El mundo se ha sumergido en un periodo de brutalidad y quienes cometen actos violentos quedan impunes. Siria se enfrenta a incontables muertes de civiles mientras que un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dividido permanece al margen. El sufrimiento de Gaza continua y aquellos que podrían apaciguarlo solo expresan su preocupación. Irak se consume y el final parece no llegar. En Sudán Meridional y República Centroafricana aumentan las atrocidades, a las que además se suma una epidemia de violencia sexual. Incluso Europa tampoco se salva: una aeronave civil fue derribada en el contexto del conflicto en Ucrania oriental, y se impidió a las autoridades investigar sobre el suceso.
Después de veinticinco años de la caída del Muro de Berlín, y a más de una década de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), resulta increíble lo poco que se ha hecho para frenar estos abusos, y las perspectivas de que algún día se haga justicia a las víctimas, o que los perpetradores lleguen a pagar sus crímenes, parecen cada vez más y más remotas.
Durante muchos años el mundo parecía avanzar hacia un mayor reconocimiento de los derechos humanos y demandas de hacer justicia. A medida que emergieron democracias en América Latina y Europa central y oriental en los años ochentas y noventa, estos asuntos cobraron una importancia creciente. Aunque las guerras, los conflictos y las atrocidades continuaron, las potencias mundiales trataron, y algunas veces lograron –aunque tarde y de forma caótica– frenar las matanzas.
Asimismo, la comunidad internacional creó estructuras de justicia para abordar las consecuencias de la violencia, acción inimaginable durante la Guerra fría. Se crearon nuevos tribunales híbridos internacionales respaldados por las Naciones Unidas para hacer rendir cuentas a los perpetradores de atrocidades en los Balcanes, Ruanda, Sierra Leona y Camboya. La CPI con jurisdicción para tratar atrocidades en 122 países miembros, se estableció para llevar casos llevados ante ella por terceros países o por el Consejo de Seguridad (aunque tres miembros permanentes –Estados Unidos, Rusia y China– no han ratificado o no se han adherido al Estatuto de Roma, que pone a las partes bajo la jurisdicción de la CPI).
Además, muchos gobiernos, con ayuda de las Naciones Unidas, crearon mecanismos de justicia de transición local, incluidas más de 40 “comisiones de la verdad” (como en Argentina, El Salvador, Timor Oriental, Marruecos y Sudáfrica), programas de reparación y prosecuciones. Ninguno de estos esfuerzos ha sido perfecto, pero han ofrecido a las víctimas una voz y han reconocido su sufrimiento, mientras que envían el mensaje a los culpables de que sus crímenes no se pasarán por alto. Dichas acciones también han tenido una gran influencia y a veces han transformado positivamente el discurso público.
Actualmente, sin embargo, la comunidad internacional parece estar renunciando a su compromiso con los derechos humanos. Las potencias emergentes mundiales carecen del sentido de urgencia para tratar los abusos, y prefieren enfocarse en intereses miopes de corto plazo que en invertir en paz y justicia de largo plazo.
Sin el respaldo firme de la comunidad internacional, las instituciones de justicia están bajo presión –y perdiendo su impulso. Varios países han atacado a la CPI; los miembros de la Unión Africana quieren que los jefes de Estado tengan inmunidad para no ser enjuiciados, socavando así un principio fundamental de la Corte.
Sin duda, muchos Estados en transición política buscan tenazmente alguna forma de justicia. Por ejemplo, la justicia y los derechos humanos están en el centro de conversaciones históricas de paz en Colombia. A pesar del colapso de la primavera árabe, Túnez está procurando seguir adelante con las reformas, incluida la creación de una Comisión para la verdad y la dignidad.
Sin embargo, sin el apoyo de instituciones internacionales, estas sociedades pueden encarar dificultades al tratar de abordar de forma adecuada sus pasados turbulentos. En otras partes la lucha por los derechos humanos podría convertirse prácticamente imposible. En efecto, es de por sí ya muy difícil defender los avances realizados en materia de derechos humanos desde el fin de la Guerra Fría, y por ende ampliarlos es aún más complicado.
La creciente reticencia de los gobiernos a realizar avances en materia de derechos humanos –si no es la obstaculización absoluta– no detendrá a los grupos de la sociedad civil a seguir su lucha por la justicia. Grupos como el de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina o el de las Madres de Srebrenica, desde siempre han encabezado con valor la lucha; sin lugar a dudas seguirán haciéndolo.
No obstante, la ausencia de gobiernos clave en este proceso, en especial las potencias emergentes, conlleva el riesgo de acabar con el breve periodo de rendición de cuentas en el mundo. Es tiempo de que la comunidad internacional aumente su determinación, retome sus objetivos y reafirme con hechos y palabras su compromiso con los derechos humanos y un mundo más justo.
David Tolbert is President of the International Center for Transitional Justice and a former assistant secretary-general at the United Nations. Traducción de Kena Nequiz