Un serio problema

Por Benito Morentín y Hans Draminsky Petersen (EL CORREO DIGITAL, 09/01/08):

El Parlamento vasco, en el pleno monográfico sobre las víctimas de ETA celebrado el pasado año, expresó su solidaridad institucional con las víctimas del terrorismo y sacó adelante varias resoluciones que reafirman el compromiso de las principales instituciones de Euskadi en su favor. Así mismo, se aprobó otra resolución por la que se solicita un informe sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política.

A los detenidos en virtud de la 'legislación antiterrorista' se les aplica una legislación especial, con posibilidad de detención incomunicada durante varios días y con suspensión de derechos básicos que menoscaban la salvaguarda de sus garantías. El relator especial en la Cuestión de la Tortura de las Naciones Unidas afirmó en su último informe tras su visita a España que «dado que la detención incomunicada crea condiciones que facilitan la perpetración de tortura, y puede en sí misma constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante o incluso tortura, el régimen incomunicado debería ser abolido».

Desde el año 1991 el Comité para la Prevención de la Tortura -CPT- del Consejo de Europa y el relator especial en la Cuestión de la Tortura de las Naciones Unidas han visitado España en varias ocasiones, y en algunas de ellas han entrevistado a ciudadanos vascos detenidos bajo la legislación antiterrorista. Los hallazgos de estas visitas (abril 1991, abril 1994, junio 1994, enero 1997, julio 2001 y octubre 2003) deben ser considerados como muy preocupantes. En los informes correspondientes se recoge la existencia de casos de tortura con una frecuencia más que esporádica u ocasional, siendo los métodos más frecuentemente recogidos los golpes, la asfixia con 'la bolsa' y las amenazas; seguido de la obligación a estar de pie durante periodos prolongados de tiempo y de realizar ejercicios físicos extenuantes, la capucha y la desnudez forzada. Así mismo, organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional tales como Torturaren Aurkako Taldea (ONG del País Vasco) y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (compuesta por 44 organizaciones de todo el Estado) han recogido denuncias de tortura/malos tratos en sus informes anuales.

Por lo que respecta a estudios científicos sobre la tortura, un grupo de médicos vascos y de médicos expertos internacionales hemos realizado varios artículos sobre este tema, algunos de los cuales ya han sido publicados en revistas científicas y en congresos internacionales. El material utilizado para efectuar estos estudios ha sido doble: por un lado los testimonios de los detenidos que alegaron malos tratos/tortura; y por otro lado, la información existente en los informes médicos elaborados por los forenses de los juzgados (principalmente de la Audiencia Nacional). Los hallazgos de estos estudios están en consonancia con los datos ofrecidos por los organismos internacionales antes citados. A nivel estadístico se ha observado que: a) los patrones de tortura difieren entre los detenidos por distintos cuerpos policiales; b) el trato vejatorio sexual es mucho más frecuente entre las mujeres que entre los varones; y c) los métodos de tortura alegados han variado desde la década de los 80 a la de los 90 y de ésta a la década actual.

En un reciente Congreso en la Universidad de Bristol (Inglaterra) sobre los mecanismos preventivos de la tortura en relación al Protocolo Facultativo de la ONU contra la Tortura (OPCAT) presentamos una comunicación basada en el análisis de más de 700 informes médico-forenses de detenidos vascos en régimen de incomunicación durante los periodos 1991-1994 y 2000-2005. Dicho análisis mostró que la prevalencia de alegaciones de tortura/malos tratos fue alta y constante en ambos periodos (60%). Por otro lado, se concluyó que los mecanismos nacionales e internacionales existentes no habrían sido eficaces en la prevención de los malos tratos en esta población, cuestión que también ha sido apuntada por Amnistía Internacional, el CPT y los expertos de Naciones Unidas.

En relación con los datos señalados se puede rebatir que estos detenidos pueden hacer falsas alegaciones de tortura con el objetivo de dañar la reputación de las fuerzas policiales. En los informes realizados por las organizaciones internacionales se ha abordado la fiabilidad de los testimonios de tortura que recabaron durante sus visitas. En su último informe sobre esta cuestión en el año 2001 los expertos del CPT señalaron que al igual que en previos informes la delegación obtuvo evidencias, incluidas de naturaleza médica, consistentes con alegaciones de maltrato en detenidos en régimen de incomunicación. En dicho informe vuelven a insistir en una serie de recomendaciones para la salvaguarda de los derechos de los detenidos incomunicados que todavía no se han puesto en práctica. Por otro lado, el relator de las Naciones Unidas concluyó que las alegaciones de tortura y malos tratos no pueden ser consideradas como inventadas, a la luz de su consistencia interna y la precisión de los datos objetivos. Así mismo, la concordancia de los datos publicados entre las distintas organizaciones y expertos, y las diferencias observadas en las alegaciones de métodos de tortura entre distintos subgrupos soportan cierta validez general (aunque no específica) a la credibilidad de las denuncias de tortura.

En conclusión, los datos aportados sugieren la existencia de un sólido cuerpo de evidencias que parecen indicar que la tortura continúa siendo un serio problema en España en relación a los detenidos incomunicados y que las medidas de prevención son ineficaces. Por lo tanto, la documentación ya existente en la actualidad podría ser un punto de partida importante para la elaboración del informe por el Gobierno vasco sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política.