Una constitución «inclusiva» bolivariana

Después de haber tomado posesión como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de la anterior legislatura, explicó que nuestra Constitución debería adecuarse a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres». (Por enrevesada que sea la redacción, el sentido se entiende). Continuó, en contra del criterio de los más sabios lingüistas: «El masculino universal no engloba al femenino». Y concluyó: «Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino». Por ello, pidió oficialmente un informe a la Real Academia, para cambiar el lenguaje de la Constitución.

Seis años antes, Ignacio Bosque había desmontado esta teoría feminista en un informe, que fue suscrito íntegramente por todos los académicos (hombres y mujeres), el 1 de marzo de 2012. No se sabe si Carmen Calvo ha leído ese informe o las sucesivas explicaciones, totalmente coincidentes, que han dado, entre otros, Darío Villanueva (anterior director de la RAE), Pedro Álvarez de Miranda (en «El género y la lengua») y Álex Grijelmo (en «Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo»).

Forma parte Carmen Calvo de una moda que sufrimos cotidianamente: los políticos que, para parecer progresistas, repiten «amigos y amigas, vecinos y vecinas», etcétera. Además de ser innecesario, conduce a lo que Pedro Álvarez de Miranda llama «una farragosidad grotesca».

Lo vemos claramente en la Constitución bolivariana de Venezuela, que sigue fielmente este postulado feminista. Cuando no habla de «personas», ¿cómo menciona a los sujetos de derechos y deberes? Cito literalmente: «Venezolano o venezolana, ciudadano o ciudadana, extranjero o extranjera, hijo o hija, electores y electoras, candidatos y candidatas, detenido o detenida, reo o rea, encubridores y encubridoras, pintores y pintoras, escritores y escritoras, compositores y compositoras, científicos y científicas, creadores y creadoras, autores y autoras».

Al señalar a los que pueden ocupar cargos, pormenoriza, en cada caso las dos posibilidades: «Presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, magistrado o magistrada, procurador o procuradora, defensor o defensora, diputado o diputada, gobernador o gobernadora, juez o jueza, concejales y concejalas, administradores y administradoras, dueños y dueñas, directores y directoras, fiscales o fiscalas…».

Al aludir a personajes ya mencionados, concreta: «Éstos y éstas, aquéllos y aquéllas, por sí mismos o por sí mismas». Al atribuirles alguna acción, señala que pueden ser «escogidos y escogidas, egresados y egresadas, criados y criadas, postulados y postuladas, removidos y removidas, interesados e interesadas, reelegidos y reelegidas, notificados y notificadas, privados o privadas»…

¿Es éste el ideal que queremos conseguir en España? No me invento nada: en internet, es fácil encontrar el texto de esta Constitución bolivariana, basta con leer sus 350 artículos, más 18 disposiciones transitorias… pero hay que tener cierto aguante. Siguiendo este criterio del desdoblamiento por el género, ¿cómo quedaría el Preámbulo de nuestra Constitución? Baste con un ejemplo: «Deseando promover el bien de cuantos y cuantas la integran… proteger a todos los españoles y españolas… para asegurar a todos y a todas…». ¡Gran avance sería, sin duda!

En el terreno literario, este criterio abre también posibilidades extraordinarias. Con su acerada ironía, Arturo Pérez Reverte mencionaba un conocido romance de Miguel Hernández, que podría quedar así: «Asturianos y asturianas de braveza,/ vascos y vascas de piedra blindada, / valencianos y valencianas de alegría/ y castellanos y castellanas de alma».

Volvamos a los sufrimientos de Carmen Calvo por el machismo de nuestro lenguaje: «Cuando este Gobierno, feminista, con más mujeres que hombres, fuimos a la toma de posesión, a algunas nos costaba trabajo prometer como ministros, fundamentalmente porque éramos ministras». Es algo indiscutible pero lo que ellas prometen, si no me equivoco, es «cumplir fielmente las obligaciones de ministra» (y, en su caso, también de vicepresidenta). Así lo habían hecho todas las ministras españolas, desde Federica Montseny.

El problema pudo surgir por el final de la fórmula: «Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de ministros». Naturalmente, es el «Consejo de ministros» porque se refiere a un órgano, sin prejuzgar el sexo de sus integrantes. (Lo mismo sucede, por ejemplo, en una clase con chicos y chicas: se dice que hay «tantos alumnos», aunque el número de chicas sea superior). Carmen Calvo lo arregló añadiendo su coletilla: «Del Consejo de ministros y ministras». Y varios de sus compañeros -«y compañeras», añadiría ella- la siguieron.

¿Qué ha opinado ahora la Real Academia? Increíble hubiera sido que no reflejara el criterio ya mantenido por Ignacio Bosque, en 2012: en español, el género gramatical masculino es «no marcado», incluye tanto a hombres como a mujeres. Ejemplo clarísimo: cuando el artículo 2º de nuestra Constitución establece «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», ¿no está incluyendo también a las españolas?

Para responder a la petición oficial, la Real Academia creó, en septiembre de 2018, una Comisión formada por Pedro Álvarez de Miranda, Paz Battaner, Ignacio Bosque e Inés Fernández Ordóñez (dos mujeres y dos hombres). Aunque los tiempos académicos no sean vertiginosos, hubieran podido concluir pronto su trabajo pero, como ha explicado en estas mismas páginas Jesús G. Calero, se había guardado el tema «por el ciclo electoral y la inestabilidad política». Una vez que ya existe nuevo gobierno, la Academia ha contestado lo que era lógico que contestara y que, científicamente, es innegable.

Detrás de todo este rifirrafe hay cuestiones importantes. El lenguaje lo forma el pueblo, no la Academia: los cambios lingüísticos surgen de abajo arriba, no de arriba abajo. Otra cosa es una muestra de esa «ingeniería social» a la que se apuntan ahora los partidos de izquierdas, diciéndonos cómo debemos pensar, qué es lo políticamente correcto. (Ya Cervantes desmontó irónicamente esa falacia en su maravilloso entremés «El retablo de las maravillas»).

A propósito de esta polémica, el profesor José Antonio Martínez ha empleado una expresión rotunda, «despotismo ético»: imponer lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con la ideología del que lo dicta. Es decir, un «despotismo ilustrado», según la fórmula del siglo XVIII, pero con muy escasa ilustración. ¿Por qué no nos dejan pensar y hablar libremente?

Y algo peor: como España no tiene problemas importantes, nos distraemos discutiendo si, para ser un buen ciudadano progresista, es obligatorio decir «los ministros y las ministras».

Andrés Amorós es catedrático de Literatura Española.

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