Un regalo de Año Nuevo para AMLO: que establezca una Cicig en México

 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2017 Credit Marco Ugarte/Associated Press
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2017. Credit Marco Ugarte/Associated Press

Andrés Manuel López Obrador prometió una transformación en México, pero apenas asumió el puesto anunció una amnistía informal a los corruptos del pasado.

Mala cosa, pero comienza 2019, y a todos nos asaltan la bondad y misericordia. De manera que, para no destruir las ilusiones de millones de personas que votaron por él para que acabe con la corrupción en un país lastrado por el uso de la oficina pública para negocios privados, AMLO puede hacer un propósito de Año Nuevo: recurrir a la comunidad internacional.

Poco antes de asumir el cargo, López Obrador sugirió que México debía olvidarse de enjuiciar a los corruptos porque a) son demasiados, b) no hay tantos jueces, c) las cárceles no alcanzarían y d) él no podría gobernar porque la oposición le haría la vida imposible. En su discurso inaugural, confirmó su idea de poner “un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo”.

Hay algo tremendamente preocupante en esta actitud. ¿Cómo confiar en un gobierno que propagandizó que revolucionaría el modo en que se hace la política si renuncia desde el inicio a combatir la corrupción?

O la cruzada antiimpunidad fue una promesa vacía de campaña —fácilmente traicionable— o su lectura del escenario criminal que campea en el Estado fue tan improvisada que AMLO prometió lo que no tenía modo de cumplir. En un caso, es cínico; en el otro, inepto.

Pero hay un detalle más siniestro: si en México no se puede gobernar porque los presidentes quedan atrapados por redes corruptas omnipresentes, entonces el Estado no puede hacerse cargo de la administración de justicia. Esto es, si se sigue la lógica de AMLO: la nación no posee jueces suficientes ni probos —por lo tanto es incapaz de juzgar según la ley y oportunamente—, no tiene dónde alojar a sus presos —de manera que es incapaz de política punitiva efectiva— y sus instituciones políticas no pueden con la beligerancia opositora —aun con mayoría absoluta de su partido en el Congreso, su gobierno no podría gobernar—. Todo porque los corruptos son tantos que ocuparían desde los liderazgos políticos a los cargos menores. Ergo, el sistema es insostenible.

Si esta es la realidad que AMLO vio, entonces México es un Estado fallido y la solución a sus problemas no es local sino internacional. Así que, presidente AMLO, usted no necesita una amnistía ni un pacto de impunes que traicione a su electorado: usted necesita una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la Cicig en Guatemala.

La Cicig es un organismo creado en 2007 para apoyar de manera independiente a fiscales, jueces y policías en la investigación y para asistir en la prosecución de casos graves para la estabilidad institucional, sobre todo en materia de corrupción y violencia de Estado. Después de que Guatemala pidió su formación a Naciones Unidas, la Cicig ha estado detrás de los principales juicios de Estado en un país donde la justicia ha sido presa de los deseos de políticos, empresarios y militares. Gracias al trabajo inspirador de la Cicig, el juicio a Efraín Ríos Montt convirtió a Guatemala en uno de los pocos países latinoamericanos que ha juzgado crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras. Y fue por su colaboración que el expresidente Otto Pérez Molina acabó en la cárcel por corrupción junto con su vicepresidenta, ya condenada. Gracias también al apoyo de la Cicig grandes empresarios de Guatemala están siendo investigados por financiamiento electoral ilícito.

En breve: si un gobierno no puede con el abuso de poder, la impunidad, el crimen organizado y la corrupción, es por el bien de sus propios ciudadanos que recurra a ayuda internacional. Y dado el panorama descrito por su propia boca, es hora de que el presidente López Obrador llame a la creación de una comisión internacional contra la impunidad mexicana, un organismo independiente que investigue y juzgue lo que él dice que no puede —o no quiere— juzgar.

Es eso o el escarnio, porque no hay razón de Estado que avale los perdones presidenciales, sobre todo porque cuando la justicia hace su trabajo fortalece la confianza de la sociedad civil en las instituciones.

La experiencia internacional enseña que solo se puede pasar la página —o poner un punto final— cuando la justicia ha hecho su tarea, no cuando los políticos tienden un manto de olvido sobre crímenes jamás juzgados, en especial los peores.

¿Sudáfrica? Solo hubo perdón cuando los asesinos aceptaron sus matanzas. ¿Argentina? Aún con limitaciones y retrocesos, fueron condenados casi 900 militares por violaciones a los derechos humanos entre mediados de los ochenta y años recientes. Chile, en cambio, optó por la amnistía y la impunidad permaneció por décadas. España jamás juzgó al franquismo y Franco sigue presente en su política diaria. Los militares de Brasil jamás fueron juzgados: hoy uno de los suyos preside la nación como si fuera un triunfo del pasado.

La consagración de un perdón imperial sugiere que México no alterará la ecuación que desde hace décadas corroe su sistema democrático: la impunidad facilita la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la violencia y las acciones del crimen organizado.

Es necesario pensar que alguna justicia es posible, que la lucha contra la corrupción es un buen eslogan para la campaña pero una mala política para la presidencia. La sociedad mexicana se merece que quienes robaron dinero público y facilitaron la violencia enfrenten la posibilidad de un castigo justo.

Presidente AMLO: si la nación es ingobernable, si su Cuarta Transformación tiene sustancia ética, su regalo a México para el nuevo año ha de ser la justicia. No una que usted otorgue —porque no es usted tribuno ni juez ni rey— sino una que el país reclama. El derecho a la justicia no pertenece a un gobierno sino a la sociedad civil. Si teme que los malos le hagan la vida imposible porque manejan el país, llame al mundo en su ayuda. No es tan difícil, presidente: usted tiene mayoría en el Congreso. Nada más debe pedir a Naciones Unidas, como hizo Guatemala, que le ayude a crear la comisión.

Feliz Cicig, AMLO.

Diego Fonseca es un escritor argentino que vive entre Phoenix y Barcelona. Es autor de Hamster” y editor de, entre otros títulos, Crecer a golpes y Tiembla.

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