Una catilinaria

Por J. M. Ruiz Soroa (EL CORREO DIGITAL, 21/12/07):

Admito de entrada que el Gobierno vasco puede tener razón al impugnar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el sumario 18/98. Que los tribunales se equivocan en ocasiones es un hecho normal para quienes ejercemos la abogacía, algo que no nos extraña demasiado. ¿Por qué creen que existen varias instancias revisoras en todo proceso judicial? Pues precisamente porque la posibilidad del error judicial está institucionalizada en el Estado de Derecho, está asumida como un dato inevitable de todo sistema judicial. Y más aún debe admitirse esa posibilidad cuando se trata de un asunto situado en los márgenes oscuros y vidriosos del fenómeno terrorista, en los que a veces es difícil deslindar las opiniones y suposiciones personales de los hechos probados. Un ámbito en el que los jueces de la Audiencia Nacional adoptan con demasiada frecuencia una actitud que podríamos definir más como justiciera (hacer justicia al precio que sea) que como jurídica propiamente dicha (el respeto al debido proceso).

Ahora bien, aun admitiendo que el Gobierno vasco pudiera tener inicialmente razones para impugnar la sentencia, la lectura de su declaración institucional invalida de inmediato su crítica. ¿Por qué? Pues porque se trata de una soflama que está tan recargada de términos descalificatorios (herida, sumidero, agujero, retorcimiento, injusticia, excepcional, insoportable, nerviosa, lesiva, clamorosa, irregularidades manifiestas y notables, herramienta persecutoria, indignación, etcétera) como huera del más mínimo razonamiento de fondo. El Gobierno habla ‘ex cathedra’, las cosas son como él afirma, sencillamente, porque lo afirma él. El Gobierno no pierde el tiempo en intentar demostrar o convencer a sus lectores. Habla para su grey, para quienes están convencidos de antemano de sus afirmaciones.

Lo malo de la soflama (si dejamos de lado su defectuosa gramática y peor retórica) es la posición que ya de partida asume el Gobierno vasco. La del sempiterno victimismo que el nacionalismo vasco parece incapaz de superar: así, resulta que los jueces no se equivocan, los jueces conspiran contra los ciudadanos vascos; los jueces no yerran, sino que están cargados previamente de mala intención; los jueces no cometen desaciertos, sino que están teledirigidos desde las sombras por el poder político (impagable la referencia a Aznar como ‘deus ex machina’ del proceso); los jueces prevarican, penalizan las simples opiniones y encarcelan a los ciudadanos incómodos o disidentes. Vamos, que los vascos vivimos en un estado de excepción permanente en el que somos encarcelados sólo por respirar. Es tan desmesurada esta crítica, es tan desaforada la proclama, que pierde por su solo enunciado cualquier credibilidad. Es una retórica propia de la época de las asambleas universitaria antifranquistas, no de este momento y, menos aún, de una institución pública que, por definición, nunca debería caer en la tentación de travestirse de mitinero antifascista.

La Audiencia Nacional ha construido, mejor o peor, una sentencia de mil folios, con una densa y compleja exposición de hechos y fundamentos jurídicos. Al Gobierno vasco le han bastado tres folios para tildarla de monstruosidad jurídica, sin necesidad de razonar lo más mínimo su opinión. Seguro que el Gobierno dispone de competentes servicios jurídicos que podrían haberle preparado un análisis pormenorizado de esos mil folios. Pero no le hacen falta, porque él habla desde eso que llama su «convicción moral» y su «conciencia»: un ámbito éste en el que las afirmaciones no hay que fundamentarlas, sino sólo sentirlas. No hay nada más cómodo que instalarse uno mismo en el olimpo de las convicciones morales de la conciencia: desde allí se puede sermonear a placer, porque al Zeus de turno no se le exigen razonamientos ni pruebas. Sólo la adecuada dosis de patetismo histriónico, como esa que remeda a Cicerón: «¿Hasta dónde se pretende llegar?», se pregunta el Gobierno vasco en una mala imitación de las catilinarias («¿Hasta cuando abusarás de nuestra paciencia?»).

Y lo peor, como siempre, la inevitable dosis de equilibrismo pseudo ético entre el terrorismo etarra y la persecución de los radicales. Si usted no grita también cuando condenan a estos pobres ciudadanos, pierde la legitimación para gritar cuando le peguen un tiro. Porque, para el Gobierno vasco, ambas son violaciones de derechos equiparables entre sí, gracias a lo cual sólo él y nadie más que él se encuentra en la posición ética perfecta: nosotros lo condenamos todo, dice. Aunque pudiera decir mejor: nosotros lo confundimos todo, para que así desaparezca cualquier criterio moral efectivo.

La única duda que me queda, después de releída su declaración, es la de si el Gobierno vasco es simplemente un histrión escaso de recursos, o más bien hay una finalidad soterrada y menos noble en su soflama: la de ponerse al frente de la manifestación y acopiar para su molino a tanto radical desilusionado como anda suelto por la plaza. Pero, bueno, le concedo el beneficio de la duda, ese que él no concede a los tribunales.