EL presidente Obama ha anunciado a bombo y platillo la decisión que tomó el pasado sábado el Consejo de Seguridad de la ONU de enviar a Muamar al-Gadafi a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sea juzgado. Aunque Gadafi merece un castigo, la CPI no logrará aplicárselo. Invocar esta organización marginal como un instrumento de justicia es simplemente renunciar a la responsabilidad propia. Finge hacer frente a una crisis internacional cuando, en realidad, está haciendo lo contrario.
La CPI es una de las instituciones multilaterales más ilegítimas del mundo. La inmensa autoridad fiscal del tribunal no está obligada a rendir cuentas ante ningún sistema democrático. Los estadounidenses rechazamos este planteamiento en nuestra fundación, al separar los poderes fiscal y judicial y supeditar a los fiscales a la supervisión de funcionarios de la rama ejecutiva elegida democráticamente para garantizar su responsabilidad y legitimidad. La Administración de Bush revocó sabiamente el respaldo de la Administración de Clinton a la CPI «borrando la firma» en su tratado fundacional en 2002. Luego alcanzó más de 100 acuerdos bilaterales para evitar que los ciudadanos estadounidenses fuesen transferidos a la custodia de la CPI.
Los defensores de la CPI tienen la teoría de que frenará los crímenes futuros. La realidad demuestra lo contrario. El tribunal ha estado en funcionamiento desde 2002, así que la prueba más convincente es que casi 10 años después de su creación, Gadafi estaba tan poco impresionado que ha seguido haciendo cosas propias de terroristas y dictadores. La historia está llena de casos en los que ni siquiera la fuerza militar o la amenaza de represalias ha logrado impedir una agresión o crímenes flagrantes. Si Occidente no está preparado para emplear mano dura contra Gadafi, ¿por qué debería preocuparse él o cualquier futuro bárbaro por la CPI?
El hecho evidente aunque profundamente desagradable es que los hombres duros de la historia no pueden ser disuadidos por la endeble amenaza de un futuro enjuiciamiento. Esto subraya la razón por la que el propio tribunal es tan ajeno a la realidad. No funciona en una sociedad civil de valores e historia compartidos, sino en el ámbito caótico y a menudo brutal de la política internacional. Recurrir a la CPI no puede transformar temas de política y poder internacionales en cuestiones legales.
Un nuevo Gobierno libio debería responsabilizarse de abordar las atrocidades de Gadafi. Cada uno de los crímenes de los que es responsable, desde el ataque terrorista que destruyó en 1988 el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, hasta sus actuales masacres callejeras, ha sido cometido en nombre del pueblo libio. Son los libios los que deberían juzgar a Gadafi, como los iraquíes hicieron con Sadam Husein.
El destino de Gadafi le planteará preguntas difíciles a cualquier Gobierno libio que le suceda. Pero es del todo apropiado que sean los libios quienes se enfrenten a esos asuntos, tomen decisiones al respecto y asuman las consecuencias, buenas y malas, de determinar el modo de hacerle pagar sus culpas. La maduración política de los ciudadanos de Libia, como la de los de cualquier otro país, no llegará con unos extranjeros que juzguen por ellos, sino cuando ellos tomen sus propias decisiones y vivan con las consecuencias.
Evidentemente, Libia no está ahora en condiciones de enfrentarse a Gadafi y sus adláteres. Pero si él y sus colaboradores más importantes sobreviven a la violencia actual, pueden ser encarcelados y juzgados después, con ayuda internacional a las nuevas autoridades libias si fuera menester. Las dificultades logísticas inmediatas no justifican que se traspase la responsabilidad moral y política de hacer frente a Gadafi de sus conciudadanos a unos burócratas internacionales distantes.
El inmediato entusiasmo de Obama por la Corte Penal Internacional ilustra su obcecación por tratar las amenazas de la paz y la seguridad internacionales como si fueran simples crímenes callejeros locales. También refleja su actitud en general hacia los asuntos internacionales: un Estados Unidos pasivo y legalista, que delega en los organismos internacionales y se contenta con ser uno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad en lugar de liderarlo.
John Bolton, embajador de EEUU. en la ONU de 2005 a 2006. The Wall Street Journal © 2011 Dow Jones & Company, inc.