Tres años y 32 días después de que Jimmy Parajón fue asesinado por el disparo de un francotirador que perforó el costado izquierdo de su tórax, muy cerca del corazón, su hermano menor recibió otra estocada en forma de sentencia penal. La justicia de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró a Yader Parajón culpable por el delito prefabricado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” la noche del martes 1, cuando iniciaron los juicios políticos contra los 47 detenidos a partir de junio de 2021, en una escalada represiva que blindó la perpetuación en el poder de la pareja presidencial de Nicaragua.
Yader fue juzgado en un solo día junto al opositor Yaser Vado González en El Chipote, la cárcel donde están encerrados y son sometidos a torturas. La de ambos fue la primera audiencia contra los presos políticos que serán juzgados diariamente hasta el 24 de febrero bajo la inequívoca impartición de una justicia totalitaria: a puertas cerradas en la prisión, sin que sus familiares puedan ingresar, con los abogados defensores incomunicados y rodeados por una cantidad desproporcionada de policías de la Dirección de Operaciones Especiales, mejor conocidos como antimotines.
Defensores de derechos humanos dan por sentado que esta será la tónica de estos juicios sin garantías procesales, plagados de vicios de origen, cuyas condenas ya habían sido adelantadas por un comunicado de la Fiscalía emitido el lunes. El documento anunció la reactivación de juicios contra estos “criminales y delincuentes”. Es decir que sin haber estado frente a un juez, el Ministerio Públicp obediente a la pareja presidencial arrolló la presunción de inocencia, cosa menor para una dictadura que ha instrumentalizado los tribunales para criminalizar a sus críticos y fraguar impunidad.
Estos nuevos juicios políticos en Nicaragua, como bien dice la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, son “farsas y montajes”. El doble rasero del Poder Judicial quedó en evidencia entre 2018 y 2019, cuando tras desarticular las protestas con violencia letal, el gobierno comenzó a perseguir a manifestantes y líderes sociales. Hubo una primera oleada de más de 1,000 presos políticos. La justicia orteguista impuso a 515 opositores cargos judiciales, y al menos a 276 se les acusó por el grave cargo de terrorismo.
Sin embargo, de los 355 asesinatos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo se judicializaron 22 casos. 18 de ellos eran policías o simpatizantes del gobierno. En cambio, para los ciudadanos ejecutados por órdenes del régimen no hay causas abiertas. Casos impunes como el de Jimmy Parajón. 333 ejecuciones extrajudiciales a las que Ortega les impuso una lápida de olvido con la propuesta de “borrón y cuenta nueva” que planteó el pasado 10 de enero, cuando tomó posesión para un cuarto mandato consecutivo, tras haber apresado a toda la competencia opositora que hoy está juzgando.
Aunque familiares de las y los presos políticos han exigido de una y mil formas liberación y clemencia, el desarrollo de estos juicios solo depara más sufrimiento.
Es remotamente improbable que haya declaraciones de inocencia, sobre todo para los reos de conciencia ligados a sectores que, desde antes de 2018, venían denunciando la concentración de poder del régimen, el maridaje con el sector privado y que enarbolan un discurso de justicia, cero impunidad y democracia genuina. Ellos son, para la pareja presidencial, los principales “golpistas”.
Hace un año, el exmagistrado de justicia Rafael ‘Payo’ Solís (socio clave de Ortega antes de desertar en 2019) dio declaraciones que hoy vuelven a ser de mal augurio para los presos políticos: “Los jueces cumplen con una pantomima que se orquesta desde El Carmen (residencia de Ortega y Murillo)".
Desde su exilio en Costa Rica, el exfuncionario aseguró que los mandatarios llaman a los magistrados con la orden de condenar a los opositores. Los magistrados instruyen a su vez a los jueces. Es una cadena muy eficaz que otra vez está en funcionamiento. “Me reuní con ellos (la pareja gobernante), cuando me decían ‘Payo tenés que ver estos casos, que salgan condenados’. Entonces, yo les decía que iba a llamar por teléfono al juez y citarlos en mi oficina”, relató el antiguo operador sandinista. No hay forma de alegar jurisprudencia ante un sistema viciado y podrido.
Por eso pienso en la familia Parajón mientras escribo esta noche de martes, al enterarme que la audiencia realizada en 11 horas consecutivas fechó de manera exprés la lectura de la condena de Yader para este viernes 4. Condenas ejemplificantes como las de la Gran Purga Estalinista, con acusados molidos por las torturas y los golpes. Justicia gestada en el caldo de cultivo de la perversidad Ortega-Murillo. Juicios que únicamente cuentan con policías y simpatizantes sandinistas como testigos. Pruebas cero fehacientes como capturas de pantallas diseñadas en photoshop de manera muy torpe. Procesos en que los abogados defensores no pueden visitar a sus defendidos, y cuyos legajos acusatorios ni siquiera son cargados en el sistema judicial.
Las condenas no las decidirán ni los fiscales que prefabrican los casos ni los jueces que montan una tétrica puesta en escena, sino la pareja presidencial que culpabiliza con delitos que ellos mismos diseñaron: “conspiración”, “menoscabo”, “traición a la patria”, “ciberdelitos” y “lavado de dinero”. Todos cometidos contra “el pueblo” y la “Patria”, es decir ellos, los gobernantes divinos.
Pienso en la familia Parajón porque el régimen Ortega-Murillo la ha matado dos veces: primero con una bala y ahora con una sentencia espuria por la que la fiscalía pide una condena de diez años de prisión contra Yader… o en palabras del padre de los hermanos: “Me mataron a uno y ahora me tienen al otro enjaulado”. El uno asesinado y el otro sentenciado son el mejor retrato de un régimen sádico, dispuesto a todo por mantenerse en el poder, en franco desafío a la comunidad internacional mientras se acuna en Rusia, Irán y China. Matar y después juzgar es parte del protocolo sandinista.
Wilfredo Miranda Aburto es periodista nicaragüense. Es cofundador de ‘Divergentes’ y colaborador en ‘El País’, ‘Univision’ y ‘The Guardian’.