Una aberración política y legal forzada por el Gobierno

Por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, presidente de Unedisa y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO (EL MUNDO, 07/05/07):

La actuación emprendida por el Gobierno según el llamado proceso de paz en el País Vasco, está conociendo en estos días, con motivo de las elecciones del próximo día 27, su más absoluta descalificación, tanto en el terreno político como en el jurídico. Comenzando por el primero, es claro que lo que está sucediendo sólo se puede explicar porque el Gobierno o bien ha pactado con ETA-Batasuna unas condiciones que desconocemos la casi totalidad de los españoles o bien porque, haya sido o no así, está sometido a un chantaje permanente por parte de la organización terrorista. En cualquiera de los dos casos se trata de una aberración política, con incalculables consecuencias, según vamos a ver.

Si, como se dice con frecuencia, todo lo que está sucediendo es el resultado de un pacto secreto entre el Gobierno, apoyado por sus socios, y ETA-Batasuna, a fin de conseguir acabar con la violencia en Euskadi, se ha escogido un camino equivocado. Por un lado, porque se trata de un pacto desigual en el que una parte, el Gobierno, está dispuesto a ceder en algunas cosas, mientras que la otra, ETA-Batasuna, no se apea nunca de su triple reivindicación: autodeterminación, territorialidad y amnistía, tres conceptos que no caben en nuestra Constitución y que, por tanto, invalida todo acuerdo. Pero eso no impide, además, que vayan exigiendo otras medidas coyunturales a las que el Gobierno sí parece que suele acceder, como sucede actualmente con las listas de ANV o de coaliciones de electores, mediatizadas por ETA-Batasuna, con vistas a las elecciones locales. Por otro lado, el Gobierno también se ha equivocado plenamente porque no cabe conseguir el objetivo que dice desear si excluye al PP, que representa, más o menos, la mitad del electorado español, y que no está dispuesto a aceptar ninguna reivindicación mientras que no entreguen las armas. Sin embargo, el Gobierno debería ser consciente asimismo de que con su política pactista no sólo ha marginado al PP, sino que incluso cada vez son más los propios miembros de su partido los que no logran comprender cómo se sigue haciendo el caldo gordo a los terroristas con decisiones que son contraproducentes. Tensión que será difícil de controlar, sobre todo a partir de las elecciones próximas.

Pero si aceptamos que no ha habido ningún pacto entre el Gobierno y ETA-Bastasuna, la única manera de explicar el comportamiento del Gobierno en estos últimos meses es a causa de un chantaje permanente del partido ilegalizado de los terroristas. Como han demostrado con el atentado de Barajas, que costó dos muertos, con la acentuación de la kale borroca, que se ha cobrado uno, y con la extorsión a los empresarios, ETA sigue viva y actuando con el uso de la violencia. Sin ir más allá, no cabe explicar el tratamiento especial que está recibiendo De Juana Chaos, o el que se ha dispensado también a Otegi, líder de un partido ilegalizado, si es que no ha habido un pacto o, en su caso, un chantaje. Chantaje que también se ha empleado para exigir al Gobierno que ETA-Batasuna tenía que «volver» a los ayuntamientos, a través de listas camufladas que el Gobierno debería respetar al menos en parte, del mismo modo que ya se logró la participación en las elecciones al Parlamento vasco del Partido Comunista de las Tierras Vascas, un submarino de Batasuna, como ha quedado ya confirmado por las últimas averiguaciones aparecidas en este periódico.

En definitiva, tanto si ha habido un pacto, como si no lo ha habido, y se trata únicamente de un chantaje, estamos ante una aberración política que no se puede permitir en una democracia. Como señaló el gran sociólogo alemán Max Weber, una de las características principales del Estado, reside en que es el único sujeto que goza del monopolio de la violencia o de la fuerza física, que en un Estado de Derecho sólo debe ejercerse de acuerdo con las leyes y de forma legítima. En consecuencia, tanto el pacto como el chantaje vienen a demostrar que se está reconociendo tácitamente que ETA-Batasuna, posee también una parcela de violencia física que utiliza ilegalmente en contra del Estado y de los ciudadanos. Por tanto, llegar a acuerdos o ceder al chantaje de esta banda de terroristas es socavar gravemente las bases del Estado de Derecho, porque lo que legitima a una democracia constitucional como la nuestra es que se pueden permitir todas las ideas, incluso aquellas que quieren cambiar las reglas de juego o acabar con la democracia, pero siempre bajo una condición: que no se utilice la violencia para defenderlas.

Por eso, ante las dos decisiones de la Sala especial del Tribunal Supremo que se conocieron ayer, sobre las listas presumiblemente contaminadas por ETA-Batasuna, no hay más remedio que decir que se trata también de una aberración jurídica. Pero, en este caso, el Tribunal Supremo no es el causante de semejante aberración o, al menos, lo es sólo en una ínfima parte, puesto que lo grave de la situación es que a partir de ahora la Ley de Partidos Políticos ya no es una ley plenamente vigente, puesto que el Gobierno, que es el sujeto legitimado para exigir su ejecución ante los jueces no ha querido aplicarla. Esta ley aprobada en el año 2002 nació para corregir una situación inaudita en una democracia: la sorprendente permisividad de los poderes públicos ante un partido político vinculado con los terroristas de ETA, que desde hacía años se servía de la insuficiente legalidad existente, combinando a la par la violencia y las instituciones democráticas para conseguir sus fines y gozar al mismo tiempo de una amplia subvención estatal. No creo que haya existido una situación parecida en ningún lugar del mundo, por lo que, al fin, nuestros gobernantes aprobaron esta ley para acabar con semejante aberrante situación.

Ahora bien, a pesar de las necedades que se puedan decir, esta ley no recorta los derechos de los ciudadanos, sino que refuerza los de la inmensa mayoría de ellos. En primer lugar, porque a diferencia de otros ordenamientos surge con la idea de que cualquier objetivo es compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, comenzando por el de la vida. Y, en segundo lugar, no menoscaba ni los derechos de participación de los elegibles, porque son ellos los que se excluyen si no rechazan la violencia, ni los de sus eventuales electores porque pueden votar a otras formaciones políticas con los mismos objetivos, pero que, en cambio, aceptan la legalidad y condenan la violencia como medio para conseguirla. No creo que ningún demócrata pueda poner en duda estos axiomas.

Pues bien, de las dos resoluciones del Tribunal Supremo, la primera en forma de sentencia, siguiendo lo que señala el artículo 44.4 de la LOREG, que se refiere a las agrupaciones de electores que «vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal o suspendido», ha decretado la nulidad de todas las candidaturas de AS, aportando las pruebas de que no eran más que meras sucursales de Batasuna. Pero advierte que no se elimina con carácter absoluto el derecho pasivo de los miembros de esas agrupaciones, sino que únicamente «impide que lo disfruten en unión de quienes con su concurso puedan dar fundamento razonable a la convicción judicial de que se está ante un concierto de voluntades para la elusión fraudulenta de las consecuencias jurídicas de la disolución de un partido político». Nada pues que objetar a esta sentencia que se atiene a lo que señala la Ley de Régimen Electoral General, respondiendo a la impugnación realizada por el fiscal general y el abogado del Estado.

Más discutible es el auto por el que el Tribunal Supremo ha anulado 133 listas de ANV, hasta el punto de que podemos señalar que se trata de una aberración jurídica. En este caso, el Gobierno ha querido eludir la Ley de Partidos Políticos y, en lugar de pedir la anulación de todas las listas que se han presentado con estas siglas, según lo que establecen sus artículos 9.4 y 12.1.b, ha optado porque se aplique la LOREG en un supuesto que desde luego no contempla. De esta manera, ha sido el Gobierno el que ha dejado fuera de su impugnación a 143 listas de ANV, las cuales no han sido tenidas en cuenta por la Sala del Supremo y, por tanto, pueden concurrir libremente a las elecciones. Cierto que el Tribunal Supremo podría haber optado por aplicar la sentencia de 2003 en que dictaminó la disolución de Batasuna, al considerar que se trata de un fraude de ley previsto en la Ley de Partido Políticos, puesto que es el mismo partido, pero con otro nombre. Sin embargo, da la impresión de que se han impuesto los magistrados favorables a las tesis del Gobierno respecto a legalizar una parte de Batasuna, alegando que sólo se han impugnado 113 listas de las 256 presentadas. Es más: parece que en el auto el Tribunal reprende al Gobierno por no haber instado a la ilegalización del partido disfraz de Batasuna. Sea lo que fuere: el estropicio ya se ha hecho y nos encontramos con que el partido político ANV ha sido considerado ilegal a medias, lo cual equivale a decir que una joven está medio embarazada. Batasuna ha conseguido en parte sus objetivos: estará en las instituciones locales, además de estar también ya en el Parlamento vasco, y podrá percibir unos sueldos oficiales que servirán para seguir sufragando las actividades ilegales de ETA. Cuando el secretario general del PSOE, después del atentado de Barajas, dijo que los de ETA-Batasuna tenían que elegir entre armas o votos, éstos ya han hecho su elección: armas y votos. El Gobierno, por tanto, puede estar contento.