Una buena reforma constitucional

De la necesidad, virtud… Al margen del oportunismo sin argumentos, nadie pone en duda que los acuerdos entre PP y PSOE expresan de forma abrumadora el principio democrático de las mayorías. Las reglas del juego son iguales para todos. El sistema español es bipartidista por voluntad reiterada e inequívoca de los ciudadanos. Puro sentido común: buscar la integración de las minorías es muy deseable; en cambio, supeditar las reformas al consenso universal supone un grave perjuicio para el interés general. Siempre, pero mucho más en tiempos de emergencia económica, gobernar es decidir. Conste, por tanto, que socialistas y populares han cumplido con su deber y que otros grupos deben reflexionar seriamente sobre las puertas abiertas para alcanzar un acuerdo. La crisis impone sus condiciones. Caras e ineficientes en época de bonanza, determinadas prácticas son sencillamente insostenibles a día de hoy. «Les mostré las espadas, las tomaron por el filo y se cortaron…», escribió Cristóbal Colón sobre los primeros nativos que encontró en el Nuevo Mundo. ¿Alguna vez aprenderemos la lección?

España necesita recuperar una confianza que los mercados escatiman. A veces se comportan de forma notoriamente injusta, pero no es cuestión de voluntarismo. Lean con atención a Charles Davenant, un ilustrado inglés del XVIII, menos conocido de lo que merece: «De todos los seres que solo existen en la mente humana ninguno es más fantástico y delicado que el crédito. Nunca hay que forzarlo. Está al arbitrio de la mera opinión. Depende de nuestras pasiones de esperanza y miedo. Muchas veces se presenta sin buscarlo, pero a menudo desaparece sin motivo». Sabia conclusión: «Una vez perdido, es difícil recuperarlo del todo». Acaso le faltó perspicacia a nuestro autor para comparar el crédito con otras pasiones humanas que también se alimentan de la «fortuna» renacentista. Pero no se trata de puro azar: el crédito se gana con medidas bien orientadas y prácticas convincentes. Entre ellas, el respeto a la ley, un mensaje reiterado con acierto por Mariano Rajoy en sus últimos discursos. Hacer la ley y permitir la trampa es un camino seguro hacia el abismo, porque nadie se dejará engañar la próxima vez… Llega, pues, la hora del Estado eficiente, dispuesto a gastar solo lo que tiene para atender únicamente a lo que debe. Consulto a los especialistas, y todos aseguran que hay un amplio margen de ahorro en gastos absurdos. Algunos ejemplos: organismos inútiles, a veces duplicados; subvenciones poco y mal justificadas; patrimonio inmobiliario del sector público, al servicio de ridiculas manías de grandeza. Por cierto que hay muchos y buenos profesionales esperando ser convocados para una tarea urgente. Los políticos tienen la palabra.

Si yo fuera socialdemócrata, también me dolería el fracaso objetivo de las políticas keynesianas para garantizar el bienestar. Como suele ocurrir, el «Welfare State» es víctima de una ambición excesiva lastrada por una gestión deficiente. Los treinta primeros, en efecto, acaso fueron «gloriosos», pero los treinta siguientes dejan mucho que desear. La literatura acerca de la crisis del Estado providencia es abrumadora; sobre todo, aclaro, desde las filas del socialismo, incluido el español. Si alguien esboza una sonrisa escéptica, resulta muy fácil aportar bibliografía. Lo más cómodo es culpar a los mercados y a los malvados neoliberales, confundidos a propósito con los «neocons». Así, todos los demonios están juntos… Sin embargo, en su condición de tribunal universal, la historia termina siempre por decir la verdad. Para mantener los niveles actuales de bienestar es imprescindible una gestión austera, rigurosa, eficaz y eficiente. Una buena sentencia del Tribunal Constitucional (también hay que decirlo cuando toca) confirmó hace poco la competencia del Estado para imponer límites presupuestarios a las comunidades autónomas, en relación precisamente con la ley de estabilidad aprobada durante la segunda legislatura de Aznar. Llovieron en su día las críticas, y llueven todavía a la reforma de la Constitución, en nombre de una ideología trasnochada que no debería dejar huella en la izquierda del siglo XXI. Rubalcaba juega su papel poco lucido cuando acusa al PP de pretender un recorte drástico. Sin embargo, lo dice con poca convicción, una simple cláusula de estilo en un discurso que se sitúa a medias entre su imagen premoderna y las falacias posmodernas que nos han llevado al borde del abismo. Rectificamos tarde, pero a tiempo, y bueno sería reconocer que el PP lleva muchos años en la trinchera de la estabilidad presupuestaria. Da un poco igual: hágase el milagro… En todo caso, seamos serios: no desaparece el espacio público, ni el Estado se vende al mercado, ni el capitalismo desalmado nos conduce al apocalipsis. Se trata de algo mucho más sencillo. La sociedad menos injusta de la historia (economía libre, clases medias, razón ilustrada, gobierno representativo) tiene que volver a los orígenes para hacer frente a los desafíos que impone la sociedad de masas. Mal que les pese a unos cuantos, el centro-derecha, aquí y en muchos sitios, conduce mejor el rumbo de la nave, si se admite la vieja y manida metáfora aristotélica.

De vuelta a la actualidad. Hay otras propuestas para reducir el gasto que resultan poco o nada convincentes. Por ejemplo, suprimir las diputaciones provinciales. Está claro que sus promotores piensan en las viejas provincias de régimen común, porque nadie imagina al PSOE planteando la supresión de los territorios históricos vascos, recién ascendidos a la jurisdicción constitucional frente a la vía prosaica del contencioso administrativo. Sería un grave error eliminar las provincias. Desde Javier de Burgos en adelante, cerca ya de dos siglos, han servido para vertebrar el territorio y generar sentimientos de pertenencia. Tal vez no gustan en algunas zonas de España, identificadas —no siempre con razón— con una permanente conspiración estatalista. Lo principal, a estas alturas: las diputaciones bien gestionadas pueden servir como cauce para integrar un régimen municipal insostenible por razones demográficas y financieras. Ni caciquismo ni centralismo: instituciones ágiles para contribuir a un modelo territorial eficiente.

Paradojas de la política. Tanto discutir sobre nacionalidades y regiones, sistema electoral o composición del Senado, y ahora resulta que la primera reforma importante de la Constitución llega en el título dedicado a economía y hacienda. Por eso aciertan las Mesas parlamentarias cuando rechazan la admisión a trámite de determinadas enmiendas que no son pertinentes según una interpretación correcta de la Constitución y los reglamentos de las cámaras. En todo caso, es la hora del poder constituyente «constituido», como decían los libros de texto para los estudiantes de mi generación. Un acuerdo entre los grandes partidos para reforzar los fundamentos de nuestro Estado constitucional forma parte sustancial de la lógica del sistema. Ojalá se repita, a mayor gloria de la democracia representativa, la única forma legítima de gobierno a estas alturas de la historia.

Benigno Pendás, catedrático de Ciencia Política. Universidad CEU San Pablo.

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