Una alternativa para Venezuela: la Corte Penal Internacional

 En mayo de 2018, antes de las elecciones presidenciales en las que ganó Nicolás Maduro, se organizaron manifestaciones en contra del mandatario venezolano. Credit Marco Bello/Reuters
En mayo de 2018, antes de las elecciones presidenciales en las que ganó Nicolás Maduro, se organizaron manifestaciones en contra del mandatario venezolano. Credit Marco Bello/Reuters

Hoy se espera que, durante un intermedio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cinco gobiernos latinoamericanos hagan historia: Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay solicitarán a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta acción multinacional podría brindarle a Venezuela la oportunidad de frenar de manera diplomática la represión y persecución de la oposición del régimen de Nicolás Maduro.

Desde el establecimiento de la CPI, en 2002, nunca un Estado había pedido la intervención del tribunal internacional en otro país. Por este motivo, el plan de Argentina y la adhesión de cuatro gobiernos más es novedoso y representa un hito en el derecho internacional.

Aunque la petición colectiva a la Corte no es un mecanismo para imponer una transición democrática, sí es una manera potencialmente efectiva de obligar al régimen venezolano a detener el exceso de violencia, que, según el informe del panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha derivado en al menos 8292 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 casos de detenciones arbitrarias desde 2015, entre otros crímenes. Este informe, publicado en mayo, advirtió que hay “fundamento suficiente” para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Esta maniobra jurídica echaría a andar un cambio aparentemente menor, pero de vital importancia: si la CPI quisiera abrir una investigación hoy —a partir de la información que ha recibido por parte de la OEA y de actores de la sociedad civil— la fiscala del tribunal, Fatou Bensouda, tendría que solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares; un proceso complejo. Pero con una remisión iniciada por países miembros del tribunal, Bensouda podría iniciar la investigación formal sin la necesidad de esta autorización judicial, acelerando el proceso. En el caso de Venezuela es importante: no hay tiempo que perder.

La remisión colectiva también podría ser determinante desde una perspectiva política: funcionaría tanto como un mensaje ineludible de la urgencia de la intervención de la CPI  en Venezuela y también le demostraría al órgano que cuenta con un apoyo regional sólido para hacerlo.

Desde hace años, miembros de la sociedad civil venezolana —incluyendo líderes opositores, activistas y organizaciones de derechos humanos— han documentado los crímenes en su país ante distintas instancias internacionales y no han dejado de pedir a la CPI que abra una investigación en Venezuela. Ese reclamo no había sido escuchado hasta que, en febrero de este año, la fiscala Bensouda anunció la apertura de un examen preliminar. En esta instancia, la Fiscalía determina si existe fundamento para proceder a una investigación formal. Con la remisión multinacional, el examen preliminar podría transformarse en esa investigación.

La CPI es el primer tribunal penal internacional permanente y tiene jurisdicción para investigar y castigar a los máximos responsables de delitos internacionales, incluyendo crímenes contra los derechos humanos. Después de abrir una investigación, la CPI puede emitir órdenes de captura internacional contra los individuos sobre los que exista “motivo razonable” para creer que hayan cometido un crimen internacional y juzgarlos en La Haya. Esto incluye a jefes de Estado, como Nicolás Maduro. Las personas declaradas culpables en juicio pueden ser condenadas a reclusión por hasta treinta años y, en casos excepcionales, a reclusión perpetua.

Venezuela, sin embargo, dispondría de un único recurso para impedir la intervención directa de la CPI: que los delitos se investiguen y sancionen localmente, a través de sus propias instituciones judiciales. Si el gobierno venezolano se niega a investigar los crímenes y a los presuntos responsables, el mandatario y sus funcionarios podrían ser arrestados, juzgados e incluso condenados en La Haya. En este sentido, la petición de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú para que el tribunal abra la investigación opera como un ultimátum a Maduro.

No es difícil advertir que los países que han decidido poner en marcha esta denuncia son algunos de los más afectados por la crisis de derechos humanos en Venezuela: Colombia y Perú, por ejemplo, son dos de las naciones que más refugiados venezolanos reciben por el éxodo masivo de quienes huyen de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas o por razones políticas.

En días en los que se ha discutido la viabilidad de una intervención militar para derrocar a Maduro, es indispensable insistir en la importancia de encontrar vías políticas y jurídicas para poner fin a los crímenes de lesa humanidad. La petición conjunta a la CPI puede ser una de las más efectivas.

Por mucho tiempo los gobiernos de la región guardaron silencio sobre lo que ocurre en el país sudamericano. Pero no más: la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela justifica esta estrategia e incluso la hace más urgente.

Si se oficializa la remisión y la investigación en La Haya tiene éxito, América Latina tendría una nueva maniobra de acción colectiva y pacífica para enfrentar futuras crisis humanitarias y la comunidad internacional tendrá una nueva vía para responder a los crímenes cometidos por Estados represores en todo el mundo.

Por ello, los distintos actores de la sociedad civil venezolana deben respaldar a la CPI y continuar recolectando y enviando información que pruebe la comisión de crímenes. Y el resto de los países de América Latina —una región donde los crímenes de lesa humanidad han trascendido gobiernos y fronteras ideológicas— tendría que apoyar esta alternativa y unirse a la demanda para que el tribunal haga una investigación transparente y minuciosa en una de las crisis humanitarias más apremiantes de la historia reciente latinoamericana.

La Corte, por su parte, tiene una oportunidad histórica: mostrar que es un organismo que puede forjar un cambio efectivo y llevar justicia a los lugares en donde más se necesita, como Venezuela.

Francisco José Quintana es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires y Rodrigo Diamanti es Research Fellow del Ash Center, de la Kennedy School de Harvard.

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