Un Rey constitucional

Nuestra monarquía ha venido desempeñando, desde hace 42 años, una función crucial para el establecimiento y la vigencia efectiva del sistema constitucional. Además de la actuación decisiva de Don Juan Carlos en el proceso de transición del régimen franquista a la democracia y de su valiosa contribución, a lo largo de su reinado, en la tarea colectiva de lograr que la sociedad española alcanzase, como así ha sido, altas cotas de bienestar y progreso en coherencia con su organización institucional como Estado social y democrático de derecho, otro de los buenos servicios que la monarquía nos ha prestado ha sido el de la normalidad con que se produjo la sucesión en la Corona. La abdicación de Don Juan Carlos I en el Príncipe heredero, nuestro Rey actual Don Felipe VI, mostró, de manera ejemplar, una de las cualidades más valiosas de la monarquía: la estabilidad en la jefatura del Estado. También nos ha proporcionado un bien indudable: tener un nuevo Rey que, sin restar méritos al anterior, que los tuvo y en muy alto grado, posee las mejores condiciones, por su formación y su carácter, para desempeñar la elevada función que la Constitución le encomienda.

En una monarquía parlamentaria, como es la nuestra por definición constitucional, el Rey no tiene poderes políticos propios, pero sí que ejerce, o puede ejercer, unas capacidades de influencia y moderación que resultan de la mayor trascendencia para el buen funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de derecho. En esa tarea, la ejemplaridad personal del Rey y su firme compromiso con los valores constitucionales son condiciones necesarias para que a la legitimidad de origen de su cargo se una la legitimidad de ejercicio consustancial a la monarquía parlamentaria, una forma política del Estado que no es contradictoria, sino conciliable, con el principio democrático. Don Felipe VI, desde el momento de su acceso al trono, anunció que cumpliría fielmente aquellas dos condiciones y, en ese sentido, que la suya sería “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”, como dijo en su mensaje a la nación pronunciado el día de su proclamación como Rey ante las Cortes Generales.

Compromiso que ha cumplido de manera impecable. Así, de inmediato, se adoptaron medidas para dotar de mayor transparencia y control a las actividades de la Casa Real, incluyendo la gestión económica, y hasta hoy se ha venido trasmitiendo una imagen ejemplar de la propia Familia Real no sólo por obra del Rey, sino gracias también a la contribución de la Reina Doña Letizia. Pero no se trata únicamente de que en el plano personal se esté ejerciendo un magisterio de costumbres tan necesario para la aceptación social de la monarquía, también que, en el plano institucional, la actuación de D. Felipe VI está siendo modélica y por ello aplaudida, como demuestran las encuestas, por la inmensa mayoría de los españoles. Es, como también lo fue Don Juan Carlos, nuestro mejor embajador en el exterior, favoreciendo de manera muy eficaz en las relaciones internacionales las expectativas económicas y estratégicas de nuestro país, demostrando su respeto estricto al pluralismo político y a las reglas jurídicas y políticas del régimen parlamentario, su preocupación ante los problemas de la desigualdad, su interés por el mundo de la cultura y, en general, su cercanía a los ciudadanos.

Todo ello nos ha transmitido la convicción de que tenemos un Rey prudente, muy sólidamente preparado por la experiencia profesional que adquirió como Príncipe heredero y por la sólida formación académica que había recibido. Un Rey, en definitiva, que suscita confianza dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero que además ha afrontado con éxito momentos difíciles: entre ellos los que se dieron en los procesos de investidura del presidente del Gobierno a consecuencia de las dos últimas elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016 y los mucho más graves originados por los intentos de secesión en Cataluña. Como es bien sabido, en la adversidad se prueba el carácter. Y en su reacción ante la indudable adversidad generada por los acontecimientos en Cataluña, se ha reflejado, de manera nítida, que tenemos un Rey auténticamente constitucional, no sólo porque en su día hubiera accedido al trono de conformidad con lo previsto en la Constitución, sino también, y sobre todo, porque ha dejado bien claro que su cometido es, precisamente, el de servirla, lo que también significa preservarla.

Nuestro Rey, fiel en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, entre las que no está la de decidir (que ello les compete en exclusiva a los poderes políticos y jurisdiccionales del Estado) pero sí, como monarca parlamentario, las de advertir y animar, actuó ante aquellos gravísimos sucesos con la prudencia, firmeza y convicción que su cargo le exigían. Para tranquilidad de los españoles, por cierto, que en aquellos aciagos días de septiembre y primeros de octubre del año pasado, cuando, de manera lamentable, el Estado parecía noqueado por una minoría que de forma tan ilegítima como ilegal pretendía destruirlo, pudimos comprobar que al frente del Estado teníamos un Rey que no estaba dispuesto a aceptar que la Constitución se destruyera. Aquella aparición del Rey en la televisión el 3 de octubre pasado, condenando sin paliativos los hechos que se habían producido y enviando un mensaje claro, firme y perfectamente medido acerca del compromiso irrenunciable de la Corona con la unidad de España y la preservación del orden constitucional, nos transmitió a todos la seguridad y esperanza que necesitábamos y puso aún más de manifiesto lo afortunados que somos al tener como Rey de España a Don Felipe VI.

También confirmó, por si algunos lo necesitaban, que la regulación constitucional de la monarquía parlamentaria, que ya se había anticipado en la transición mediante una práctica auspiciada por el anterior Monarca a partir de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, fue, efectivamente, una de las decisiones más afortunadas que se adoptaron en el proceso constituyente que ahora cumple 40 años. En una monarquía parlamentaria, la Corona, por su capacidad de integración histórica, política, social y territorial, puede ser, y así lo ha sido entre nosotros, un pilar fundamental para el sostenimiento de la convivencia en paz y libertad, para incluir en la unidad de la nación la pluralidad de sus comunidades, para impulsar la realización del bien común por encima de los intereses particulares y de la legítima diversidad ideológica, para abrir caminos de esperanza, para mostrar que España, además de ser una realidad histórica incuestionable, es también un proyecto valioso que merece la pena conservar en el presente y mejorar en el futuro.

También, en una monarquía parlamentaria, el Rey, que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, como establece el art. 56.1 de la Constitución, es, necesariamente, y en España lo hemos comprobado, el primer servidor de la Constitución y el más empeñado en preservarla, por convicción y obligación, desde luego, pero también porque la suerte de la Constitución está unida a la de la propia monarquía.

Hoy no sólo debemos felicitar a nuestro Rey por cumplir 50 años, sino también por su contribución fundamental al mantenimiento de la Constitución y, por ello, de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado, cuyo futuro se asienta, además, en la regular sucesión en la Corona. En esto último, por un azar de la fortuna, los hechos incluso han venido a atemperar los dictados del Derecho, pues la preferencia del varón sobre la mujer que se deriva de las previsiones constitucionales es un problema que, respecto de la sucesión, ojalá muy lejana, de nuestro Rey, se ha despejado de manera natural, en feliz coincidencia, por cierto, con la efectiva participación de las mujeres en la vida social y política que nuestro tiempo demanda: tenemos una Princesa de Asturias que será en un futuro nuestra Reina y que dispondrá entonces, estoy seguro, de un depósito de experiencia, formación y compromiso con el Estado democrático de Derecho análogo al que ha recibido y demostrado su padre, nuestro buen Rey constitucional Don Felipe VI.

Manuel Aragón Reyes es catedrático de Derecho Constitucional, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

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