Una dictadura llama a la puerta

Como es sabido, los padres de la Constitución de 1978 determinaron en su día que España se constituiría en un Estado social y democrático de derecho, último estadio evolutivo del Estado de derecho.

Para que un Estado pueda recibir el calificativo de Estado de derecho es menester que concurran estas exigencias: a) que el derecho sea un límite de la actuación de los poderes públicos; b) que éstos asuman responsabilidad cuando su actuación no sea ajustada a derecho; c) que el derecho tenga su origen legitimador en la voluntad del pueblo a través de sus representantes; d) que el derecho reconozca y garantice los derechos y libertades de los ciudadanos; e) que el poder político se distribuya entre diversos órganos (separación de poderes); y que se arbitren mecanismos que garanticen la exigencia de responsabilidad, tanto política como jurídica, de los poderes públicos (A. y F. Navas Castillo, El Estado constitucional, 2009).

Los requisitos anteriores nos llevan a afirmar que el Estado de derecho sólo es posible en una democracia y, en consecuencia, aquel modelo de Estado en el que no se limita el ejercicio del poder se puede definir como Estado totalitario o autocrático, en el que tampoco se garantizan los derechos y libertades fundamentales.

Sentadas estas elementales bases dogmáticas, estamos en condiciones de afirmar que se están cumpliendo, en contra del orden constitucional vigente, las peores previsiones que temíamos de esta conjunción gubernamental que desgobierna España desde enero de 2020, compuesta por el PSOE y Podemos.

Hace tiempo que suenan voces con el fin de alertar a los ciudadanos sobre las verdaderas intenciones de un sobrado y aventurero líder socialista, Pedro Sánchez. Al parecer, este mesiánico político ha emprendido un camino deconstructivo, desde el punto de vista constitucional. Ha iniciado el cumplimiento de un plan de desmantelamiento del actual modelo del Estado social y democrático de derecho, y, por las trazas que lleva y los pasos dados, está convirtiendo nuestra avanzada –y admirada– democracia en un sistema autoritario, cesarista o iliberal, como hoy también se le conoce.

En esa responsabilidad de transfigurar a peor nuestro modelo constitucional, Sánchez no está solo. Le acompañan, y se apoya, en formaciones de la peor calaña política: postmarxistas antisistema, secesionistas, nacionalistas y herederos políticos de ETA. Ahora bien: la principal responsabilidad recae en unas concretas siglas históricas que, cuando están en fase positiva para España (pocas veces), construyen políticamente hablando, como ocurrió con la Transición y su fruto la Constitución; y cuando esas siglas caen del lado negativo escriben las páginas más negras de nuestra reciente historia patria. Así ocurrió durante la Segunda República, en la que el PSOE adoptó un papel político determinante, y, en particular, en el rapto de locura del golpe de Estado de 1934, la llamada Revolución de Asturias.

Hoy, por desgracia para los españoles, el PSOE está siguiendo una trayectoria política errada consistente en que Pedro Sánchez, para la gobernación del Estado, se ha echado en brazos de lo que Ortega y Gasset llamó los particularismos hispánicos, fuerzas políticas centrífugas que arriesgan con fragmentar ese mismo Estado.

Sánchez está despreciando –y vulnerando– la Constitución de la Concordia, el texto político consensuado y refrendado que llevó a cabo la ruptura pacífica con la dictadura del general Franco, que recuperó la democracia y la libertad para los españoles, y que, en un gesto ingenuo (se ha sabido después), pero generoso, repartió territorialmente el poder, reconociendo lengua, cultura y personalidad jurídico-política a las variadas tierras integrantes de la nación española. Empero parece que no es bastante. Los socios de Sánchez quieren más, en un ejercicio irresponsable de voracidad política. Y lo peor es que este presidente está dispuesto a atenderles en su vieja y frustrada pretensión disgregadora, destructiva y humillante para esa misma Nación.

Las Leyes que está presentando y haciendo aprobar, en un increíble plan de demolición del Estado constitucional democrático, sólo benefician a los enemigos de España, como tantas veces hemos oído argumentar en el pasado, creyendo que se trataba de viejas e infundadas cuitas de nuestros antecesores. Hoy comprobamos con desasosiego y tristeza que tales advertencias tenían razón, tenían fundamento.

En la actualidad, Pedro lleva a cabo una inexplicable e inexplicada operación de colonización acelerada de los órganos constitucionales de control y de equilibrio propios de un Estado democrático. Sus nuevas y tendenciosas disposiciones, sus inasumibles reformas legales a petición de parte, sus concesiones a los enemigos de la patria están convirtiendo el orden constitucional recibido, tanto en la letra como en el espíritu, en un cascarón vacío cuya trágica consecuencia es la muerte de las libertades y la destrucción de nuestra democracia.

Los ciudadanos, ¿vamos a permanecer impertérritos ante la pérdida de nuestras libertades?

José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia civil.

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