Una demanda siempre creciente de transparencia

La transparencia fue un tema central de la elección presidencial francesa de 2017. Incluso antes de que se revelara que François Fillon, del partido conservador Les Républicains, había pagado a su esposa con fondos públicos por tareas que no realizó, el futuro vencedor, Emmanuel Macron, ya había hecho de la transparencia un eje de su campaña.

Así que es irónico que cuatro de los quince miembros del primer gabinete de Macron (incluido uno de los asesores más cercanos del presidente) hayan tenido que renunciar por denuncias de mala conducta o malversación de fondos públicos, incluso sin un fallo judicial. También tuvo que renunciar un recién designado integrante del Consejo Constitucional de Francia, cuando la prensa informó que siendo miembro del Senado había empleado a su hija en un puesto inexistente.

Los medios franceses siguieron investigando otros posibles escándalos, pero por ahora, parece que esta serie de traspiés llegó a su fin. A tono con su promesa de campaña, Macron promulgó una nueva ley de ética pública, la “Ley para el Restablecimiento de la Confianza en la Acción Pública”, que amplía las restricciones para los funcionarios: ya no podrán emplear a familiares; se elimina la asignación fija que tenían para el pago de honorarios profesionales; y se les prohíbe usar el “fondo de reserva parlamentario” para financiar iniciativas locales.

Pero la ley de ética de Macron no es la primera en su clase. En 1988, una serie de escándalos políticos sucedidos el año anterior llevó a la aprobación de nuevas normas de transparencia, por las que se instituyó el sistema de financiación pública de los partidos políticos franceses y se creó una comisión ante la cual todos los miembros electos de la Asamblea Nacional quedaron obligados a declarar su situación financiera.

Luego, en 2013, cuando se descubrió que un importante ministro había ocultado fondos en una cuenta bancaria en el extranjero, se agregó la obligatoriedad de que los miembros del gobierno revelaran públicamente sus inversiones y propiedades. Se creó una nueva Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública, con amplios poderes para auditar y publicar las declaraciones de los funcionarios, evaluar casos de mala conducta y conflictos de interés, y remitir las infracciones a la Fiscalía General.

En 2017, la Alta Autoridad, por primera vez, publicó en su sitio web las declaraciones de bienes de todos los candidatos presidenciales; no sólo eso, sino que se pospuso un día la conformación del nuevo gobierno, para que la Alta Autoridad pudiera evaluar a los candidatos ministeriales entrantes. Y aun así el proceso dejó pasar a los cuatro ministros que tuvieron que renunciar poco después de asumir el cargo.

Es verdad que estos controles son comunes en los países democráticos, incluido Estados Unidos, donde la mayoría de las designaciones del presidente se someten al escrutinio del Senado. Y en muchos países occidentales hubo en las últimas décadas importantes avances en materia de transparencia gubernamental e institucional, licitación competitiva de contratos públicos, etcétera. Se supone que los ciudadanos de una democracia tienen derecho a acceder a documentos gubernamentales y administrativos, y a ser informados de las razones de decisiones que los afectan. Estas normas van en conformidad con los principios de buen gobierno incorporados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En Francia, el ejemplo más reciente de este giro a una mayor transparencia se relaciona con Brigitte Macron. Tras el rechazo de la opinión pública a que se le concediera estatuto legal de “primera dama” de Francia, el gobierno de Macron publicó en el sitio web del Elíseo una “carta de transparencia en relación con la esposa del jefe de Estado”, donde se confirma que no recibirá remuneración ni tendrá presupuesto propio. No es coincidencia que en este documento aparezca la palabra mágica: transparencia.

Antes de esto, ya se habían tomado varias medidas para fortalecer la transparencia en la vida pública: nuevas normas anticorrupción, eliminación del clientelismo en contratos o empleos públicos y aumento de la publicidad de los debates. Se espera que estas iniciativas refuercen la confianza pública en las instituciones francesas.

Pero por ahora las encuestas muestran todo lo contrario. La opinión pública francesa exige cada vez más transparencia a los ocupantes del poder. Una razón es que los nuevos medios digitales, la carrera por primicias entre organizaciones de prensa, los periodistas de investigación y la presencia de ONG cada vez más activas suministran una fuente constante de razones de desconfianza. Más en general, las estrecheces económicas provocan malestar y desconfianza de los ciudadanos en relación con presuntas élites privilegiadas y adineradas, en particular los políticos.

Al mismo tiempo, las auditorías impositivas automáticas y normas de declaración de bienes aplicadas desde 2016 se han extendido a cada vez más funcionarios, y se amplió la definición de “conflicto de interés”. Estas expresiones de suspicacia pública no son señal de un clima político saludable.

Es verdad que la imposición de normas de transparencia más estrictas en las últimas décadas mejoró las prácticas democráticas en muchos países occidentales. Pero la defensa de la privacidad personal no deja de ser un objetivo válido, y hay ámbitos, como la seguridad nacional, la diplomacia y los derechos humanos, donde el secreto sigue siendo esencial.

Hallar un justo equilibrio entre las necesidades contrapuestas de transparencia y privacidad nunca será fácil, especialmente en un panorama político que tiende a una mayor exigencia en materia de rendición de cuentas. Pero en todas las democracias, las autoridades tienen la tarea, crucial, aunque poco reconocida, de hacer precisamente eso.

Raphaël Hadas-Lebel, author of Hundred and One Words about the French Democracy, is Honorary Section President at France’s Conseil d’État and a former professor at the Institut d’études politiques in Paris. Traducción: Esteban Flamini.

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