Un salvavidas para los fugitivos en barcos de Asia

A veces los países no dan con una buena política hasta después de haber agotado todas las demás opciones disponibles. Así ha sido en el caso de la tardía adopción por parte de Australia este mes, después de años de muchas disputas políticas, de un nuevo criterio pragmático, pero no insensible, para abordar el asunto de los buscadores de asilo que llegan por mar.

El meollo del problema –y lo que lo ha convertido en un asunto internacional más que un simple problema interior de Australia– es que los aspirantes a refugiados (principalmente procedentes del Afganistán, del Pakistán, del Iraq, del Irán y de Sri Lanka) han estado muriendo en cantidades espeluznantes. Tan sólo en los tres últimos años, más de 600 hombres, mujeres y niños se han ahogado –y se trata tan sólo los casos documentados– cuando en un viaje largo y peligroso intentaban llegar a las costas australianas con barcos en muchos casos destartalados y conducidos por contrabandistas procedentes del Asia sudoriental.

El número total de llegadas por mar no autorizadas –más de 7.000 al año– sigue siendo menor que el de otros destinos; la cifra anual de dichas llegadas a Europa desde el norte de África es de casi 60.000 y el número total de solicitudes de asilo hechas por los que llegan a Australia por cualquier ruta es sólo una pequeña fracción del número que Europa, los Estados Unidos y el Canadá afrontan todos los años.

Pero las cuestiones morales, jurídicas y diplomáticas que plantea el problema de la migración irregular a Australia son tan complejas –y la política interior es tan tóxica– como en cualquier otro sitio. Por eso, se está observando con particular detenimiento el modo como el Gobierno de Australia aborda esos problemas.

Internacionalmente, Australia tenía desde hacía mucho una fama bien ganada de decencia en materia de refugiados. Aceptó 135.000 refugiados vietnamitas en el decenio en 1970 –un total mucho mayor por habitante que ningún otro país, incluidos los Estados Unidos– y desde entonces ha conservado esa condición como uno de los dos o tres principales países receptores de refugiados en general.

Pero sufrió un gran desprestigio en 2001, cuando el gobierno del entonces Primer Ministro John Howard se negó a permitir que el carguero noruego MV Tampa, que transportaba 438 afganos rescatados de un barco de pesca que tenía problemas entrara en aguas australianas. Como ex ministro de Asuntos Exteriores, establecido entonces en Europa, nunca sentí mayor vergüenza de mi país.

Lamentablemente, los corazones de piedra resultaron ser factores eficaces para la formulación de una política interior. “Hacer dar marcha atrás a los barcos”, la “solución del Pacífico” de la tramitación en los vecinos Nauru y Papua Nueva Guinea y las draconianas condiciones para aquellos a los que se permitía permanecer en el país en espera de la decisión sobre su situación fueron –y son– posiciones muy propias de los partidos conservadores de Australia.

En cambio, se consideró que el desmantelamiento de esas políticas por parte del Partido Laborista después de 2007, por las razones más profundamente humanitarias, ofrecía un aliento tontorrón a los que “se colaban”. Esa –así vista– debilidad es una explicación decisiva de por qué el ex Primer Ministro Kevin Rudd (muy admirado por el G-20 y otros dirigentes mundiales) fue destituido por sus colegas del Partido Laborista y por qué su sucesora, Julia Gillard (cuyo gobierno se ha granjeado una gran admiración por su gestión económica) sigue siendo profundamente impopular.

En vista de la gran abundancia de llegadas en barcos, del temor a que hubiera más ahogados y la conversión de la política nacional en un deporte aún más sangriento de lo habitual, el Gobierno de Australia encontró por fin la forma de salir del círculo vicioso: un informe de una comisión de expertos, entre ellos un ex jefe de la defensa, un jefe del departamento de Asuntos Exteriores y un defensor de los refugiados. La comisión recomendó un nuevo plan totalmente integrado y encaminado a reducir a un tiempo los factores a favor y en contra que impulsan las corrientes de refugiados y su informe permitió al gobierno y a la oposición encontrar algún terreno común por fin.

Los incentivos para que las vías regulares de migración funcionen mejor serán el inmediato aumento de la admisión humanitaria anual por parte de Australia y su duplicación a lo largo de cinco años (hasta 27.000), junto con la del apoyo financiero para la creación de capacidad regional en materia de inmigración. Al mismo tiempo, se disuadirá en particular a los solicitantes de asilo de hacer peligrosas travesía por mar, porque no obtendrán ventaja alguna con ello: serán enviados –al menos mientras se negocien unos mejores acuerdos regionales en el Asia sudoriental– a Nauru o Papua Nueva Guinea a fin de que esperen a su turno allí.

La cooperación regional eficaz –para velar por que la tramitación y el asentamiento o el regreso se hagan con orden y celeridad– será decisiva para el éxito a largo plazo del plan, para lo que es necesario el cumplimiento del marco de cooperación del proceso de Bali, acordado en 2011 por los ministros que representaban a todos los países pertinentes de procedencia, de tránsito y de destino de la región y no sólo de ella, incluidas –por su decisiva importancia– Indonesia y Malasia (los países principales de tránsito de quienes se dirigen a Australia).

Ya sean o no partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, esos Estados acordaron cooperar entre sí y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en relación con todos los asuntos principales. Procurarán eliminar el tráfico ilícito de personas, ofrecer a los solicitantes de asilo procesos de evaluación y disposiciones coherentes (de los que podrían forma parte centros regionales de tramitación), encontrar soluciones de asentamiento duraderas para quienes reciban el estatuto de refugiados y disponer adecuadamente el regreso a sus países de origen de quienes se compruebe que no necesitan protección.

Los escépticos profesionales de Australia han sostenido que es inconcebible que alguno de nuestros vecinos del Asia sudoriental, incluidas Indonesia y Malasia, se tome la molestia de ayudar a resolver el problema de los refugiados en Australia, aun cuando el Gobierno de ésta corra con la mayor parte de los gastos, pero los ministros del proceso de Bali ya han acordado que se trata de un problema de todos, no sólo de Australia.

Los escépticos pasan por alto también la realidad de que ningún gobierno deseará poner en peligro su reputación internacional –como hizo Australia con el caso del Tampa- mostrándose indiferentes ante el horrible número de muertes en el mar y también olvidan completamente el instinto de humanidad común que prevalece cuando las autoridades reciben, como así ha sido ahora, una estrategia práctica, asequible y moralmente coherente para evitar más tragedias humanas terribles.

Gareth Evans, Australia’s foreign minister for eight years and President Emeritus of the International Crisis Group , is currently Chancellor of the Australian National University and co-chair of the Global Center for the Responsibility to Protect. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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