Una deuda histórica con Sefarad

Los descendientes de aquellos judíos expulsados en 1492 pueden ser ciudadanos españoles. Es, a los ojos del Gobierno que acaba de tomar la medida, la reparación de una “deuda histórica”. Incluso para los parámetros de la época, la decisión de los Reyes Católicos, fue una injusticia. Se les desterró violentamente porque sus autores pensaban que la pluralidad cultural era una amenaza. Que hoy los responsables políticos del país que nació de aquella decisión reconozcan la injusticia cometida es un gesto digno de encomio, a condición de que se tenga bien presente el alcance de la deuda contraída.

Un gesto encomiable, evidentemente, porque rompe con el sacrosanto principio de que “la historia es el tribunal de la razón”, es decir, que lo que vale, lo que cuenta, es lo que consigue imponerse. Vae victis! Si ahora uno viene y reconoce que lo que tuvo lugar fue injusto, lo que hace es sacar los colores a la historia. Ahora bien, si la expulsión fue una injusticia, la España que emergió de aquella decisión, que es la nuestra, tiene los pies de barro. La deuda no se refiere sólo, por tanto, a los judíos —injusticia tanto mayor cuanto que los expulsados eran habitantes de la península Ibérica anteriores a los cristianos viejos que les expulsaban— sino a la España que pudo ser y de la que se privó a las generaciones siguientes.

Aquellos que han pensado España desde sus conflictos, como Américo Castro, coinciden en señalar que nuestra secular malvivencia tiene que ver con un acontecimiento traumático que transformó la convivencia en enfrentamiento y que periódicamente se repite. El trauma viene de un proyecto histórico, llamado España, que se construyó desde la negación de lo que significaba Sefarad.

No se trataba sólo de expulsar a una comunidad que invocaba a un Dios distinto, sino a un pueblo que había hecho de la diáspora su filosofía política. La diáspora es el modo de existencia política por la que optó Israel en el exilio de Babilonia. Antes quiso ser un reino, como tantos otros, y le salió mal porque acabó confundiendo algo tan terrenal como la convivencia con un trasunto de lo divino como era el Estado.

Esa experiencia les vacunó, dice el filósofo Moses Mendelssohn, contra toda tentación de aspirar a un Estado propio. Entonces decidió que lo suyo era vivir pacíficamente entre los demás pueblos, renunciando a toda forma de nacionalismo político. Con la diáspora Israel inventa la universalidad política. El destierro de los judíos era el índice de que para el proyecto político que nacía con la unificación de Castilla y Aragón el judío de la diáspora era un incordio.

Es verdad que España no fue la única nación, ni siquiera la primera, en tomar una medida semejante. Pero esa tónica general lo único que revela es la fragilidad sobre la que se ha construido la historia de los Estados modernos. La violencia y no la razón han construido la historia.

El reconocimiento de la nacionalidad española a los judíos sefardíes repara la parte más formal de la injusticia pasada. Lo suyo sería repensar lo que España ha devenido, una vez que se liberó de la rémora que suponía tener entre sus filas a un pueblo dominado por la mentalidad diaspórica. No deberíamos quejarnos del ruido que provocan los que ahora plantean en Cataluña la independencia. Es más de lo mismo. Un pueblo, un Estado. Y si todos los Estados se han construido excluyendo, por qué el excluido no ha de optar a ser Estado, aunque sea de nuevo excluyendo. Sólo un pueblo se atrevió a pensar un modo de existencia diferente. Y ese pueblo se atragantó a todo el mundo.

La mentalidad diaspórica, que fue vista como un peligro en el pasado, ¿tiene algún sentido hoy? ¿la debemos algo? Sabemos que el antisemitismo europeo fue tan brutal que una buena parte de los propios judíos acabaron recalando en el nacionalismo sionista. Ni siquiera la Unión Europea, nacida para superar los límites territoriales, consigue dejar atrás los atavismos nacionales. Malos tiempos para el universalismo político.

La esperanza de que las cosas puedan ser de otro modo la dan gestos como este de reconocer una deuda histórica, porque más allá de reconocer el daño causado a una parte de los españoles de la época, lo que ahí se esconde es la denuncia de un modo violento de construir la convivencia.

La reparación que propone con su gesto el Gobierno español es meramente simbólica y vale sólo en la medida que reconozcamos lo irreparable, es decir, lo que todavía sigue pendiente. No se repara el daño material y moral que se hizo a sus antepasados. Y, tampoco, un modo de ser, heredado desde entonces, que nos lleva a afirmarnos los unos demonizando a los otros. Si el pasado pudo ser de otro modo, no estamos condenados a repetir lo recibido.

Reyes Mate es profesor de Investigación del CSIC. Su último libro publicado es La piedra desechada, Trotta, 2013.

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