Una comisión equivocada

Juan Alberto Belloch (LA RAZON, 12/05/04).

El mito de la transparencia, incluso en temas de seguridad, tiene tal cantidad de devotos fieles que, convendrán conmigo, hace innecesario que me suba a su letal carro. Dejo tan penosa conducta o para quienes no tienen información cabal de sus consecuencias o para quienes, teniéndola, prefieren arrimar el ascua a su sardina partidaria antes que pensar en cosas tan simples como el sentido común o la decencia. Nada bueno, absolutamente nada, puede salir de una Comisión de Investigación parlamentaria entorno al terrible
11-M.

Los «populares» parecen interesados en tratar de demostrar cosas tan peregrinas como, por ejemplo, que los socialistas dispusieron de mejor y más pronta información sobre la autoría del atentado que el propio Gobierno. ¿Por qué ese interés desmedido en tratar de exhibir universalmente lo que, de probarse, sólo demostraría un preocupante nivel de incompetencia de nuestros antiguos
gobernantes?

Otro objetivo más serio consistiría en demostrar que el Gobierno no mintió ni ocultó dato alguno en torno a las primeras horas de la investigación policial sobre el atentado. Se pretendería borrar la sospecha de que insistió más allá de lo razonable en considerar a ETA como la principal sospechosa, con la finalidad espuria de no ver perjudicadas sus expectativas electorales. Es cierto que si existiera el instrumento adecuado para aclarar, más allá de toda duda razonable, la verdad o la falsedad de tal sospecha, sería legítimo y hasta obligatorio ponerlo en marcha, sea para salvar la dignidad de los responsables del PP, sea para enterrar su carrera política. Pero lo cierto es que la Comisión no cuenta con los mecanismos propios de una investigación penal, los únicos eventualmente capaces de indagar (y con dificultades) algo tan sutil e inaprensible como si se obró de buena o mala fe o si más bien se trató de una interpretación equivocada de los datos y análisis de que se iba disponiendo, error explicable como acto reflejo fallido, en medio de la descomunal dimensión trágica de lo que acababa de ocurrir, de lo que estaba ocurriendo. Los resultados de la investigación parlamentaria sólo servirán para que cada cual se confirme en sus propias convicciones.

El tercero de los objetivos es tratar de averiguar quién o quiénes estuvieron detrás de las manifestaciones ilegales que tuvieron lugar el día de reflexión ante las sedes del PP. Esta cuestión que parte del apriorismo de negar su carácter espontáneo sí que podría indagarse, a diferencia del objetivo anterior, en sede penal por cuanto aquí sí existen indicios de delito, concretamente de un delito electoral. Pero, por eso mismo, la vía correcta no sería la parlamentaria sino la judicial.

Así que tres objetivos, el primero inane, el segundo inviable, el tercero inoportuno, tratar de lograrse por el PP, según parece, en la correspondiente comisión parlamentaria. Y para tan famélica tortilla se está dispuesto, si Dios no lo remedia, a romper la cesta de los huevos de la seguridad. ¿A quién se va a interrogar? ¿A periodistas, amparados por el derecho a no revelar sus fuentes? ¿A políticos que, naturalmente, contestarán aquello y sólo aquello que crean conveniente para sus intereses? O, ¿más bien a los profesionales de la Policía y de los servicios de inteligencia, a fin de dañar irreversiblemente su credibilidad, sus fuentes o sus métodos de trabajo?

Si, además de la testifical, se quiere completar el desastre con las pruebas documentales, ¿qué nuevos documentos reservados habrá que desclasificar? ¿No se puede comprender que si seguimos así el concepto documento reservado o secreto ¬base medular de cualquier servicio de inteligencia¬ se convertiría en una ridícula rechifla?¿Qué servicio de inteligencia serio de cualquier país civilizado del mundo querría tener algo que ver con los nuestros, si seguimos utilizándolos para fines partidarios o para refriegas políticas? ¿Qué haremos cuando necesitemos información verdaderamente crucial para la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado? Los ciudadanos normales y corrientes no tienen por qué saber lo difícil que resulta vertebrar un servicio de inteligencia fiable y lo extraordinariamente fácil que resulta demolerlo, por ejemplo a través de una Comisión Parlamentaria. Pero los responsables políticos sí lo saben y, caso de no saberlo, mejor será que cambien de oficio.

También desde la izquierda se ha reclamado equivocadamente la creación de tan nefasta Comisión. En este caso los objetivos según parece serían o bien demostrar ¬como el PP, pero al revés¬, que se ocultó información tras el atentado o se mintió con fines electorales, o bien acreditar que hubo falta de previsión política ante el terrorismo internacional al no haber detectado la inminencia de atentados como el de Madrid. Ni uno ni otro objetivo justifican la Comisión Parlamentaria. El primero de ellos desde luego que no por las razones antes dichas y porque cualquier eventual responsabilidad política habría quedado absolutamente amortizada por las elecciones generales. Y en cuanto a la eventual imprevisión política lo razonable sería que su mayor o menor grado de certeza se examinase en otros ámbitos más reservados y eficientes, sobre todo si lo que se pretende es tratar de evitar o dificultar al menos la comisión de atentados de esta clase en el futuro.

La Comisión Parlamentaria, máxime si empieza sus trabajos antes de las elecciones europeas, sólo servirá para envenenar, quien sabe si de forma irreversible, la posibilidad de consensos en la lucha antiterrorista. Antes de las elecciones sólo se pretenderá influir sobre ellas con lógica partidista. Después de las elecciones no tendrá siquiera esa espúrea utilidad. Será una simple majadería. De ahí que quepa felicitar con entusiasmo a CiU y a CC que no se han querido sumar al circo y que resulte necesario pedir al PP y al PSOE que recuperen aceleradamente la cordura, aunque se enfaden. ¿Qué le vamos a hacer!