Por Miquel Caminal, catedrático de ciencia política de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 28/09/05):
A Madrid no se puede mandar un Estatuto aprobado y estrujado. Así que los partidos políticos catalanes, principalmente CiU y PSC, tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien aunque sea a última hora. Debe haber acuerdo global y, también, en cada uno de los artículos más relevantes del Estatuto. Un Estatuto mal aprobado en Cataluña tendrá un mal viaje a Madrid y una peor negociación en las Cortes Generales. El problema no es únicamente dar el sí al Estatuto, sino poner después la convicción y la acción unitaria necesarias para tener capacidad de movilización de la sociedad civil catalana y poder de negociación en Madrid.
Todas las cartas están encima de la mesa. Toca decidir. En esta situación (y aunque sea sólo por tres días) es imprescindible que los líderes de los partidos políticos ejerzan un liderazgo nacional. Hace muchísima falta una imagen constructiva y unitaria de todas las formaciones políticas catalanistas. En los últimos meses sólo la coalición ICV-EUiA ha actuado con la responsabilidad de quien sabe los límites y las posibilidades de una oportunidad histórica que no se repetirá en años. No ha sucedido lo mismo con las demás formaciones políticas, entregadas a una absurda competición por ganar titulares y méritos en los medios de comunicación. Uno de los errores de todo este proceso ha sido que la ponencia ha trabajado no ya con las puertas abiertas sino más bien con altavoces. Hubiera sido deseable una mayor intimidad y lealtad compartida en el trabajo parlamentario.
Los desacuerdos y las recriminaciones se han cantado con los máximos decibelios y las cosas buenas, que también se han hecho, han sido calladas casi como secretos de confesión. De todos modos, hay que hacer notar que la clase política no es la única responsable de todo ello. He tenido la paciencia masoquista de leer casi todos los artículos de opinión que se han publicado sobre el proceso de reforma estatutaria en los periódicos catalanes. Sinceramente creo que no hemos ayudado a crear un ambiente político más sosegado y constructivo. Algunos artículos publicados en los últimos meses son como bombas incendiarias e incluso articulistas reconocidos por su ponderación han perdido la sensatez. Es como si el embrujo de Sardá y sus crónicas marcianas se hubieran apoderado de nuestras mentes. No obstante, es una suerte que siempre acabe apareciendo aquel que desborda todos los dislates. El ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, ha dicho en su FAES que lo que se va a aprobar en Cataluña esta semana es ni más ni menos que ¡un cambio de régimen! Tendrá razón el filósofo Ernst Tugendhat al decir que lo que realmente distingue a la especie humana del resto de seres vivos es que el ser humano es el único animal que exagera. Bienvenidas sean las palabras de Aznar si ante la perspectiva del "cambio de régimen" todos los catalanistas se ponen de acuerdo y apoyan sin dudar la propuesta de reforma del Estatuto.
Si recuperamos el sentido común no me cabe la menor duda de que estamos ante un buen Estatuto y los diputados y diputadas de CiU lo saben bien. No es, por supuesto, el Estatuto al que Cataluña tiene derecho. La vigente Constitución española de 1978 no da para más. Es preciso una reforma de la misma para un desarrollo federal y plurinacional del Estado autonómico que dé plena satisfacción a las legítimas aspiraciones de la nación catalana. Pero sí tenemos la oportunidad de conseguir un Estatuto mucho mejor que el actual. Sería imperdonable no aprovecharla porque nada impide continuar luchando por aquello que ahora no es posible conseguir.
Nadie que haya leído la propuesta de reforma del Estatuto, incluidas las correcciones que se infieren del dictamen del Consejo Consultivo, puede negar el cambio cualitativo que significa en la mejora del autogobierno. Este nuevo Estatuto es muy superior en todos los sentidos a los Estatutos de 1932 y de 1979. Basta comparar los primeros artículos para comprobar que estamos ante un texto normativo de mayor proyección nacional, de mucho más calado autonomista y de técnica jurídica más precisa. La importancia básica y significación histórica de los Estatutos de 1932 y de 1979 radicaba en el restablecimiento de las instituciones de autogobierno de Cataluña, pero no en la calidad ni en la cantidad de las competencias de gobierno realmente conseguidas.
El objetivo esencial del actual proceso de reforma es precisamente ampliar y proteger la capacidad de autogobierno y tener los recursos necesarios para ello. También el nuevo Estatuto significa un paso hacia adelante como constitución material de regulación de derechos y garantías, de organización del sistema institucional de gobierno de la Generalitat, de regulación de la autonomía municipal, de reconocimiento de la singularidad histórica y del autogobierno de Arán, de representación e intervención en las instituciones de la Unión Europea, de desarrollo de las instituciones de democracia participativa, entre otros apartados que mejoran la calidad y amplían el alcance de la autonomía catalana.
El viernes, día 30 de septiembre, no puede haber otro resultado en la votación del Parlament que un sí rotundo y claro al Estatuto y por el Estatuto. Lo contrario sería un fracaso histórico y el ridículo nacional. En las actuales circunstancias podemos darle la vuelta a aquella frase feliz de Jordi Carbonell y proclamar que la imprudencia no nos haga traidores. Porque es de sabios saber aprovechar las oportunidades.