Una democracia sin demócratas

Por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, presidente de Unidad Editorial y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO (EL MUNDO, 19/10/06):

Lo que viene sucediendo en España en el terreno de nuestro ordenamiento jurídico, al menos desde hace más o menos un año, pone los pelos de punta a cualquier jurista que crea en el valor del Derecho. Se quiera o no se quiera, estamos asistiendo a una demolición inexorable, paso a paso, de la Constitución, con lo cual se resquebraja todo el andamiaje de nuestro Estado de Derecho.

Como voy a tratar de demostrar, tal curiosa faceta de nuestro país, se está produciendo porque en la hora actual, el Gobierno y la mayoría que lo sustenta, son un ejemplo de cómo una democracia puede llegar a naufragar porque los que la gestionan no son demócratas. En efecto, no creo que haga falta recordar que la democracia significa antes que nada el respeto a las leyes que aprueba el pueblo, directamente o por medio de sus representantes, quedando éstos últimos ligados más que nadie por lo que ellos mismos o sus antecesores han aprobado, mientras que no se modifique según los métodos previstos. En definitiva, esto es lo que se entiende por seguridad jurídica o, también, por fiabilidad del Derecho o del orden jurídico, que consiste en garantizar la certeza de la aplicación de unas normas iguales para todos, tanto en situaciones favorables como en onerosas.

El Derecho, elaborado democráticamente, debe ser previsible, en el sentido de que no se puede ni debe esperar por parte del poder público unos comportamientos inesperados, ya se trate de los jueces, los legisladores o la Administración. A todos les obliga tanto el principio de constitucionalidad, como el de legalidad, base de todo Estado democrático de Derecho, que se rigen ambos por la cláusula de la previsibilidad, entendida como la certeza de la aplicación de la Constitución o de la ley en vigor, con el resultado de que comportan unas consecuencias jurídicas concretas y previsibles.

Pues bien, estas nociones tan elementales están siendo olvidadas hoy por los que gobiernan tanto a escala nacional como en algunas comunidades autónomas, especialmente Cataluña y País Vasco. De esta manera, lo que se está instalando entre nosotros es una evidente y peligrosa inseguridad jurídica, que contradice las bases de la democracia y del Estado de Derecho, y que nos puede llevar por un tobogán a una rápida desvaloración del Derecho, con todo lo que eso comporta para nuestra futura convivencia. Pero lo que estoy afirmando no lo digo a ojo de buen cubero, sino que son ya múltiples los ejemplos que se pueden ver en la actualidad de nuestro país, aunque me voy a limitar a mencionar tres concretos, analizando más profundamente el tercero de ellos.

En primer término, señalemos el caso inaudito que ofrecen unas declaraciones del presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, a un periódico de Barcelona, en las que decía, tras los recursos de inconstitucionalidad sobre el Estatuto que se han presentado ante el Tribunal Constitucional, que si éste fallase contra algunos de sus artículos «se abriría una crisis de Estado de las más importantes en España en los últimos años, de consecuencias incalculables».

Uno se queda pasmado al leer estas palabras que demuestran que este político desconoce lo que es la democracia, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Hoy en España está vigente una Constitución, en la que se establece que todas las leyes del Estado y, por supuesto, de las comunidades autónomas, no pueden ir en contra de sus artículos, principios o valores. Y ello por la sencilla razón de que la Constitución, aprobada por una inmensa mayoría de españoles, es la primera de las normas del Estado por tres sencillas razones: porque es el pacto político-social de convivencia, porque es el estatuto que obliga por igual a gobernantes y gobernados, y porque es el marco y el límite de todo el ordenamiento jurídico, al menos mientras que no se modifique. Es más, precisamente para hacer cumplir esta supremacía de la Norma Fundamental, es por lo que se creó el Tribunal Constitucional, con el cometido, entre otros, de vigilar por la adecuación de las leyes a la Constitución, cuando alguno de los sujetos legitimados presenten un recurso de inconstitucionalidad. Así ha ocurrido ahora con el PP y otros sujetos legitimados, que piensan que el Estatuto viola en muchos aspectos la Constitución y así ocurrió también en muchas ocasiones, cuando el Parlamento de Cataluña recurrió ante el mismo Tribunal leyes aprobadas en las Cortes que consideraban iban en contra de sus intereses establecidos en la Constitución. En consecuencia, si la democracia la administran en España políticos como éste, estamos perdidos, porque no son demócratas y abusan de un chantaje político que conduce, a no dudar, a formas más despóticas que democráticas.

Un segundo caso, que clama al cielo, es el que está ofreciendo el fiscal general del Estado, encargado por la Constitución especialmente de tres cometidos: vigilar por el respeto de la legalidad, defender los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la Ley, y velar por la independencia de los tribunales. Sin embargo, si nos atenemos a los hechos y a las propias palabras del mismo, comprobaríamos que nos está arrastrando a una permanente inseguridad jurídica, ya que su actuación en el indecente proceso de paz, que conducirá a todo menos a ese objetivo, nos indica que las leyes se aplican o no se aplican (Ley de partidos políticos) en interés del Gobierno según criterios distintos, como en el caso del etarra De Juana Chaos; de la llamada kale borroka, que para algunos es un juego de niños; de las extorsiones a empresarios vascos y navarros; de las ruedas de prensa de un partido ilegalizado, pero que está presente en todas partes, etcétera. Semejante actitud, la justifica el propio fiscal general diciendo que las leyes hay que acomodarlas, como señala el artículo 3 del Código Civil, a «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas». Lo cual es cierto y beneficioso, pero esas leyes aplicadas a los terroristas sólo deben adecuarse a ese mandato, cuando haya desaparecido definitivamente el terrorismo, y aquéllos que lo han practicado -asesinando a cerca de un millar de personas-, lo condenen y renuncien a él, algo que hoy por hoy está lejos de ocurrir.

Y vayamos ahora al tercer caso, el cual entrará en los libros de Derecho como un ejemplo de la estulticia jurídica más excelsa que hayan asumido unos políticos. Como se sabe, Izquierda Unida-ICV ha presentado una proposición, aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados, para que se «repruebe y cese» al Defensor del Pueblo, a causa de que éste ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Desde aquél que asó la manteca, no ha habido una estupidez mayor en los anales del parlamentarismo español de estos años, y ello por varias razones. En primer lugar, porque la reprobación se hace a causa de que el defensor del pueblo ha ejercido una competencia que le reconoce la Constitución y la Ley Orgánica correspondiente, cumpliendo con su deber. En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado, por un lado, que «todos los legitimados para acudir ante este Tribunal... realizan una función pública, cual es la de poner en marcha los mecanismos de depuración del ordenamiento jurídico» (STC 11/1981). Y, por otro, que «los artículos 116.1.a) de la Constitución y 32.1 de la LOTC reconocen la legitimación del Defensor del Pueblo de interponer recursos de inconstitucionalidad, sin sujetarle a límites o condiciones objetivas de ningún tipo» (STC 150/1990). Es más: el Defensor del Pueblo, cabe afirmar, es el de mayor legitimación democrática para interponer esta clase de recursos, porque es el único órgano a través del cual un ciudadano puede, por medio de presentación de una queja, promover, de manera indirecta, el recurso de inconstitucionalidad, lo que ha sucedido en este caso puesto que son muy numerosas las quejas que aquel ha recibido para que recurriera el Estatuto.

En segundo lugar, está claro que se le quiere reprobar y cesar, porque se ha salido fuera del rebaño, y en las actuales circunstancias políticas no se permiten las ovejas sueltas e independientes. Claro que sus reprobadores no han leído ni por el forro lo que dice el artículo 6 de la Ley que lo regula: «El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio». Curiosa manera de indicarle, por tanto, que no es libre de pensar lo que quiera, sino que debe consultar al Gobierno y sus adláteres lo que debe recurrir o no.

En tercer lugar, la Ley Orgánica que desarrolla lo dicho en la Constitución es bastante deficiente en lo que se refiere al posible cese del Defensor del Pueblo, puesto que no establece conceptos claros. Por una parte, señala, en el artículo 5.4, que se le puede cesar «por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo». Pero ni explica lo que se considera exactamente por negligencia, ni señala quién es el que puede iniciar el procedimiento de su cese y ante qué órgano, ni tampoco, por último, se menciona para nada la palabra «reprobación». Para mayor surrealismo, los reprobadores han presentado, ante estas lagunas, una proposición ante la Cámara, que no debería haberse aprobado en ningún caso por falta de requisitos procesales, pero si se ha admitido al final ha sido por concesión del PSOE, a cambio de que voten los Presupuestos, advirtiendo éste que no apoyarán el cese cuando se debata la cuestión. Pura democracia.

Y, para acabar, este intento de reprobar y cesar al Defensor del Pueblo, es algo tan tonto como un brindis al sol en un día nublado, pues para que prosperase en ambas Cámaras, se exige en cada una tres quintos de sus miembros, y esas cifras no se pueden alcanzar más que con el acuerdo del PP. Requisito que no sólo resulta materialmente imposible, porque también este partido ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto, sino porque el Gobierno y los que le apoyan han firmado ya dos documentos para no pactar nada con este partido, el cual representa a 10 millones de españoles, y el segundo de ellos, of course, ante notario, para que quede así mayor constancia de su idiotez y sectarismo. En suma, una democracia sin demócratas equivale no ya a la cuadratura del círculo, sino a la circulatura del cuadrado.