Una cura francesa para la maldición de los recursos

La campaña para velar por que todas las compañías dedicadas a actividades extractivas hagan públicos todos sus pagos en sus países anfitriones está cobrando impulso y Francia es la que la encabeza. El Presidente Nicolas Sarkozy es digno de aplauso por apoyar una nueva iniciativa que fomenta unas normas estrictas de transparencia para las compañías petroleras, de gas y mineras cotizadas en las bolsas de valores europeas.

Francia, que forma parte del núcleo de la Unión Europea y preside este año tanto el G-8 como el G-20, está en condiciones excepcionales para alentar semejante iniciativa reglamentadora. Con la capacidad de dirección de Francia, el 2011 ofrece una oportunidad de oro para que los más importantes mercados de capitales adopten normas claras y precisas que exijan una transparencia financiera total por parte de las empresas de la industria extractiva a las autoridades estatales.

El petróleo, el gas y la minería producen miles de millones de dólares al año para los Estados y las empresas. Además, dichas industrias desempeñan con frecuencia un papel fundamental en el desarrollo económico de los países ricos en recursos. Sin embargo, pese a su gran riqueza natural, una mayoría de los habitantes de esos países vive en la pobreza.

Los impuestos y pagos reales abonados a los Estados por las compañías mineras, petroleras y otras de la industria extractiva suelen ser un secreto muy bien guardado, pese a que la mayoría de sus gobiernos afirman utilizar los ingresos para el bien público. En realidad, en demasiados países los ciudadanos de a pie no se benefician nada de ese dinero; de hecho, tienen que cargar con los costos medioambientales y sociales que entrañan las operaciones mineras y perforadoras.

En efecto, esos secretos tan bien guardados de la industria y los gobiernos pueden tener repercusiones graves y generalizadas, como lo demuestran los levantamientos en el norte de África y en Oriente Medio. En esos países, muchos de los cuales son ricos en petróleo y gas, los ciudadanos están protestando contra la corrupción y la represión política. En el fondo, están protestando contra la mala administración de la riqueza y los recursos de sus países con las consiguientes consecuencias para la seguridad y la asequibilidad de los suministros de energía del mundo entero.

La transparencia es una parte esencial de la solución. Se debe asegurar a los ciudadanos de todas partes que las empresas petroleras y de gas, además de las compañías mineras, hacen pública toda su información financiera pertinente, desglosada por país y por proyecto e incluidos todos los pagos hechos a los presupuestos públicos de los países anfitriones.

Si los reglamentadores europeos pueden llegar a un acuerdo sobre esa prescripción para las empresas de la industria extractiva cotizadas en sus bolsas de valores, se les aplicará esa norma de la transparencia independientemente de dónde estén radicadas sus sedes. Los reglamentadores deben disponer también que las empresas presenten informes periódica y puntualmente y que estén fácilmente disponibles y sean comparables entre los países y con los de las demás compañías extractivas.

Los Estados Unidos ya han aprobado un instrumento legislativo, la Ley Dodd-Frank, de 2010, que obliga a revelar los pagos hechos a los gobiernos. La prescripción de que las empresas revelen todas sus corrientes de ingresos por país y por proyecto es aplicable al 90 por ciento de las compañias petroleras y de gas internacionales y a ocho de las diez compañías mineras mayores.

Así, los ciudadanos podrán comprobar el uso que se hace de ese dinero, pero no los ayudará a apreciar si sus gobiernos reciben una participación justa. Si la UE obligara a las empresas a hacer pública una información detallada sobre las cifras relativas a la producción y las operaciones, los balances financieros y contables y los pagos a las autoridades, las empresas rendirían cuentas de verdad ante los ciudadanos y los ingresos estatales aumentarían.

La Comisión Europea está examinando ahora esa reforma de la reglamentación y el apoyo de Francia es imprescindible para que la UE anuncie este mes las necesarias iniciativas legislativas encaminadas a fomentar la transparencia. La ministra de Hacienda de Francia, Christine Lagarde, subrayó recientemente la necesidad de fomentar “iniciativas en los sectores industriales encaminadas a mejorar la gestión de los asuntos públicos y a aumentar la integridad y la transparencia de las transacciones económicas”.

En su recién concluida cumbre celebrada en Deauville (Francia), el G-8 pidió por primera vez la presentación obligatoria de informes por parte de las compañías petroleras, de gas y mineras. Se trata de un avance importante, pero, lamentablemente, queda matizada por una redacción que permite optar por iniciativas voluntarias y se centra sólo en la transparencia de los pagos.

Ahora el mundo debe estar atento a la cumbre del G-20 que se celebrará en Cannes el próximo noviembre para que formule un compromiso inequívoco sobre las necesarias prescripciones relativas a los informes, en vista de que participarán en ella importantes economías en ascenso, como, por ejemplo, el Brasil, la India y China, además de Sudáfrica y otros países africanos ricos en recursos.

La importancia de la transparencia financiera de las empresas extractivas no se limita a un país o a una época y es demasiado importante para dejarla al albur de las iniciativas voluntarias exclusivamente. Una mayor rendición de cuentas y una gestión más idónea de los asuntos públicos por parte de dichas empresas podría cambiar las vidas, las economías y los sistemas políticos de todo el mundo.

George Soros, presidente del Soros Fund Management. Traducido el inglés por Carlos Manzano.

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