Una Diada y cinco realidades

Resulta curioso cómo el nacionalismo catalán, año tras año, repite las mismas falsedades en el día grande de Cataluña, sin que apenas haya un claro y patente rechazo. La libre opinión no puede confundirse con la manipulación o el simple engaño. El derecho a la información veraz -art. 20.1.d) CE- es el corazón de cualquier sistema democrático y los medios de comunicación social tienen una especial responsabilidad en esta función clave para el ejercicio de nuestras libertades.

Hay cinco realidades que dejan en clara evidencia el proyecto de república catalana. Veámoslas.

Primera. La ausencia total de apoyo a la causa de la república Catalana. La soledad del nacionalismo catalán es unánime a nivel internacional, lo que obviamente hace inviable el proyecto. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se pronunció al respecto en su día con rotundidad: «Cataluña no está entre los territorios con derecho a la autodeterminación». En una línea similar se manifestaron otros líderes mundiales de la época como Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron, que se decantaban por una España fuerte y unida. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantenía la misma posición al afirmar que "solo conozco un socio y un amigo, que es España". A nivel internacional podemos concluir, como sostiene el catedrático de Derecho Internacional Rafael Calduch que la "nueva república de Cataluña no ha sido reconocida por ningún Estado o institución internacional. Más aún, los intentos de alcanzar un amparo jurídico a su reivindicación secesionista por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Corte Europea de Derechos Humanos no han logrado, hasta el momento, ninguna respuesta favorable a sus reclamaciones".

Una Diada y cinco realidadesPero quizás fue la propia Unión Europea, a través del entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la institución más rotunda al respecto: "Una Cataluña independiente estaría fuera de la UE". Sería, pues, un tercer país al que lógicamente no se le aplicarían los tratados de la Unión. No podemos seguir perdiendo tiempo, dinero y muchísimas energías que deberíamos dedicar a proyectos viables y constructivos.

Segunda. La inviabilidad económica del proyecto. No parece que los líderes independentistas se planteen con rigor sobrevivir económicamente al margen de Europa y sus mercados, del propio mercado español, de las ayudas de la UE, de las importantes editoriales en español que hay en Cataluña, de cómo reaccionaría el resto de España ante las entidades financieras catalanas y resto de empresas. Está demostrado que Cataluña funciona dentro de España, no lo contrario. Nuevamente la realidad lo demostró. Miles de empresas, más de 7.000, han abandonado Cataluña después de la declaración unilateral de independencia de 27 de octubre de 2017. José Luis Leal, al estudiar el coste de la independencia a nivel económico, apunta como lo más perjudicial la aplicación de la tarifa aduanera exterior común, que encarecería las exportaciones catalanas a la UE entre un 3% y un 5%. Para poder competir, salarios y beneficios retrocederían en unos dos puntos porcentuales del PIB. Se perderían las ayudas del Banco Central Europeo y destacaría, sobre todo, el problema de la deuda, que en Cataluña asciende a 76.700 millones de euros y en materia de pensiones el déficit es de 6.700 millones al año. Para un estudio más detallado está la obra de Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia.

Tercera. La muy cansina cantinela del "derecho a decidir". Posiblemente la gran mentira del nacionalismo. Digámoslo claramente, el derecho a decidir no existe y el derecho de autodeterminación, que sí existe, no es de aplicación. Si de esta última afirmación cupiera alguna duda, la propia Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970, Declaración relativa a los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la carta de Naciones Unidas la despeja: "Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color".

En cuanto al derecho de secesión, esto es, el derecho de una parte del territorio de un Estado a separarse del resto de ese Estado, no está recogido en la Constitución Española. Es un derecho muy poco contemplado en el derecho constitucional, tanto histórico como comparado, pues es extraño que un Estado recoja su propio desmembramiento. Solo se da en las constituciones de St. Kitt y Nevis, Etiopía, Uzbekistán, la Constitución de 1921 del Principado de Liechtenstein y la de Sudán de 2005. En total tenemos cinco países en el planeta y bastante alejados de la realidad española.

Cuarta. El Gobierno y el Parlamento catalán, controlados por el nacionalismo rupturista desde septiembre de 2015, han demostrado con su actuar su indudable carácter antisistema, respecto del orden democrático español fruto de la Constitución de 1978. Así, en estos seis años no han respetado las leyes, no han respetado las sentencias de los tribunales y han transformado el Parlamento catalán de poder constituido en, nada más y nada menos que... ¡poder constituyente! Todo ello constituye una verdadera aberración democrática.

Quinta. Tal vez la realidad más peligrosa del nacionalismo sea hacer política con las emociones y los sentimientos, marginando la razón y el interés general propios de los regímenes democráticos. Hace muchos años que Habermas nos advirtió de los peligros que acechan a la democracia cuando en la política desaparecen los argumentos racionales y jurídicos y entran en juego los elementos emocionales o sentimentales. La democracia representativa y el Estado contemporáneo son fruto precisamente de la racionalización y normativización, en importante medida, del actuar político. Es una de las principales aportaciones de las revoluciones liberales del siglo XVIII, en base a tres pilares esenciales: la separación de poderes, el principio de legalidad y la declaración de derechos. Solo los defensores del antiguo régimen se basaban en la historia, en el pasado, en los sentimientos.

Concluyo. El nacionalismo es un pensamiento que no genera espacios de libertad y convivencia, tendiendo a sociedades cerradas y excluyentes, donde el diferente a nivel ideológico no es bienvenido. La democracia, el pluralismo y la tolerancia tienen bastantes dificultades en los regímenes nacionalistas, que se suelen retroalimentar. Tiene razón Ignacio Sánchez-Cuenca cuando afirma que "el resurgir del nacionalismo español ha endurecido mucho el discurso. Y ha encontrado un infatigable aliado en el nacionalismo catalán. Juntos han llevado la descalificación mutua a niveles inaceptables". Es lo que tiene el nacionalismo.

Mario Bunge, profesor emérito de Filosofía de la Universidad McGill de Canadá, describe en un ilustrativo párrafo [Paco Moreno, El seny perdido. El independentismo catalán no tiene razón, Pamplona, ed. Laetoli, 2016, prólogo] su experiencia de más de medio siglo viviendo en Quebec y la actuación del Gobierno independentista: "Se prohibieron los letreros comerciales en lenguas distintas al québécois, el ingreso de niños de familias sin raíces británicas en las escuelas de lengua inglesa y el acceso a los no quebequeses en las burocracias provincial y municipal. A esas medidas se agregó la súbita agresividad de los independentistas para quienes no compartían su ideal. La mayoría de la población sintió miedo por primera vez en la historia de la provincia. Las grandes compañías trasladaron sus oficinas a EEUU o Toronto, que pasó a ocupar el primer lugar en la economía canadiense. Nadie invirtió en empresas provinciales, y los jóvenes educados en escuelas y universidades de lengua inglesa, como McGill, donde enseñábamos mi mujer y yo, se iban de la provincia en cuanto se graduaban. En suma, la provincia de Quebec se empobreció económica y culturalmente durante los gobiernos separatistas".

David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

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