¿O no?
Como el diablo está en los detalles, hay uno que nos inquieta relacionado con la financiación de este proyecto que puede ser un paso de gigante para la ciencia española. Si miramos las declaraciones del anterior Gobierno central del PP y las de la Junta de Andalucía del PSOE, no hay ningún motivo para inquietarse ya que las dos Administraciones se han declarado dispuestas a respaldar financieramente la construcción del acelerador. Es más, las dos firmaron en agosto de 2016 un convenio en el que se comprometían a aportar 200 millones entre las dos, que vendrían a sumarse a los 100 millones que aparentemente la Comisión Europea está planeando dedicar al acelerador. Olvidémonos que, de confirmarse esas cifras, faltarían 100 millones de euros para la construcción de su primera fase y fijémonos en este detalle: casi dos años después de su firma, el convenio ni se ha publicado ni ha tenido reflejo en los Presupuestos del Estado y de la Junta para 2017 y 2018.
Especialmente preocupante parece su ausencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, todavía no aprobados y presentados en el Congreso en abril de 2018, cuatro meses después de que F4E hubiera elegido a Granada. Ninguno de los diputados y senadores granadinos ha presentado enmiendas para salvar ese olvido, posiblemente deseosos de evitar que un proyecto nacional de la importancia científica del acelerador de partículas pudiera degradarse a la categoría de enmienda de campanario, como las muchísimas que han presentado los parlamentarios catalanes, vascos y canarios en defensa de sus intereses locales.
Sotto voce, el tan-tan político retransmite que ni la Junta ni el Estado han consignado cantidad alguna en sus respectivos presupuestos porque en realidad lo que ambas Administraciones pactaron en 2016 fue sufragar la construcción del acelerador con los recursos Feder que le puedan corresponder a España en el marco financiero europeo 2020-2027. Largo me lo fiais amigo Sancho, podríamos murmurar mientras nos devanamos los sesos intentando comprender cómo es posible que en un presupuesto de gasto consolidado de 451.118 millones de euros, el Estado no haya podido acoger ni una partida simbólica para el Ifmif-Dones. Esperemos que el nuevo Ministro de Ciencia, que tanta expectación ha levantado, sea capaz de acelerar el acelerador.
Juan José Nievas Aranda es ingeniero y Agustín Ruiz Robledo, jurista. Ambos son miembros del colectivo Granada Futuro.