Una Constitución para Europa, ya

La Unión Europea y sus Estados miembros tenemos hoy un objetivo esencial: salir de la crisis o, al menos, vislumbrar su fin antes de que 500 millones de ciudadanos y ciudadanas sean llamados a elegir un nuevo Parlamento Europeo, el año que viene. Si seguimos sumergidos en el pantano de la crisis, estas elecciones podrían estar protagonizadas por los partidos populistas, xenófobos y antieuropeos. O sea, por la no Europa.

En las causas del agravamiento de la crisis está, entre otras, una política económica contractiva al estilo de Alemania. Este país ha venido sacrificando el poder adquisitivo de sus trabajadores, en la última década, para favorecer su competitividad exportadora, en perjuicio de las economías europeas menos industrializadas, que se han visto obligadas ahora a devaluaciones internas, esto es, al despido ilimitado y a la reducción salarial, ayudado por medidas tan duras e inútiles como la legislación laboral española.

La consecuencia de tan inesperada dinámica es que Europa ha entrado en una atmósfera de insolidaridad y divergencia, rompiendo la errónea teoría de que la Unión Monetaria iba a ser la palanca de la convergencia, e iba a impedir todo desequilibrio macroeconómico (empleo, competitividad, déficit, deuda) aunque las demás políticas económicas se mantuvieran en las manos de los Estados nacionales.

La crisis ha pulverizado esta concepción y la dulce, pero efímera, etapa posMaastricht, caracterizada por un crecimiento dopado financieramente. La actual legislatura europea (2009-2014) está siendo la de la recesión, el desempleo y el debilitamiento del Estado de Bienestar.

No solo la Unión ha mostrado su incapacidad para abordar eficazmente esos problemas. También los Estados nacionales, a pesar de que —no lo olvidemos— tienen, en principio, más instrumentos políticos y económicos que aquella. Los Estados tienen la legitimidad democrática, mayor capacidad tributaria y de endeudamiento, mayor presupuesto, la política energética, de I+D+i, etcétera.

La Unión Europea no tiene estas atribuciones. No es una Unión Económica. Solo tiene la política monetaria, que ha mostrado sus insuficiencias ante la crisis, al no existir política financiera, fiscal y económica europeas.

Sin embargo, la única medida de eficacia inmediata que ha detenido el ataque de los mercados a las economías periféricas más débiles, como la española, y al euro mismo, ha venido de la Unión. Nos referimos, claro está, a la decisión del Banco Central Europeo de “amenazar” con una compra masiva de deuda soberana de España e Italia, si sus Gobiernos solicitaban una ayuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Ha habido otra decisión importante, esta vez extramuros de Europa. El acuerdo de mínimos del Congreso de EE UU impidiendo in extremis el abismo fiscal ha hecho descender nuestra prima de riesgo más que cualquier medida —por lo demás, inexistente— del desconcertado Gobierno español. Todos los recortes de Rajoy han servido solo para deprimir más nuestra economía. No para pagar menos intereses de la deuda, ni para volver al crecimiento.

Sirve cada vez menos que los Estados de la Unión posean teóricamente la política fiscal y económica. La crisis ha ido empujando, de forma natural, hacia el Consejo Europeo —y dentro de él hacia el “gran acreedor”, Alemania— las decisiones más urgentes para salvar a los países de la suspensión de pagos o a la eurozona de su fractura. Y la Comisión ha preparado el control, por el propio Consejo, de los Presupuestos nacionales (“semestre europeo”), con la inevitable lesión a la soberanía parlamentaria.

Lo que ocurre es que, dado que la Unión no se concibió para aplicar una política económica general, las decisiones de esta naturaleza en la Europa continental, en esta legislatura de crisis, han sido adoptadas por órganos supranacionales colegiados (Consejo Europeo) que no tienen la legitimidad constitucional equivalente a la que detentan los Gobiernos y Parlamentos nacionales. Y ello sin modificar los Tratados. Así que se están empezando a trasladar aspectos esenciales de la soberanía democrática a entidades que no fueron diseñadas para ejercer el poder que hoy se ven impelidas a desarrollar.

Los Parlamentos nacionales —salvo el Bundestag alemán— van perdiendo un protagonismo que no gana el Parlamento Europeo, sino el Consejo Europeo, el BCE o Ejecutivos nacionales de grandes países, que responden ante sus Parlamentos, pero no ante los ciudadanos de toda Europa.

En estas circunstancias, la ciudadanía pierde confianza, no solo en el proyecto de Europa, sino en una democracia que se escapa de sus manos. El demos europeo no acaba de nacer, mientras el demos nacional va perdiendo sustancia. Los ciudadanos sienten que deciden menos en sus países y no cuentan cada vez más en el conjunto de Europa.

Aunque es un paso adelante, no basta con que el presidente de la Comisión vaya a ser en 2014 el candidato del grupo político mayoritario en el Parlamento europeo, ni basta con una campaña electoral orientada en ese sentido en toda Europa, si no se establece un marco constitucional donde queden fijadas las competencias reales de las instituciones. Y donde las máximas autoridades tengan la máxima legitimidad y, por ello, sean elegidas por los ciudadanos.

Los problemas económicos de la UE, incluyendo los del euro, radican en la carencia de una unión política. La unión económica no se puede hacer sin avanzar en la Unión Política, y esto solo se resuelve en democracia abriendo un auténtico proceso constituyente, por medio de una Convención en la que estén representados los Parlamentos nacionales y el europeo, los Gobiernos, el Comité de Regiones, el Comité Económico y Social, y a través de un amplio debate en los medios de comunicación europeos. Debate en el que se tiene que involucrar la sociedad civil europea, porque el escepticismo y desafección ciudadana no se corregirá sin un salto adelante democrático. El resultado de lo anterior se debería someter a referendo del conjunto de los ciudadanos europeos y no de país a país.

Este proceso constituyente ha de ser el núcleo central de las próximas elecciones europeas y, en consecuencia, el inicio del mismo. Si hace diez años ya era necesaria una Constitución europea —malograda por la ceguera de algunos— hoy es imprescindible. Solo nos falta el impulso político para ello. O bien seguimos con el lento y frustrante camino de los acuerdos palaciegos por arriba, en donde el pez grande se come al chico; o bien transitamos la vía de la lógica democrática y le damos a Europa la legitimidad, fuerza y solidaridad que necesita en esta dramática coyuntura de cambio.

El peligro para la democracia no viene solo de los nacionalismos, chovinismos, xenofobias o la extrema derecha, sino de que se vaya vaciando la democracia de los Estados sin que se construya una auténtica democracia europea.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Diego López Garrido es diputado y preside el Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

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