Hoy en día, como la economía mundial está experimentando una transformación fundamental, los trabajadores de todo el mundo están viéndose sometidos a una gran presión. En particular en los países desarrollados, se deben ajustar las políticas sociales para prestar el apoyo que los grupos de menores ingresos necesitan, sin por ello dejar de fomentar el crecimiento y mejorar el bienestar.
Dicha presión ha sido implacable e ineludible. En los Estados Unidos, la remuneración real (ajustada a la inflación) para los hombres que sólo tenían el titulo de bachillerato se redujo en un 21 por ciento de 1979 a 2013. En gran parte de Europa, que brinda una mayor protección a los salarios, el desempleo se ha disparado, en particular desde que comenzó la crisis del euro en 2008. Alemania y algunos países del norte de Europa siguen siendo una excepción, si bien el mercado laboral alemán cuenta con un gran segmento de miniempleos de salario bajo.
El motor de esas tendencias es el cambio de la naturaleza del trabajo. Para empezar, los servicios han ido ganando terreno a escala mundial, en particular en las economías desarrolladas. De 1970 a 2012, la proporción de los servicios en el PIB de los países de la OCDE aumentó del 53 por ciento al 71 por ciento.
La nueva tecnología y las máquinas “inteligentes” no sólo están desplazando a muchos tipos de trabajadores en los sectores manufacturero y de servicios, sino que, además, están facilitando el ascenso de nuevos modelos empresariales, en los que las personas desempeñan trabajos (la mayoría de servicios con salario bajo) dentro de redes inconexas, en lugar de como empleados entregados por entero a su trabajo en organizaciones estructuradas
Por ejemplo, el servicio compartido de transporte de personas Uber tiene 162.000 conductores activos tan sólo en los Estados Unidos y está desplazando los servicios de taxi tradicionales. La empresa incipiente Handy abriga la esperanza de que su app logre un éxito similar conectando a clientes con contratistas independientes que prestan servicios diversos a los hogares. Al acelerarse la tecnología y mundializarse las cadenas de valor, los trabajadores deben adaptarse, ya sea cambiando de trabajo, trasladándose a otras localidades o adquiriendo nuevas aptitudes; imperativo particularmente oneroso para los trabajadores de mayor edad, pero que exige una nueva forma de planificar la vida para todos.
Algunas personas –en particular, las que adquirieron aptitudes valiosas y flexibles en un momento temprano de la vida, además de quienes ya cuentan con situaciones sólidas gracias a la riqueza heredada– pueden prosperar en esa clase de economía. Sin embargo, hay otros –y son millones– que no están preparados para la nueva era y su ansiedad cada vez mayor es la que está alimentando el ascenso de la política identitaria, cuyos dirigentes y movimientos populistas apelan a la solidaridad étnica o religiosa frente a las impersonales fuerzas del cambio.
Los partidos de centro izquierda afrontan un problema particularmente difícil, pues su base electoral de bajos ingresos se ve atraída por competidores patrioteros y enemigos de la inmigración. Para colmo de males, la fragmentación de la producción (ya se trate de bienes o de servicios), junto con la intensificación de las presiones fiscales, redunda en perjuicio de la dependencia tradicional de esos partidos en la negociación colectiva para crear sistemas y políticas que protejan a los ciudadanos contra las crisis y el infortunio.
La reacción de derecha a esa amenaza –esencialmente, el desmantelamiento del Estado del bienestar– dejaría a la mayoría de los ciudadanos expuestos a crisis económicas y cambios estructurales (que simplemente refuerzan su sensación de aislamiento y vulnerabilidad). En cambio, la reacción progresista debe entrañar políticas sociales sólidas –incluidas la seguridad y la protección– compatibles con las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de trabajo. Concretamente, eso significa que, en lugar de una protección social generalizada, cada uno de los ciudadanos tendría un presupuesto individual de apoyo y seguridad a lo largo de toda la vida, mientras que sus receptores se verán obligados a dar muestras de iniciativa para determinar su forma de adaptarse.
La diferencia principal entre la concepción progresista de una sociedad respaldada por esas “cuentas de ciudadano” y la idea conservadora de que los ciudadanos particulares deben crear cuentas de jubilación personales, obtener préstamos durante la época de estudios o contar con su propio seguro de salud es el papel del sector público. El sector público no sólo tendría el cometido primordial de financiar la protección social, sino que, además, la política pública organizaría también la cooperación entre el Estado, los empleadores y los receptores para eliminar la duplicación y reforzar la eficiencia y la equidad.
Por ejemplo, una “cuenta familiar” a lo largo de toda la vida permitiría pagar la licencia por maternidad y por paternidad, brindaría el apoyo para guarderías y tiempo fuera del trabajo para cuidar a los enfermos y los ancianos. Combinaría algunas normas generales con contribuciones financieras ajustadas a los ingresos por el Estado, los empleadores y las personas particulares. Una “cuenta de aprendizaje” fijaría los criterios para el apoyo educativo, incluidas las oportunidades durante toda la vida para adquirir nuevas aptitudes e impartirlas a otros.
Las formas básicas de semejante sistema ya existen en muchos países. Noruega ofrece 49 semanas de licencia de maternidad y paternidad o 58 semanas con el 80 por ciento del salario. Los dos padres deben utilizar al menos el diez por ciento de dicho presupuesto, pero también pueden dejar para más adelante una parte de él para utilizarlo cuando sus hijos comiencen a ir a la escuela (y también beneficiarse en gran medida del apoyo por maternidad y maternidad). Naturalmente, pocos países son tan ricos como Noruega, pero el principio –incluido el apoyo para el cuidado de los ancianos– se puede aplicar a períodos de 30, 40 o 50 semanas.
También Francia está avanzando ahora en esa dirección con la creación de “cuentas individuales de actividad” encaminadas a racionalizar sus políticas sociales, sin sacrificar su sentido de la solidaridad nacional.
Desde luego, ese planteamiento no resolverá mágicamente todas las dificultades que afrontan los países actualmente. Las limitaciones fiscales seguirán existiendo, mientras los gobiernos continúen financiando los bienes públicos. Una tributación suficiente de las personas con ingresos elevados y las empresas con grandes beneficios, junto con medidas sólidas y sostenidas para reducir la elusión fiscal, resultarán aún más decisivas para defender la base de ingresos. Y seguirán siendo necesarios los sindicatos para defender los intereses de sus miembros.
No obstante, es necesario un contrato social para tener en cuenta el papel cada vez más importante que las preferencias y la responsabilidad individuales desempeñan en el mundo actual. Cada uno de los ciudadanos debe sentirse con capacidad y no aislado ni abandonado, frente a la mundialización y la transformación tecnológica.
Con ese planteamiento, la socialdemocracia puede volver a ser el motor del progreso, en lugar de verse asfixiada por la política identitaria y el fundamentalismo del mercado, lo que redundaría en beneficio de la causa de la justicia social, sino también del objetivo de mantener la fuerza laboral capacitada, satisfecha y sana que una economía lograda necesita.
Kemal Derviş, former Minister of Economic Affairs of Turkey and former Administrator for the United Nations Development Program (UNDP), is a vice president of the Brookings Institution. Traducido del inglés por Carlos Manzano.