Un trato desigual

Por Brahma Chellaney, profesor de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación Política, instituto privado de Nueva Delhi. Traducción: Juan Gabriel López Guix (LA VANGUARDIA, 11/09/06):

No hay mejor ilustración de la forma en que la política internacional moldea las cuestiones relativas a la proliferación nuclear que las respuestas opuestas dadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los dos últimos casos: un decreto excesivamente severo contra Irán para que deje de hacer lo que Teherán considera que tiene todo el derecho a hacer y el trato excepcionalmente indulgente otorgado a Pakistán, a pesar del descubrimiento en el mercado negro nuclear de una importante red dirigida por científicos, militares y funcionarios de los servicios de inteligencia de ese país.

La salida a la luz de dicho circuito de venta de tecnología, un circuito que ha funcionado al menos en los últimos 16 años, ha supuesto el mayor escándalo de la historia en relación con la proliferación nuclear. Sin embargo, como respuesta a ello, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que no sólo no contenía referencia alguna a Pakistán ni a la red ilegal, sino que instaba a todo el mundo a compartir la responsabilidad. Por el contrario, el Consejo de Seguridad adoptó en el mes de julio pasado una dura resolución contra Irán en la que se empleaban verbos como pide y exige,y establecía como ultimátum la fecha del 31 de agosto. Con el fin de hacer obligatorio el cese iraní de toda actividad del ciclo del combustible nuclear, la resolución 1696 “exige, en este contexto, que Irán suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y reprocesamiento, incluidas las de investigación y desarrollo, lo que será ratificado por el OIEA”.

Los diferentes enfoques se hacen aún más patentes porque el Consejo de Seguridad actúa contra Teherán sobre la base de una sospecha razonable, pero no de pruebas concluyentes; en cambio, apenas se ha inmutado ante la admisión de Islamabad de que la red ilegal pakistaní había transferido de forma encubierta secretos nucleares (entre ellos, equipos para el enriquecimiento de uranio y diseños de bombas nucleares) a tres estados: Irán, Libia y Corea del Norte.

La propia resolución 1696 reconoce que el Consejo de Seguridad no actúa a partir de una prueba concluyente, sino porque hay “un conjunto de cuestiones pendientes y preocupaciones relacionadas con el programa nuclear de Irán, entre ellos asuntos que podrían tener una dimensión nuclear militar”. El caso es que el Consejo se ha abstenido de hacer lo que era evidente para solucionar las cuestiones pendientes relacionadas con las importaciones ilegales de Irán en el pasado: dotar de poder al OIEA para que demostrara el origen pakistaní del canal de distribución. En realidad, un importante elemento que ha posibilitado la salida a la luz de la red pakistaní han sido los centenares de documentos entregados por Libia e Irán, aunque no tanto de forma voluntaria como debido a una presión continuada. Ello ha hecho que el dictador militar pakistaní, el general Pervez Musharraf, hablara de traición por parte de otros estados islámicos.

Irán debe cargar con gran parte de la culpa por la intensificación de las preocupaciones relacionadas con su programa nuclear. Sólo admitió la construcción de instalaciones no declaradas en Natanz y Arak tras la denuncia en el 2002 por parte de un grupo disidente iraní. Sin embargo, hasta la fecha, las evaluaciones técnicas del OIEA siguen afirmando que no hay “pruebas de desvío” de materiales nucleares para fines no pacíficos por parte de Irán.

A pesar de la conducta irresponsable de Teherán en el pasado, el Consejo de Seguridad tiene que actuar con prudencia y asegurarse de que no sigue dobles raseros que socaven su credibilidad y eficacia. Tras permitir a Pakistán salir impune a pesar de que el país ha sido pillado con las manos en la masa dirigiendo la mayor red de proliferación del planeta, el Consejo no puede intentar una reparación sentando de forma prematura a Irán en el banquillo de los acusados.

Cierto equilibrio es necesario, o de otro modo cabe la posibilidad de que Irán imite a su vecino pakistaní y se convierta abiertamente en Estado nuclear. En realidad, al perdonar la proliferación de Pakistán y actuar con dureza frente a Irán, el Consejo de Seguridad ya ha enviado a Teherán el mensaje de que vale la pena convertirse en un Estado con armas nucleares.

En la actualidad el Estado iraní se ve demonizado por ciertas actividades sospechosas; en cambio, en el caso de la mucho más importante red pakistaní, un único individuo, A. Q. Jan, fue convertido de modo muy conveniente en chivo expiatorio en una parodia que acabó con el general Musharraf perdonándolo y luego colocándolo bajo arresto domiciliario indefinido. En realidad, esta fábula de un supermercado nuclear dirigido por A. Q. Jan y arruinado por Estados Unidos forma actualmente parte del folklore internacional.

El Consejo de Seguridad necesita volver a considerar el acierto de una resolución que ordena a Irán aceptar un rasero que no se aplica a ningún otro Estado con armas no nucleares del mundo. El intento de individualizar a Irán y aplicar un criterio discriminatorio podría muy bien resultar contraproducente si lo que provoca es la retirada de ese país del tratado de No Proliferación nuclear y la expulsión de los inspectores del OIEA.

Se hace necesario un nuevo consenso global sobre los parámetros que rigen la producción de materiales fisibles, no un régimen arbitrario que divida el mundo no nuclear entre los poseedores de ciclo de combustible y un único país desprovisto de él. No constituye ayuda alguna que el Consejo de Seguridad actúe como si el régimen militar de Islamabad estuviera en el lado bueno de la política internacional y el régimen clerical de Teherán fuera detestable y por lo tanto se lo suponga culpable.

Irán se encuentra hoy a muchos años de conseguir la capacidad para producir armas nucleares. Por medio de una diplomacia prudente apoyada por rigurosas inspecciones del OIEA, el Consejo de Seguridad aún puede conseguir que siga siendo un Estado sin ese tipo de armas.