El pasado 29 de enero el diario El País publicó un reportaje titulado “El negocio de la sanidad privada se dispara tras los recortes en el sistema público”. El artículo describía experiencias grotescas vividas en centros públicos y las presentaba como resultado de los recortes del Gobierno del PP en 2012. La consecuencia, según el periódico, era que se había “engordado” el negocio de los operadores sanitarios privados, creciendo en un millón el número de asegurados.
Airear determinadas experiencias del sector sanitario público -excepcionales por otra parte- para atacar a la sanidad privada resulta excesivo. El deterioro del sector público no es causa, por sí solo, del crecimiento del sector sanitario privado.
Es posible que los recortes en la sanidad pública puedan contribuir a la suscripción de seguros privados, pero cabe recordar que en los años anteriores al comienzo de la crisis, cuando aún no había recortes, tanto el número de asegurados como las primas de los seguros sanitarios crecían a doble dígito.
Los diferentes estudios del sector demuestran, además, que quien elige un seguro sanitario lo hace por el alto nivel de satisfacción que encuentra en la atención, tanto desde el punto de vista de calidad asistencial como hostelero.
Por otro lado, la partida presupuestaria que España dedica a la sanidad pública es, comparada con la de los países de nuestro entorno, claramente insuficiente. Y eso ocurre gobierne el partido que gobierne. Si durante los años de la crisis y los recortes del PP se invertían cantidades superiores al 6,5% del PIB, con el actual Gobierno y los Presupuestos “más sociales de la historia” se ha previsto un escaso 6%. Se trata de una cantidad a todas luces insuficiente para cubrir la demanda que la sociedad, cada vez más envejecida y con más enfermedades crónicas, necesita.
En lo que sí acertaba el artículo en cuestión era en poner de manifiesto el riesgo de acabar desembocando en una asistencia sanitaria de dos velocidades, como vienen alertando los expertos. Es más, lo que era una amenaza se ha transformado ya, a mi juicio, en una realidad.
Pasa lo mismo que con el manido concepto de la sostenibilidad del sistema sanitario, que viene esgrimiéndose desde los años 90 y que ha perdido todo su sentido: la sanidad actual, con el modelo legislativo que le da cobertura, no es que no sea sostenible para las generaciones futuras, es que es inviable para las presentes.
Hoy ya no tiene sentido hablar de hacer reformas para conseguir un sistema sostenible, pues lo que se dilucida es, sencillamente, su viabilidad. A los hechos hay que remitirse: hay desigualdades en la cartera de servicios y en el acceso a la innovación tecnológica en función de donde resida cada uno.
Hoy, el sistema sanitario público, que está caracterizado por la falta de competitividad y transparencia -en resultados económicos y sanitarios-, y por la ausencia de coordinación y de sinergias operativas, es imposible que compita en inversiones con el sector sanitario privado. Y eso nada tiene que ver con los recortes producidos durante la crisis económica.
Si bien hace 20 o 30 años la tecnología no era determinante en la oferta de calidad asistencial, en la actualidad es un elemento crítico, y sólo hace falta echar un vistazo a la provisión pública y privada para saber dónde está hoy la innovación tecnológica.
La cirugía robótica, las últimas técnicas para el tratamiento del cáncer o las pruebas diagnósticas más disruptivas están en un sector sanitario privado que ha entendido que para que a los ciudadanos les mereciera pagar una póliza, su principal objetivo tenía que ser competir en calidad y servicios con el sector público. Por eso vemos cómo en los grandes centros privados de España no sólo hay innovación tecnológica, sino que han empezado a proliferar las acreditaciones universitarias o los proyectos de investigación con la misma intensidad que en el sector público.
Los llamados defensores de la sanidad pública siguen pensando que la mejor manera de protegerlo es marginar al sector privado. Es un error que llevamos 10 años advirtiendo desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Abogamos por la existencia de un sistema sanitario fuerte para todos los españoles. Aislar al sector privado, no tratar de competir con él en la gestión y quedarse sentado a esperar a que los pacientes lleguen sin invertir en la oferta tecnológica que pone a disposición el mercado, sólo aumentará la distancia entre la sanidad privada y la pública.
Posiblemente el sector público ya ha perdido la carrera tecnológica, porque con el porcentaje del PIB que le dedica va a resultarle imposible ponerse al día. La única forma de poner a disposición de la población todos los recursos del sistema, para que quienes no pueden contratar un seguro privado no queden fuera de las ventajas tecnológicas, es formalizar acuerdos entre el sector público y el privado.
Los cambios rapidísimos que vive la sanidad, y que van desde la digitalización a la biotecnología o la infotecnología, hacen necesario fomentar esa colaboración público-privada. De otra forma, en los próximos 10 años se abrirá tal diferencia entre la asistencia sanitaria pública y la privada, que el problema ya no será una cuestión de velocidades, sino de dimensiones. Ahí queda dicho.
Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.