Una buena política económica

Durante los pasados días ha tenido lugar un bronco debate parlamentario sobre el Estado de la Nación. Ayer jueves se publicaron los datos de la Contabilidad Nacional correspondientes al último trimestre del pasado año. Merece, por ello, que comprobemos si esos datos confirman las tesis del Gobierno o las duras críticas de la oposición. El primero y más importante de esos datos es el relativo al crecimiento real de la producción en 2014. Un 1,4% frente al -1,3% de 2013. Bien cierto es que en 2012, primer año de su mandato, el Gobierno actual soportó una caída del PIB de un -2,2%, frente al – 0,6% contabilizado por el Gobierno anterior, como consecuencia del duro programa de estabilización que tuvo que abordar casi al día siguiente de su toma de posesión, lo que merece de algún comentario.

En el año 2009 el déficit de las Administraciones públicas en su conjunto se situó por encima del 11% del PIB, magnitud que jamás se había alcanzado en nuestro país desde 1850 al menos, fecha desde la que se tienen registros apropiados de esta variable. La presión de la Unión Europea, del FMI y del Banco Central Europeo – la Troika de entonces y de hoy- obligó al presidente Zapatero, en París a principios de mayo de 2010, a comprometer un cambio radical en su política económica en un penoso episodio que él mismo calificó como «nuestro particular Pearl Harbor». Ese comprometido cambio, sin embargo, estuvo plagado de reticencias y algunas graves inexactitudes, hasta el punto de que en diciembre de 2011 se comunicó al nuevo Ejecutivo y a nuestros socios europeos que el déficit público se había reducido al 6% del PIB, cifra que, de haber sido cierta, hubiera permitido a ese nuevo Gobierno articular algunas modestas reducciones de impuestos. Pero la verdad era más dolorosa y no tardó en conocerse, concretándose el déficit público de ese año en el 9,4% del PIB, aunque sin computar todavía el fuerte peso de una formidable crisis bancaria, ya muy avanzada, que podía llevarse por delante al calificado ilusamente como «el mejor sistema financiero del mundo».

Ante ese panorama, el nuevo Gobierno tuvo que olvidar sus propuestas electorales y articular de inmediato el duro programa de estabilización que había comprometido pero no realizado el Gobierno anterior, con reducción de gastos públicos y aumento de impuestos, aparte de las reformas necesarias para abordar la crisis bancaria, pues en esos momentos sólo le quedaba el doloroso camino de un rescate completo de la economía española como alternativa a esas decisiones. Ese rescate total se evitó, pero tuvimos que aceptar un rescate limitado exclusivamente al ámbito bancario. Sus duras consecuencias son bien conocidas: reducción drástica de entidades y de créditos, junto con fuertes descensos en empleos, oficinas y activos, aunque también tuvo las muy positivas de un completo y rápido saneamiento del sistema financiero. Se trata de una historia real, olvidada esta semana por quienes la generaron por inconsciencia o incapacidad.

Las cifras de la Contabilidad Nacional publicadas ayer ofrecen un crecimiento acelerado de la producción (tasas del 0,3%; 0,5%; 0,5% y 0,7% a lo largo de los cuatro trimestres de 2014), lo que conduciría a un 2,7% anual para 2015 si se mantuviese la tasa intertrimestral del 0,7% a lo largo de todo este ejercicio. Si no ocurriese ninguna desgracia en el ámbito interior o en el panorama internacional, no resultaría muy difícil alcanzar esa meta, ya próxima al potencial de crecimiento de nuestra economía. Por su parte el déficit público se situará probablemente en 2014 en las proximidades del 4,5-4,7% del PIB, desde el 9,4% de 2011. Un descenso, conseguido gracias al sacrificio de los españoles y a la política económica del Gobierno, que ha facilitado un importante crecimiento del PIB y que se valora muy positivamente por los inversores internacionales, pasando nuestra prima de riesgo desde los más de 630 puntos de entonces a los escasos 100 de ahora.

La estructura de nuestras producciones también ha comenzado a mostrar signos esperanzadores de cambio. La agricultura y el resto de los sectores primarios han mantenido su peso en el PIB mientras que la industria, que quedó muy tocada por la crisis, lo ha comenzado a ganar. Aunque débilmente todavía, se ven ya mejoras en la oferta de nuestro sistema productivo, hasta ahora sólo impulsada por el crecimiento de los servicios y atenazada por el brusco descenso de la construcción. No es mucho aún porque esos cambios suelen ser muy lentos. Lo importante es iniciarlos, aunque el mayor cambio de nuestro modelo productivo lo ha supuesto el que ahora produzcamos un 12,5% más a precios constantes por persona empleada que en 2007, primer año de la crisis, frente a una reducción del 3,6% en los siete años anteriores. Una variación positiva de la productividad aparente de la mano de obra de 16,1 puntos de porcentaje en 14 años constituye otro signo más de que nuestra economía está comenzando a superar la crisis.

Si desde el ámbito de la oferta pasamos al de la demanda, las nuevas cifras de la Contabilidad Nacional señalan en 2014 tres acontecimientos muy positivos. Uno, que el consumo interior de los hogares presenta una tasa de crecimiento real del 2,4% frente a las tasas negativas de años anteriores. Dos, que la formación bruta de capital en bienes de equipo ha crecido fuertemente en términos reales (12,2%), arrojando ya valores positivos de crecimiento en dos ejercicios consecutivos. Tres, que las exportaciones de bienes y servicios han alcanzado una tasa de crecimiento real del 4,2%, casi repitiendo la obtenida en 2013 pese al tirón del consumo interior. Tres datos más que confirman la evidente mejora de la economía española en el pasado ejercicio.

Pero ni todo está resuelto ni era posible resolverlo en los poco más de tres años transcurridos de la actual legislatura. Lamentablemente nos queda pendiente aún el paro, aunque hemos avanzado mucho en su solución durante 2014 con la creación de 433.900 nuevos empleos. Pero tenemos todavía casi cinco millones y medio de parados por lo que, estimando un paro prácticamente inevitable de un 8%-10% de la población activa y bajo la hipótesis, muy discutible, de que esa población no aumente más en un clima de expansión económica, habría que encontrar trabajo para cuatro millones de personas, lo que llevaría a más de seis años para su absorción a un ritmo de creación de empleo de 600.000 anuales. Por eso el Gobierno ha anunciado inteligentemente una rebaja de las cotizaciones sociales para nuevos empleos indefinidos que acelerará la contratación de trabajadores acortando ese plazo. Algo así como la «devaluación fiscal» solicitada hace poco desde estas mismas páginas pero sin costes fiscales adicionales por ahora. Lo sorprendente es que la oposición no se haya implicado en esta medida.

Nos quedan pendientes, además, grandes reformas. Desde luego, cambios radicales en nuestro sistema de enseñanza. También algunos pasos más en la reforma del mercado laboral. Mayores grados de libertad para la actividad económica dentro de un marco regulatorio eficiente. Un cambio sustancial en la organización territorial de nuestros ayuntamientos y diputaciones. Un mejor sistema de financiación autonómica. Una mayor rapidez y transparencia en la administración de la Justicia. Una puesta al día de muchas de nuestras leyes. Un impulso acelerado a verdaderas tareas de investigación y desarrollo aplicables a la producción… La lista completa resultaría casi interminable, pero esas reformas impulsarían el crecimiento del PIB y del empleo.

Es evidente que no hemos terminado aún de resolver nuestros graves problemas económicos, pero la política actual se ha mostrado capaz de enfocarlos bien y de solucionarlos adecuadamente. Por eso el resto de este año y los cuatro próximos serán decisivos para que podamos discurrir por la estrecha y compleja senda del progreso. Un cambio de esa política por otra fundamentada en los erróneos principios y recetas de la anterior o en la enloquecida doctrina de ciertos movimientos populistas constituiría un tremendo error que podría conducirnos a desastres más graves e irremediables que los que ya hemos soportado.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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