Desde hace poco más de cuatro décadas, Iberoamérica ha vivido una expansión de sus sistemas democráticos como nunca en su historia. A lo largo de estos años, nos hemos esforzado por consolidar elecciones periódicas, libres y justas: piedra angular de un régimen democrático. Más aún, hemos comprendido que la democracia es el modo de vida de una sociedad que aspira a vivir cohesionada, a través de los principios de inclusión, igualdad, libertad, paridad y universalidad. Un mecanismo de convivencia social a través del diálogo y el debate entre diferentes, que permita resolver las discrepancias que habitan en nuestras sociedades complejas, plurales y multiétnicas.
Que las democracias mutan está implícito en esa noción, puesto que las demandas, las dinámicas, factores y los contextos en los que discurrimos son cambiantes. Vivimos en una era disruptiva que requiere una comprensión integral e interdisciplinar de los nuevos retos y dilemas derivados de las variadas transiciones y cambios en marcha. Desde la transformación tecnológica y digital, la revolución del conocimiento, la transformación geopolítica, los cambios derivados de la incorporación de las mujeres al mercado laboral y a la vida política, y, sin duda, las transformaciones de la transición ecológica.
Ante las consecuencias de estas transformaciones resulta, más necesario que nunca, resolver la falta de convergencia entre hechos y valores. Debemos preguntarnos hasta qué punto estamos asistiendo a una realización de los valores e ideales democráticos que nos hemos propuesto. Y cómo resolvemos el conflicto entre la aspiración y la calidad real de la democracia que obtenemos y que percibimos. No es una tarea fácil. Sobre todo, ante la oscuridad desafiante de fenómenos de desinformación que amenazan nuestras democracias, influyendo en la opinión pública, generando emociones polarizadas y creencias más allá de las evidencias científicas que engañan o desvirtúan la realidad.
Todas esas transformaciones impactan en nuestras sociedades, aunque no lo hacen por igual en las mujeres o en los hombres, en poblaciones rurales o urbanas, en las poblaciones afrodescendientes e indígenas, o según su formación profesional, su situación laboral o económica. Las instituciones tenemos el deber de escuchar las demandas de una ciudadanía plural y diversa, así como de articular respuestas que sigan construyendo el contrato social entre ciudadanas y ciudadanos iberoamericanos.
Tras la crisis de 2008 y recientemente con la pandemia, se ha hecho aún más evidente que necesitamos refundar un pacto social para todos que garantice que nuestras democracias sean de calidad y funcionen para proveer satisfactoriamente los bienes públicos que demandan las sociedades. Por eso hoy es indispensable dotarlas de nuevos contenidos, con políticas públicas efectivas y con un adecuado nivel de consenso y legitimidad, a la vez que construimos una ciudadanía empoderada, responsable y participativa, y garantizamos una gestión gubernamental moderna, competente y responsable.
Así, en el proceso actual de mutación de nuestras democracias, nos enfrentamos a tres desafíos. En primer lugar, asistimos a una opinión pública que oscila entre expectativas y desencantos. Tras regímenes autoritarios de larga duración, la sociedad tiende a crear grandes expectativas de cambios políticos y económicos que, sin embargo, no siempre se alcanzan, en el corto o mediano plazo, generando frustraciones. El riesgo, a menudo, está en el regreso de formas políticas que se creían superadas. Ante ello, conocemos las recetas: la pedagogía continuada en valores y la educación para la ciudadanía.
En segundo lugar, la democracia no conlleva por sí misma un mejoramiento automático en las condiciones de vida, la inclusión y la equidad de la población, inaplazable, por cierto, en una región marcada por la inequidad social y económica. En esta era cambiante, los gobiernos deben realizar ajustes sociales y económicos, adoptando políticas públicas. Evitar que esos ajustes perjudiquen a los más vulnerables, y beneficien, una vez más, a los más ricos, a la vez que los gobiernos asumen los costos electorales, sociales y políticos, que requieren los períodos de transición y la ejecución de las reformas, son tareas complejas pero necesarias. Con frecuencia, como consecuencia de esos ajustes, se lesiona la percepción de la democracia. De nuevo, la pedagogía, es fundamental.
En tercer lugar, la creciente debilidad de los partidos y la polarización acerca del tipo de relación más adecuado entre los poderes del Estado producen la atomización de las opciones electorales, la endogamia política, la falta de una visión nacional, de Estado, regional o global. En suma, se desencadena una situación difícil para la construcción de acuerdos esenciales para una consolidación democrática plural y tolerante, así como para un buen desarrollo social y económico compartido.
Toda esta combinación de retos probablemente explique por qué los ciudadanos de la región, de cualquier orientación política, experimenten una sensación de desencanto, en medio de una delicada situación de polarización, con un incremento del populismo y el desdén.
Iberoamérica tendrá que repensar y reinventar su democracia porque en el futuro será distinta. Por un lado, el mundo vive aceleradamente la transición de una política de ideologías, clases e intereses, a otra de causas —derechos humanos, feminismo, medio ambiente, memoria democrática, educación de calidad, derechos LGTBI, derechos de los animales, principios bioéticos— e identidades múltiples (etnia, lengua, sexo, religión, cultura y sentido de pertenencia). Hace tiempo que sabemos que los sistemas tradicionales de mediación política han perdido vigencia, pero lo cierto es que aún no sabemos los riesgos de otros sistemas que vendrán marcados por otros elementos como el uso y acceso de nuevas tecnologías, por ejemplo.
La vocación de todos los que trabajamos con los países iberoamericanos, como es el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos, es contribuir a defender la democracia, promoviendo la tolerancia y el pluralismo, la justicia y la cohesión social. Solo en sociedades democráticas pueden los ciudadanos desarrollarse en plenitud, con el disfrute total de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales: nuestra agenda común.
Mariano Jabonero es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) e Irune Aguirrezabal es directora del Programa iberoamericano de derechos humanos, democracia e igualdad de la OEI.