Vivimos tiempos de recortes, no abunda el dinero y menos en Defensa. Esto es algo que los militares entienden perfectamente, acostumbrados a vivir «bajo mínimos» desde bastante antes de que la crisis llegara a nuestro país, siempre trabajando con una dedicación y una actitud profesional admirables.
Construido en Ferrol por la Empresa Nacional Bazán (actual Navantia), el portaaeronaves «Príncipe de Asturias» (R11) ha sido el orgullo tecnológico de nuestra Armada y de nuestra industria desde su diseño y creación, cien por cien españoles. Entró en servicio en el año 1989 y convirtió a la Armada española en una de las seis Marinas del mundo con capacidad para desplegar un grupo de combate aeronaval a disposición de España, de la OTAN o de la Unión Europea, participando en varios despliegues navales internacionales –como los efectuados durante la primera Guerra del Golfo– siendo siempre objeto del respeto y la admiración unánimes de otras marinas e industrias internacionales.
Tras casi 25 años de vida útil, el pasado 14 de diciembre, el buque insignia de la Armada española fue dado de baja: las restricciones presupuestarias hicieron imposible que siguiera operativo y no había comprador, por lo que inicialmente su destino previsto era el desguace y la venta al peso.
Sin embargo, la iniciativa de dos senadores (uno del PP y otro del PSOE) concretada en el manifiesto «Salvar el portaaviones Príncipe de Asturias, monumento de la España democrática» suscrito, entre otros, por integrantes del XXXIV Curso de Defensa Nacional del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), pretende que se mantenga la integridad del «Príncipe de Asturias» y que se le de una salida más honrosa que el desguace, como el símbolo que es de la mayor época de paz, libertad y prosperidad de la moderna Historia de España. Esto es una muy buena noticia. En efecto, al Gobierno le corresponde realizar la desmilitarización del portaaeronaves consistente en su desarme para evitar cualquier riesgo y el aprovechar los elementos valiosos del mismo para otros fines: ahí concluye su labor. A partir de este momento, es la sociedad la que tiene que asumir el protagonismo en este tipo de situaciones, proponiendo fórmulas de rentabilidad y actuaciones para aprovechar el buque.
El Manifiesto propone que el portaaeronaves asuma funciones museísticas u otras actividades de cara al público que permitan su rentabilidad económica. Efectivamente, en casos similares, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, buques emblemáticos han sido utilizados con éxito para hacer museos flotantes y reclamos turísticos. De este modo se proyecta la eficacia de la operación: no solo se conserva un elemento esencial de la tradición del comienzo de la andadura de la España democrática sino que se proyecta hacia el futuro como elemento revitalizador de la cultura de Defensa, de la que estamos necesitados.
Por ello sería bueno que España siguiera la tradición y cultura de Defensa de esos países, en los que múltiples propuestas de la sociedad civil dan como fruto magníficos proyectos.
Por otro lado sabemos que una de las notas distintivas de las democracias avanzadas es el mayor peso que va tomando la ciudadanía frente a los poderes públicos. Parece que este es un buen momento en España para dar ese paso adelante, no solo por el descrédito actual que padece la clase política, justo como clase, pero claramente injusto para los políticos como personas. Conozco a muchos, muy buenos y muy honrados; lo que ha emponzoñado la relación entre los políticos y la ciudadanía ha sido el excesivo poder concedido a los partidos que han ido creciendo con el tiempo a medida que han ido ocupando parcelas de la vida que no les correspondía (las cajas de ahorro son una triste y flagrante evidencia de esa realidad). Tanto es así que muchos consideran que España no es una democracia sino una partitocracia. A mi juicio, sería más que conveniente que los partidos políticos tomasen en consideración esta advertencia.
Pero no es solo la coyuntura; es bueno que en asuntos culturales como el que nos ocupa, la sociedad civil tome el protagonismo que le corresponde y ello por varias razones. En primer lugar porque si los ciudadanos somos los titulares (los dueños) de la «cosa pública» y los políticos, nuestros representantes, no se ve razón para que en un país ya culto y desarrollado los ciudadanos no puedan decidir directamente este tipo de cuestiones. Dicho de otra forma, es mejor que el contribuyente sufrague directamente estos gastos y obtenga la correspondiente deducción en sus impuestos a que lo haga por intermedio de las administraciones públicas, lo que además supone un nada despreciable coste de administración.
En segundo lugar porque el Estado, que ha pasado de ser el protector a quien todos debíamos servir incluso con la vida (recordemos el «todo por la patria», que ya no queda sino en los cuarteles) a ser, fundamentalmente, proporcionador de servicios como la Sanidad y la Educación (de ser servido a ser servidor) útiles para los ciudadanos, tiene cuestiones más urgentes que atender con sus siempre insuficientes recursos. Por todo ello, me parece más que interesante la iniciativa del «Príncipe de Asturias» y estoy seguro de que el Gobierno facilitará en su caso las condiciones necesarias para que aquélla tenga buen fin.
Sería magnífico que pusiéramos término a este tiempo de desesperanza colectiva (ahora que empieza a verse el final de la crisis) y abrir un tiempo nuevo con una iniciativa que saque provecho de este símbolo de la España moderna, tecnológica y confiada en sí misma, que puede generar empleo y beneficios y, como ha dicho el Príncipe de Asturias, empezar a querernos a nosotros mismos un poco más. Si esta iniciativa toma cuerpo, lo único que no puede hacer es fracasar; tiene que ser un éxito como ya lo ha sido la relativa al monumento al inolvidable Blas de Lezo.
Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación Transforma España y exministro de Defensa.