Un reajuste complicado

Al cumplirse el 70º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, podemos constatar cambios muy significativos en la situación de seguridad en el nordeste de Asia. La competición, las disputas territoriales y no territoriales, la redistribución de poder y la carrera de armamentos que se está produciendo, habiendo sobrepasado Asia a Europa en presupuestos militares, vienen a ser como una fiebre que indica la existencia de una enfermedad, enfermedad que algunos pueden calificar como normal y pasajera y otros como una septicemia incipiente.

Si echamos la vista atrás podemos constatar que en muy poco tiempo se ha producido en el nordeste de Asia una transformación en las capacidades militares. El presupuesto militar de los distintos Estados ha crecido muy sustancialmente, pero de forma asimétrica. China ha incrementado desde el final de la Guerra Fría sus presupuestos militares de forma sostenida, habiendo multiplicado por cuatro su presupuesto militar en los últimos diez años. Su presupuesto militar p ara 2014, estimado por el SIPRI en 216 mil millones de dólares, es el segundo del mundo tras el de Estados Unidos (610 mil millones) seguido en tercer lugar por Rusia, con un presupuesto estimado en 84,5 mil millones. En el noveno lugar, Japón con 45,8 mil millones y el décimo, Corea del Sur con 36,7 mil millones. Con ello las principales potencias presentes en el nordeste de Asia-Pacífico se encuentran entre los diez primeros Estados por presupuesto militar. Pero las diferencias entre unos y otros son muy amplias. Este incremento de capacidades militares tan asimétrico y pronunciado ha dado lugar a lo que tradicionalmente se conoce como creación de dilemas de seguridad.

Un Estado que adquiere una mayor estatura económica legítimamente puede incrementar sus gastos en la modernización de sus fuerzas armadas. La cuestión, tal como ya alertaron diversos estudiosos a finales de los años 40 y principios de los 50, es que la política militar tiene que llevarse a cabo con gran prudencia y que es peligrosa una dependencia excesiva de la adquisición y modernización de los sistemas de armas, pues este proceso conduce a que el posible competidor u opositor se sienta inseguro y proceda también a rearmarse induciendo a ambas partes a entrar en un círculo vicioso de acumulación de medios militares que puede crear un clima favorable para el surgimiento de crisis y el desarrollo de conflictos armados si entran en juego diferendos territoriales, de soberanía, o intentos de cambiar un statu quo que no se considera aceptable.

Esta cuestión tiene especial relevancia al existir en la zona que nos ocupa, independientemente de la más que preocupante proliferación nuclear de Corea del Norte, todo un conjunto de reivindicaciones territoriales y delimitaciones fronterizas no resueltas, o zonas de identificación aérea creadas de forma unilateral, dejando de lado diferendos étnicos y religiosos, que se están convirtiendo en disputas y hechos consumados cada vez de mayor entidad y de mayores implicaciones. Podemos citar los contenciosos y reivindicaciones de las islas Kuriles, Takeshima (Dokdo), las islas Senkaku (Diaoyu) (Diaoyutai), las islas Paracelso (Xisha) (Hoàng Sa) o las islas Spratly (reivindicadas en todo o en parte por China, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwan), entre otras disputas. En ausencia de acuerdos y diálogos que no partan de hechos consumados, la inefectividad demostrada del código de conducta, o acuerdos que no se cumplen, y dadas la medidas unilaterales con construcciones y apropiaciones de territorios en disputa, como, por ejemplo, la reciente y rápida expansión de China en las Spratly con la construcción de grandes estructuras de posible utilización militar en siete islas artificiales, unas ochocientas hectáreas, que hacen palidecer las infraestructuras y puntos de apoyo realizados por Vietnam y Filipinas, hacen su aparición lo que se denominan «zonas grises», donde se unen cuestiones de soberanía, intereses económicos marítimos e intereses militares, incluyendo el control de rutas de comunicación marítimas que afectan de forma especial a Japón, Taiwán y Corea del Sur, y la ampliación del espacio para inhibir actividades militares de terceros, incluyendo el estrecho de Taiwan.

En esta situación no es difícil comprender el arduo y complicado proceso de normalización militar que ha emprendido Japón con la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución y el estrechamiento de su alianza con Estados Unidos. China sospecha del intento de abandono de la postura pacifista de Japón y considera que la modificación en la interpretación del ejercicio del derecho de defensa colectiva implica el abandono de la postura defensiva, sin embargo, ha evitado la acusación de militarismo, obviando una reacción contraria de la opinión pública japonesa. Japón, a su vez, ve los diversos movimientos de China como un intento de cambio del statu quo que hasta ahora ha existido en la región. Lo que se echa en falta es un intento serio, al margen de la retórica y la propaganda, de afrontar estos dilemas de seguridad que se han creado en la zona.

Falta una mayor transparencia por parte de China sobre sus sistemas de armas, adquisiciones, o disposición de fuerzas, aunque haya hecho pública recientemente una parte de su estrategia militar. Existen profundas diferencias sobre la seguridad nacional, el planteamiento de amenazas y de cultura estratégica entre los diversos Estados. China reniega de las alianzas militares y, a lo sumo, habla de asociaciones, mientras que para Japón la alianza con Estados Unidos es esencial.

Estados Unidos, a su vez, busca el reequilibrio militar, asunto que para China es casi una provocación. Asimismo, asistimos hoy a un intento de racionalización y explicación de la seguridad nacional con la utilización de conceptos que se utilizaron en su día aplicados a otro tipo de situaciones estratégicas o incluso conceptos creados ad hoc en su momento que inducen a la confusión: conceptos como seguridad común, seguridad cooperativa y hasta seguridad sostenible necesitan una mayor profundización y ahondar en las precondiciones indispensables para su aplicabilidad, evitando la creación de una zona más militarizada y más insegura.

Antonio Marquina es catedrático de Seguridad y Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y director de UNISCI (Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *