¿Un racismo institucional?

Es el tópico recurrente que estuvo detrás de los disturbios del 17 de marzo en Lavapiés por la muerte del senegalés Mmame Mbayeo, así como tras la incautación, al día siguiente, del barco de la oenegé Proactiva Open Arms en Sicilia y la detención de sus activistas. Como es también la falacia que en noviembre de 2017 estuvo tras la campaña que la peña de Podemos organizó en torno al vigésimo quinto aniversario del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez a manos de un grupo neonazi. En las tres ocasiones, el populismo de izquierda ha tratado de imponer la tesis de que estamos ante víctimas de un «racismo institucional». Y la facilidad con la que ésta ha prendido sólo cabe explicarse por un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o congénita que padeciera nuestra democracia. Da igual que el mantero de Senegal muriera de un infarto y que los agentes de la Policía Municipal hicieran lo que estaba a su alcance por reanimarlo. Da igual que esa oenegé de Badalona haya sido interceptada por las autoridades italianas no por acudir en rescate de una patera procedente de Libia sino por favorecer la inmigración ilegal. Hasta el ministro Dastis, tan reacio a incomodar a Alemania por el caso Puigdemont, no tuvo reparos en incomodar a Italia jugando al buenismo de manual cuando declaró que «salvar vidas no es delito». Da igual, en fin, que los asesinos de Lucrecia Pérez fueran juzgados y condenados, así como que su caso sirviera para reconocer el primer delito de odio racista en España. La tesis de que en nuestro país existe un «racismo institucional» –esto es «amparado por el Estado en sus mismas estructuras»– se impone como un sobreentendido; como eso que llaman «la posverdad»; como un lugar común que sobreviviera a su propio desmentido.

Un racismo institucionalSe socava, así, día tras día, la propia legitimidad ética del proyecto europeo. Se le niegan sus logros sociales al lugar del planeta donde más han prendido los ideales humanitarios. La gran paradoja reside en que, en los tres ejemplos citados en los que ese imaginario «racismo institucional» habría mostrado su despiadado rostro, la culpable sería la propia izquierda y sus cargos electos, que a su vez son los titulares de las instituciones supuestamente racistas en todos esos casos. Se ha dicho que el concejal madrileño de Seguridad debería dimitir por propagar el bulo del homicidio del mantero. Pero es que también debería dimitir en caso de que su versión hubiera sido la correcta y por eso mismo: porque no habría otros responsables máximos de esa muerte que dicho edil o la propia alcaldesa, que son quienes ejercen el control directo de la Policía Municipal en Madrid. En el caso de la actuación italiana contra los activistas de Open Arms, nos encontramos con que el partido que hoy está gobernando ese país, y que ampararía ese desalmado «racismo institucional», no es el de Berlusconi sino el de Gentiloni, de conocida orientación socialdemócrata. Finalmente, en la España de 1992, en la que se produjo el asesinato de Lucrecia Pérez, los que gobernaban eran los socialistas. ¿Encarnaba Felipe González un «racismo institucional» capaz de amparar a los grupos neonazis?

Lo que esta paradoja demuestra es que la impostura populista no tiene escrúpulos en deslegitimar toda institución de un país democrático, incluso a aquellas que están en manos progresistas o bajo su propio control. La explicación está en que no sólo actúa contra la derecha sino contra el sistema. No le importa ponerse en una situación en la que tendría que dar cuenta de las lacras que denuncia. Para ese populismo, los policías y los jueces siempre son culpables aunque pertenezcan al ámbito geopolítico más garantista del Globo. Y, así, los «munipas» de la capital de España son comparables a las fuerzas armadas de la Sudáfrica del Apartheid donde el «racismo institucional» no era una fantasía demagógica ni una licencia literaria.

Como el objetivo en los tres casos mencionados no es la protección de la inmigración sino el cuestionamiento del sistema, el medio para lograrlo es la desestabilización. Aquí no se aspira a un ideal de justicia social, en cuyo caso se valorarían los logros efectivos de la política migratoria de un país que los datos del Eurobarómetro acaban de reconocer como el primero de la Unión Europea en la socialización del inmigrante. Se niega cualquier avance en ese terreno, lo mismo que siempre se han negado, desde el marxismo, todas las conquistas «burguesas» de la Ilustración. Heredero de esa tradición revolucionaria, el populismo postmarxista desdeña todo paso en la justicia social mientras se dé en el marco de la economía de mercado. Como desdeña, en nombre de una utopía que reclama la muerte del capitalismo, todos los progresos reales en el reconocimiento de los derechos de la mujer que provengan de otro feminismo que no sea el radical. Su actitud es la de los nacionalistas periféricos que, en aras de la secesión, menosprecian la descentralización del Estado autonómico. Estos paralelismos hacen preciso entender que las complicidades de ese populismo con los independentismos catalán y vasco van más lejos de la coincidencia en una misma estrategia y se adentran en el terreno de las afinidades. El «racismo institucional» y el «Estado opresor» son ficciones de la misma naturaleza que les sirven para justificar su radicalidad. Los vasos comunicantes que hay entre el populismo izquierdista y el independentista son tan obvios que el amago de «borrokización de Lavapiés» ha coincidido en el tiempo con la «borrokización del procés» a manos de los vandálicos Comités de Defensa de la República. Y, del mismo modo que niegan el carácter democrático del régimen español del 78, refutan el de cualquier país socio de la Unión Europea cuando les conviene. De pronto, unos oenegeros de los que nos cuesta retener los nombres tienen más credibilidad que el Estado italiano.

La tesis, la superstición, la ficción del racismo institucional no se puede pasar por alto porque conlleva una seria impugnación a nuestro sistema de libertades y constituye una permanente fuente de conflicto. La «borrokización» que sufrió Lavapiés en la jornada del 17 de marzo no fue un hecho casual y espontáneo. Fue el ensayo general de un proyecto que consiste en convertir ese barrio multiétnico y colorista en lo que fueron durante lustros los cascos antiguos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

Frente a ese programa incivil, hay otro discurso social, antitético y respetuoso con la Ley que no es el del conformismo. En la misma calle Mesón de Paredes donde vivía Mmame Mbayeo, junto a la plaza Nelson Mandela, está la sede del Movimiento contra la Intolerancia, que nació hace un cuarto de siglo precisamente con motivo del asesinato de Lucrecia Pérez y en el que milita su hija Kenia. Su presidente, Esteban Ibarra, que nació en esa misma calle –a diferencia de quienes fueron a ella el 17-M para incendiarla– ha sido el primero en denunciar ese proyecto del «populismo borroka» y lleva toda la vida haciendo pedagogía democrática por la integración de la inmigración. Su discurso es la antítesis de los clásicos guiños que lanza a ETA el populismo antisistema. Lo conocí hace dos décadas por su implicación en la lucha cívica contra la banda terrorista y jugó un papel esencial en las movilizaciones que hubo en todo el país por Miguel Ángel Blanco. No es raro que hoy reciba amenazas de muerte en las redes sociales. Su delito es estar convencido de que al racismo se le combate con las instituciones democráticas, no contra ellas.

Iñaki Ezkerra, escritor.

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