Una crisis con trasfondo

La crisis económica ha desbordado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Primero, negándola cuando las señales ya empezaban a ser alarmantes. Luego, por la falta de reacción para hacerle frente. Últimamente, por las vacilaciones en presentar un plan de actuación mientras las instituciones internacionales ponían contra las cuerdas a una economía española atrapada entre un elevado déficit y una cifra de parados superior a los cuatro millones. La ligera mejora de los indicadores económicos en el último trimestre del 2009, la reunión del presidente del Gobierno con la patronal y los sindicatos, la posibilidad, abierta por CiU, de un gran pacto contra la crisis, una mejora de las cotizaciones en la bolsa y el mantenimiento de la credibilidad del crédito español parecen haber devuelto, momentáneamente, la calma. Aun así, el tsunami de los últimos días ha generado desconcierto y ha alimentado varias intervenciones interesadas y con clara vocación electoralista (o ideológica: ¡el cardenal Antonio Rouco Varela ha llegado a afirmar que «las causas que más han incidido (…) están relacionadas con la conciencia y el uso de la libertad (…), causas de naturaleza ético- moral y espiritual»!). Sin duda, la gravedad de la situación exige una actitud más contundente del Gobierno y de todas las fuerzas políticas y, sobre todo, no repetir los errores del pasado y encarar con decisión los problemas estructurales de la economía española.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística aportan luz sobre algunas de las causas estructurales de la crisis española. Dado que una posible variación en la edad de jubilación y la modificación del sistema de cálculo de las pensiones es una de las cuestiones que más debate han originado, no está de más empezar por señalar que en solo 20 años la esperanza de vida ha pasado de 77 años (en 1990) a 81 (en el 2007), lo cual, añadido a una más tardía edad de incorporación al mercado laboral (por una mejor formación y por falta de puestos de trabajo), ha acortado el periodo de actividad laboral (y de cotización). Sin embargo, incrementar la edad de jubilación tiene como efecto indirecto obstaculizar aún más la incorporación al mercado de trabajo de los más jóvenes.
No obstante, el total de ocupados no ha parado de incrementarse en las dos últimas décadas, como también lo ha hecho el PIB, que se ha multiplicado por más de tres, pasando de los 301.000 millones de euros en 1990 a más de un billón en el 2008. En la base de este doble crecimiento está la construcción, favorecida por unas políticas excesivamente laxas en la concesión de permisos de recalificación urbanística –cuna en muchos casos de una corrupción transversal–, que disparó irresponsablemente la construcción de viviendas. Así, mientras que en 1996 se construyeron 274.000 viviendas, en el 2000 se levantaron 416.000; en el 2004, 564.000, y, aún, en el 2008, 632.000, muy por encima de las necesidades del mercado. Esta insensata política tuvo efectos colaterales indiscutibles: contribuyó, sin duda, al incremento del PIB y de la población (de los 39.669.394 habitantes de 1996 a los 46.745.807 del 2010, un aumento del 18%), encareció el precio de la vivienda muy por encima de la evolución de la inflación (el precio medio de la vivienda de nueva construcción era de 693 euros el metro cuadrado en 1996 y había pasado a 1.892 euros en el cuarto trimestre del 2009; el máximo se alcanzó en el primer trimestre del 2008, 2.101 euros) y, junto con otros factores, tuvo un efecto llamada en la llegada de inmigrantes: en 1996, la población extranjera representaba el 1,4% de la total; en el 2010 superaba el 12%. Además, el aumento del precio de la vivienda hace inviable su adquisición por parte de los más jóvenes, que han retrasado la media de edad de contraer matrimonio desde los 29 y los 26 años –respectivamente, para hombres y mujeres– de 1990 a los 34 y 31 del 2007. Y, lógicamente, la explosión de la burbuja inmobiliaria ha arrastrado a otros sectores productivos y de las entidades financieras orientadas a la concesión de hipotecas, que, hoy, en muchos casos, son superiores al precio de mercado de las viviendas hipotecadas, lo que ha dejado atrapadas en una difícil situación a estas entidades y, sobre todo, a los propietarios de las viviendas. De rebote, la crisis ha disparado la tasa de paro, que en seis años ha pasado del 11,37% (2004) al 18,83% (2010).

En suma, una crisis que por su carácter internacional era inevitable, pero que las circunstancias locales han agravado mucho más que en otros países del entorno económico de España. Una crisis que tiene responsabilidades compartidas que minan la credibilidad de la oposición y del Gobierno. La primera porque durante los gobiernos de Aznar puso en marcha un modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria que compromete la salida de la crisis. El segundo, porque se empeñó en negar la crisis y fue incapaz de reconducir este modelo económico especulativo cuando todavía estaba a tiempo. El resultado es una situación económica que no invita a la esperanza y que está minando la credibilidad de los partidos políticos –incapaces de poner los intereses generales por encima de los intereses electorales– para hallar una salida a medio plazo.

Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la UB.