Un triunfo para espantar los miedos

Con una diferencia superior al 12 por ciento de los votos, en la segunda vuelta de la elección presidencial, Iván Duque, candidato de la coalición de derecha Centro Democrático —liderada por el expresidente Álvaro Uribe—, obtuvo una amplia victoria y será el presidente de Colombia para los próximos cuatro años. La expectativa de Duque es promover cambios en el acuerdo con el que se desmovilizó la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Gustavo Petro, quien lideró el movimiento Colombia Humana, obtuvo una votación histórica para la izquierda: el 41,81 por ciento y más de ocho millones de votos que expresan no solo una opción antisistema, sino también el rechazo al uribismo y el temor a que Duque ponga en riesgo los significativos avances en la conclusión de las más de cinco décadas de enfrentamientos con las Farc.

Para tener un gobierno exitoso, Iván Duque debe disminuir la polarización para abrir el camino a un diálogo democrático que estuvo ausente en los últimos años y ampliar el apoyo a las políticas gubernamentales que durante los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos carecieron de apoyo popular. La prueba más clara fue el triunfo del no en el plebiscito de octubre de 2016 sobre el desarme de las Farc.

Duque ha ofrecido construir lo que llama un “pacto por Colombia”, a partir de un diálogo que serviría para conformar una nueva coalición de gobierno que incluiría a los partidos Liberal Colombiano, el Conservador Colombiano y el de la Unidad que apoyaron al gobierno saliente, del que Duque fue un tenaz opositor, pero también a sectores sociales y políticos que podrían ayudar a hacer sostenible “la paz” que logró Santos.

La elección del nuevo presidente ocurre en medio de un gran descontento con el gobierno saliente pero al mismo tiempo, paradójicamente, no generar grandes expectativas de mejoría y más bien temores de retrocesos. Los sectores progresistas de Colombia temen no solo el regreso de la guerra, sino también un retroceso en los derechos de las minorías como la comunidad LGBTI.

Los grupos religiosos —católicos y no— que promovieron el voto por el no en el plebiscito y apoyaron con firmeza a Duque, podrían tratar de imponer una agenda conservadora. El nuevo presidente, sin embargo, tiene convicciones liberales y no parece que vaya a agenciar las peticiones de esos sectores.

Duque es un joven de 41 años, sin experiencia administrativa y muy pocos años en la política que se convirtió en presidente por el impulso que le dio la sombra de su promotor y protector, Álvaro Uribe. Ese fue su catalizador, pero también le generó rechazo entre un sector de la población que asocia al expresidente con una suerte de deterioro de la democracia y con abusos de los que ha sido acusado desde hace décadas sin que hasta ahora haya recibido condena judicial alguna.

El regreso del uribismo al gobierno también inspira temores a que la injerencia del ejecutivo ponga en riesgo la autonomía de los otros poderes públicos, por ejemplo la independencia judicial, como ocurrió en el segundo periodo de gobierno de Uribe.

En el mismo sentido se mencionan las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el mandato de Uribe, en el marco de la guerra contra las guerrillas y que se expresaron en miles de asesinatos denominados “falsos positivos”, cometidos por agentes estatales, y la connivencia de oficiales de las fuerzas armadas con grupos paramilitares.

No se prevén, por otro lado, cambios importantes en las políticas económicas. Duque comparte la orientación económica que ha habido en Colombia desde hace décadas, etiquetada en general como neoliberal. Promoverá incentivos tributarios para los empresarios y una fuerte participación privada en la prestación y provisión de bienes y servicios públicos.

El otro gran desafío de Duque es su postura contra la corrupción, pues esta ha hecho temblar los cimientos del sistema político colombiano, como en casi toda América Latina. A Duque lo apoyaron en la segunda vuelta casi todos los partidos políticos que son asociados por la ciudadanía con malas prácticas políticas y que fueron rechazados desde la primera vuelta presidencial a través del voto a Gustavo Petro, pero especialmente mediante el apoyo a Sergio Fajardo, el candidato de centro que estuvo a punto de estar en la boleta. Interpretar ese rechazo será una tarea urgente, acaso por ello, en su primera declaración después del triunfo, Duque advirtió que la lucha contra la corrupción será una prioridad.

Tras bastidores se mueven dos grandes riesgos que, de ocurrir, podrían sacar de su línea a Duque: la situación judicial del actual senador y expresidente Uribe, líder del Centro Democrático, y la actitud del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el otro grupo guerrillero con el que no se ha logrado acordar un desarme.

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia en alguno de los más de veinte procesos en curso contra Uribe generaría tal tensión política que se podría convertir en un gran obstáculo para Duque. También, una arremetida terrorista del ELN, como respuesta a las duras condiciones que el presidente electo ha dicho que les impondrá para dialogar, generaría la percepción de retroceso y correría el riesgo de debilitar el apoyo ciudadano al nuevo gobierno.

Si Duque cumple con promover el diálogo y construir un pacto político, podría disipar muchos de los temores e incluso construir los consensos que no logró Santos sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Si, en cambio, la situación judicial de Uribe se complica, podría llevar a Duque a tener que escoger entre la lealtad con el expresidente o el éxito de su gobierno.

Héctor Riveros Serrato es director del Instituto de Pensamiento Liberal y columnista del medio de análisis político La Silla Vacía.