Aunque en estos días todavía no se conozca la variación de nuestro PIB en el cuarto trimestre de 2020 las previsiones efectuadas por distintos Organismos para todo el año son muy negativas. Esas previsiones están fuertemente afectadas por la terrible pandemia que están padeciendo todos los países del mundo y que ha causado en España la muerte, hasta el 20 de diciembre, de más de 70.000 personas según estimaciones de la Universidad Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística, aunque nuestro Gobierno admita una cifra de fallecimientos (50.900, aproximadamente) que apenas supera el 73% de la anterior. Solo por tan elevado número de fallecimientos en España imputables a la pandemia habría que calificar 2020 como un año maldito. Menos mal que disponemos ya, gracias al extraordinario esfuerzo de laboratorios e investigadores, de vacunas capaces quizá de frenar esta enfermedad. Con optimismo, es posible que la Covid-19 y sus variantes pudieran quedar prácticamente vencidas a finales de 2021.
Pero en ese escenario relativamente optimista aún nos quedaría pendiente la ingente tarea de superar las gravísimas consecuencias que la pandemia está teniendo en la economía de todos los países y, muy especialmente, en la de España. Esas consecuencias pueden observarse con claridad en el comportamiento de tres grandes indicadores: primero, el del crecimiento de la producción; segundo, el de la evolución del empleo y, tercero, el del nivel del déficit y de la deuda pública. Empezando por el primero, el crecimiento en términos reales del PIB español en 2020 será fuertemente negativo. Todas las estimaciones disponibles, que son además las de peores resultados de entre las efectuadas por la Comisión Europea y los restantes Organismos internacionales para los países avanzados, señalan que el PIB en España tendrá en 2020 un valor medio de caída próximo al -12,6%. Esa caída significa que la cuantía del PIB por habitante en 2020, medida a precios constantes de 2015, va a ser prácticamente igual a la que se alcanzó en el año 2000, es decir, veinte años antes. La pandemia, en consecuencia, ha generado un retroceso de dos décadas en nuestra producción por habitante. Un retroceso de dos décadas en el bienestar de los españoles.
La pandemia, además, ha sacado a la superficie algunos de nuestros males tradicionales. Las actividades turísticas y las relacionadas con ellas, tales como el transporte de viajeros, la hostelería, los bares y restaurantes, las actividades artísticas y recreativas y otras similares tienen un gran peso en la estructura sectorial de nuestra producción. Hay que partir del hecho de que, sin duda alguna, esas actividades han sido fundamentales hasta ahora para el crecimiento de nuestro PIB, pero la pandemia y sus inevitables confinamientos han incidido fuertemente sobre ellas, frenando en seco el crecimiento del PIB y haciendo más profunda nuestra crisis. Hay que añadir, además, los excesos de gasto público en los periodos anteriores a la crisis que, al aumentar sustancialmente el déficit, nos han dejado sin capacidad para apoyar a los sectores afectados por la pandemia cuando más lo necesitaban. Justo el camino contrario al seguido por otros países que, gracias a sus superávits anteriores, están afrontando la recuperación de sus economías sin esperar a las ayudas de la UE.
La segunda perspectiva de análisis la constituyen las consecuencias de la pandemia para el empleo. No se dispone aún de los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2020 ni de los de ocupación proporcionados por la Contabilidad Nacional para ese periodo, pero hay que prever que, sin contar los casi 750.000 trabajadores refugiados en los ERTES, la cifra de parados efectivos a finales de 2020 quizá supere ampliamente los 4.100.000 trabajadores, al menos un millón más que los existentes al terminar 2019. Contando como parados encubiertos parte de los trabajadores en ERTES, porque muchos terminarán inevitablemente en el paro, el aumento del desempleo en 2020 puede aproximarse peligrosamente a casi dos millones de parados más que en 2019. Eso nos llevaría respecto al paro a las proximidades de la gravísima situación que padecimos a principios de 2013. Otro auténtico desastre.
Finalmente, el déficit público y la deuda constituyen otros buenos indicadores de los problemas a los que hoy nos enfrentamos, aunque tampoco dispongamos aún de sus cifras para el año que acaba de terminar. El Banco de España considera que el déficit de 2020 puede rondar las proximidades del 11% del PIB, como en la peor época de Zapatero (2009). Pero la UE, en una estimación del pasado octubre, consideraba que nuestro déficit superará el 12% del PIB. Reducir ese déficit hasta las proximidades del 3% del PIB, que es el desequilibrio máximo que venía admitiendo la UE hasta ahora, nos obligaría a esfuerzos muy considerables a lo largo de casi toda una década.
En cuanto a la deuda pública, a finales de 2019 equivalía al 95,5% del PIB pero en el último octubre superó ligeramente el 114% de esta magnitud. Para finales de 2020 la Unión Europea estima que puede alcanzar el 120,3% del PIB y el Banco de España considera que, si llegásemos a estar en un escenario muy adverso, la deuda pública española podría dispararse hasta las proximidades del 128% del PIB. Pasar desde cualquiera de esas cifras hasta el 60% del PIB exigido por el tratado de Maastricht exigiría también de grandes sacrificios y de bastante tiempo para alcanzarlo.
En el ámbito económico, el Gobierno de nuestro país tiene que enfrentarse en los próximos tiempos a tres tareas bien difíciles. La primera, recuperar un crecimiento estable del PIB en términos reales, pese a una estructura sectorial fuertemente dependiente del turismo y de sus cuantiosas actividades conexas, todas ellas casi hundidas por la pandemia y sus inevitables confinamientos. Sin crecimientos de la producción no encontraremos el medio para recuperar los niveles de bienestar anteriores a la pandemia pero tampoco unos niveles soportables de desempleo, porque el crecimiento de la producción es el motor más importante para reducir el paro. Esa es la segunda tarea que debería acometer nuestro Gobierno. La experiencia demuestra, además, que el empleo es el instrumento más adecuado para reducir la pobreza y las desigualdades de renta, fuente habitual de los conflictos sociales. Para alcanzar una sociedad estable hay que reducir sustancialmente el paro mediante el crecimiento de la producción, abriendo así el mejor camino para una mayor igualdad social.
La tercera tarea del Gobierno debería ser la de poner orden en sus propias cuentas, ajustando sus gastos para alcanzar niveles mínimos de déficit y, posteriormente, caminar hacia superávits presupuestarios que coadyuven a reducir la deuda pública, al menos hasta los niveles previos a la pandemia, situados en las proximidades del 95-96% del PIB. Es una tarea compleja y no fácil que quizá exija también reformar los impuestos, pero no en el sentido reivindicativo de las reformas que se anuncian sino procurando aumentar el nivel de eficiencia de la economía española con cambios impositivos que coadyuven al crecimiento y no que lo impidan o dificulten. Estudios bien fundamentados para conseguir ese objetivo duermen desde hace años en los archivos gubernamentales.
Frente a los planteamientos anteriores, que tratan de centrar la acción del Gobierno sobre los verdaderos problemas actuales por difíciles que resulten, nuestros dirigentes parece que, para evitar el inevitable desgaste electoral de la acción en ámbitos tan complejos, han elegido la vía de esperar a que Europa nos imponga la solución de nuestros problemas y, mientras tanto, armar mucho ruido con temas que preocupan muy poco a la población pero que confundan a los ciudadanos impidiéndoles centrarse en sus auténticas necesidades. Los ejemplos de esta conducta son obvios y están en la mente de todos. Por eso es importante tener bien claro que los trampantojos gubernamentales solo sirven para desviar la atención respecto a los auténticos problemas pero no para resolverlos. No son un camino para salir de la crisis más profunda de la economía española en el último medio siglo.
Manuel Lagares es economista y catedrático de Hacienda Pública.