El pluralismo en todas sus manifestaciones parece ser el trasfondo básico de nuestro tiempo. El penúltimo ejemplo de reconocimiento del pluralismo cultural, étnico y jurídico se ha llevado a cabo en la redacción del nuevo texto constitucional de Bolivia, aprobado por una escasa mayoría el pasado 9 de diciembre en la ciudad de Oruro y que deberá ser ratificado definitivamente en consulta popular prevista para abril del 2008.
En todo reconocimiento jurídico y político del pluralismo se incurre en el error de concebirlo como un valor en sí mismo, cuando en realidad de lo que se trata es de reconocer y aceptar un contexto en el que coexisten simultáneamente varias y diferentes culturas o varios y diferentes modos de concebir el mundo. Es decir, elevar a rango constitucional una situación de hecho: la vigencia de varios sistemas normativos que coexisten en un mismo tiempo y lugar. Por ello, el reconocimiento es un paso necesario, pero no suficiente. Porque lo decisivo está en establecer mecanismos adecuados para gestionar los diferentes contextos de pluralismo y sus inevitables conflictos, capaces de satisfacer a todas las partes implicadas.
El contexto actual en Bolivia es particularmente complejo e implica sentar las bases de una nueva convivencia: la "refundación" de Bolivia. Con una población indí- gena que representa más o menos dos tercios de la población total, Bolivia cuenta además con un 60% de población --sobre un total de apenas 8,5 millones de habitantes-- que vive por debajo del umbral de la pobreza y que mayoritariamente es indígena. Por otra parte, el reconocimiento formal del pluralismo cultural y étnico implica el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, recientemente reconocidos en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre de 2007, que abarcan no solo el derecho a su lengua y cultura, a sus prácticas sociales y religiosas, a sus prácticas medicinales, a su relación con la tierra y la propiedad, sino también a sus normas de convivencia y de sus mecanismos de resolución de conflictos. Desde el punto de vista jurídico y político, el reto está en cómo articular un nuevo sistema policéntrico de fuentes de producción jurídica compatible con los principios del Estado de derecho y con el principio de la legalidad. Está por determinar cómo se van a solucionar los conflictos de internormatividad, es decir, los casos en los que varios sistemas normativos entran en conflicto sobre una misma materia, así como los conflictos de jurisdicción en los casos en los que se reconoce la justicia comunitaria.
Ahora bien, desde un punto de vista político y social, el conflicto se está planteando en términos clasistas, entre los ricos, terratenientes criollos o blancos que se oponen a la reforma constitucional y a la reforma agraria, y los pobres, mayoritariamente indígenas y tradicionalmente excluidos del reparto de las riquezas naturales y de la distribución del poder social. Los primeros abogan ahora por la defensa de una legislación neoliberal en lo económico y lo social y homogénea en lo cultural. La misma legislación que durante siglos ha mantenido al 60% de la población de Bolivia en la exclusión social y cultural y en la pobreza económica, al margen del respeto a los derechos humanos que ellos ahora tanto invocan.
Los segundos reivindican el reconocimiento y el respeto a sus derechos como individuos y como pueblo: sus derechos lingüísticos, su identidad cultural y religiosa y, sobretodo, reivindican su derecho a participar en pie de igualdad en el reparto de las riquezas naturales del país y en la toma de decisiones políticas y jurídicas. Es decir, reivindican a la vez su derecho a la igualdad y su derecho a la diferencia, en base a los mismos principios democráticos que antes les habían negado ambos derechos.
La igualdad puede y debe admitir las diferencias que identifican a los seres humanos, pero nunca debería admitir desigualdades entre ellos. Los pueblos indígenas quieren ser iguales en el acceso al reparto del poder social y económico, a la vez que esperan que se respeten las diferencias culturales que los caracterizan como tales y sus propios espacios de poder social. Defienden su identidad y su diferencia, porque sienten y han sentido durante siglos que corre peligro de ser desnaturalizada o descaracterizada. Pero también defienden su acceso a la universalidad de la igualdad, cuando esta les ha sido negada históricamente en razón precisamente de su identidad étnica, cultural o religiosa.
El nuevo texto constitucional boliviano, con algunas incoherencias, otras contradicciones y no menos precipitaciones léxicas, pretende conseguir ese delicado equilibrio entre la igualdad y la diferencia, en un país donde ni la una ni la otra han sido debidamente salvaguardadas hasta ahora. La lucha por el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, que ahora se plasma constitucionalmente, no debería relegar a un segundo plano las desigualdades, exclusiones y jerarquías socioeco- nómicas existentes durante siglos y que han causado la insatisfacción y el hartazgo de los indígenas bolivianos.
María José Fariñas, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y vocal asesora del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia.