La histeria antinmigración tiene un efecto similar al de los vertidos de petróleo en el mar. Los restos de chapapote pueden ser localizados lejos del lugar del accidente y sus consecuencias son percibidas durante años. Cuando, a mediados de la pasada década, España tuvo que hacer frente en solitario a un incremento de las llegadas de inmigrantes irregulares por la frontera Sur, el Gobierno del presidente Zapatero echó mano de todas las herramientas a su alcance —presupuestarias, legales y semilegales— para bloquear las rutas del Estrecho y hacia Canarias. Esta ofensiva, que definió el futuro de las políticas migratorias de nuestro país, incluía las “devoluciones en caliente” que acaba de bendecir el Tribunal de Estrasburgo, pero también otras medidas como el uso de la ayuda al desarrollo como lubricante de los acuerdos de control y repatriación con los países africanos.
En aquel momento Europa levantó una ceja y protestó desinteresadamente. Quince años después, el conjunto de la Unión ha llevado a escala la experiencia española y ha convertido en regla lo que nunca debió ser más que una excepción.
La historia es conocida. En 2014-2015, los conflictos en Oriente Próximo y África provocaron el desplazamiento forzoso de millones de personas. Para Europa, la emergencia humanitaria desembocó en una crisis institucional auto-inducida y en un aparatoso fracaso del sistema europeo de acogida. El miedo contaminó las acciones de los Estados miembros mucho más allá de un cierre temporal de las fronteras y provocó una suerte de bomba política de racimo de la que no se ha salvado casi nada.
El sistema de asilo y refugio es hasta hoy mismo una víctima colateral de esta doctrina. Pero si creen que la decisión que ha tomado el Tribunal de Estrasburgo es un problema, échenle un vistazo a las consecuencias sobre el modelo europeo de cooperación internacional. Desde que se desencadenase la llamada “crisis de refugiados”, la ayuda al desarrollo fue puesta al servicio de una estrategia antinmigratoria en origen y en frontera. Los 6.000 millones de euros prometidos al cuestionado régimen de Erdogan a cambio de cerrar la ruta del Este fueron en su momento el ejemplo más sonado, pero el daño principal de esta lógica se ha hecho sentir en un lugar diferente: el continente africano.
El Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la UE nació en 2015 para apuntalar la política europea de control migratorio. La pomposa retórica de la Cumbre de La Valeta hablaba de “abordar las causas raíz” de los desplazamientos procedentes del continente —tanto los forzosos como los voluntarios— y mejorar la coordinación en materia de protección y migración legal. La financiación para un período de cinco años sería de más de 4.000 millones de euros destinados a programas de desarrollo y fortalecimiento institucional.
En su interpretación más inocente, las aspiraciones de este fondo constituían un ejercicio de fantasía económica y política. Si algo sabemos de siglo y medio de migraciones masivas es que no emigra el que quiere, sino el que puede. De modo que la movilidad humana se intensifica cuando los individuos adquieren un nivel mínimo de capital económico y educativo. En otras palabras, el potencial éxito de estos programas de desarrollo incrementaría los flujos migratorios desde África hacia Europa, más que reducirlos.
En el caso del desplazamiento forzoso, hay que ser muy ingenuo o muy cínico para pensar que unos proyectitos aquí y allá van a poner fin a conflictos encostrados en la región africana desde hace décadas (y en los que la industria europea de defensa invierte generosamente).
Pero la ingenuidad no es uno de los defectos de los Gobiernos de la UE, para los que la política migratoria tiene mucho más de realpolitik que de realismo mágico. Desde el minuto uno, los atemorizados líderes europeos vieron en estos fondos una eficaz herramienta de chantaje o soborno para garantizar la complicidad africana en su estrategia de cierre de fronteras. Y no se equivocaban, porque cinco años de existencia del Fondo Fiduciario para África han demostrado todo lo que un palo y una zanahoria pueden hacer para convertir unas rutas migratorias en un verdadero infierno en la tierra.
Este fondo es una catástrofe ética y política. A menudo, hace lo opuesto de lo que predica, y en casi todas las demás ocasiones consigue lo contrario de lo que persigue. Pero su defecto principal es que constituye una imagen ajustada de unas políticas migratorias en las que el miedo ha llevado a democracias liberales de alto standing a cruzar líneas rojas en todas las direcciones. No hay institución o política que no hayan quedado contaminadas por la obsesión del control de fronteras. La decisión del Tribunal de Estrasburgo es una derrota en un frente fundamental y sensible para España. Pero esta es solo una batalla de una guerra más amplia y que estamos perdiendo.
Gonzalo Fanjul es cofundador de porCausa y autor del blog de El País 3.500 Millones.