Una ecuación irresoluble

Por Iñigo Bullain, profesor de Derecho Constitucional y Europeo de la UPV-EHU (EL CORREO DIGITAL, 30/09/06):

La declaración de tregua por parte de ETA y el apoyo parlamentario al Gobierno para emprender un diálogo con la organización armada han provocado, a mi juicio, falsas expectativas sobre el resultado a obtener de tales conversaciones. De un lado, se espera que como consecuencia de las mismas el Gobierno acordaría la disolución de ETA a cambio de una legalización política y de ciertos beneficios penitenciarios: aproximación de presos, terceros grados; por otro lado, se especula con determinadas concesiones políticas que se encauzarían a través de un foro multipartidista denominado ‘segunda mesa’. Sin embargo, entiendo que las dos premisas de la ecuación, es decir, la disolución de la organización a cambio de unos acuerdos políticos, son para ambas partes irrealizables. Por una parte, la dirección de ETA no cuenta con la legitimidad orgánica ni tampoco con la autoridad ideológica para disolver la organización. Por su parte, el Gobierno no cuenta con ningún mandato para poder negociar sobre dominios -territorialidad, autodeterminación- sobre los que carece de competencia.

La organización que hoy se conoce como ETA tiene su origen en la división que en 1974 dio lugar a la aparición de ETA (m) y que dividió a ETA entre milis y polimilis, sustituyendo a la anterior estructura de frentes: político, cultural, obrero y militar. Mientras que ETA (pm) terminó disolviéndose tras diversas vicisitudes en los ochenta y estuvo detrás del alumbramiento de Euskadiko Ezkerra, ETA (m) se fusionó con los ‘berezis’ provenientes de ETA (pm) y estableció una dirección conjunta en 1977. Desde entonces la dirección etarra ha sido renovada por cooptación, eludiéndose cualquier procedimiento de representación más o menos participativo, como ha sido el caso del IRA. Por consiguiente, es lógico suponer que la dirección etarra no cuenta con ningún derecho representativo como para comprometer la existencia de la organización. De hecho, la perspectiva de disolver ETA nunca ha sido contemplada, salvo intermitentemente por el denominado ‘cáncer liquidacionista’, y por el contrario, conforme a la doctrina etarra, aun alcanzando sus objetivos, ETA permanecería como garante.

En la fundación de ETA (m) es clave la estrategia organizativa diseñada por Argala, que implica la desconexión orgánica de la organización militar del entramado político «para evitar derivas reformistas y garantizar la estrategia revolucionaria». Este diseño para asegurar la continuidad de la organización no impidió que la cúpula etarra, conforme a unos criterios oligárquicos de centralización y jerarquía, dirigiera la organización y ‘de facto’ al MLNV, como se evidenció con la crisis de HASI a finales de los ochenta o la ruptura de la tregua una década más tarde.

En lo que se refiere al credo ideológico, el imaginario etarra está sustentado en la legitimidad de la violencia política como respuesta a la violencia que el Estado impone sobre Euskal Herria con objeto de liberar al Pueblo Vasco y alcanzar la independencia, negándose terminantemente la posibilidad de que mediante el solo recurso a las vías políticas dicha liberación fuera posible. Tal axioma, que hace de la violencia el eje central alrededor del que se construye una suerte de religión nacional y de ETA, una especie de liderazgo mosaico, se ha mantenido inalterable durante las últimas tres décadas y nada hace suponer que como consecuencia de las conversaciones pueda, conforme a ese imaginario, resultar invalidado, por alcanzarse o quedar despejado el camino hacia la Euskal Herria socialista ‘de leche y miel’.

De hecho puede recordarse que ETA no ha sido capaz de forzar una negociación ni con el Ejército, como pretendió durante años, ni tampoco con sucesivos gobiernos españoles. Las conversaciones de Argel y de Ginebra con los ejecutivos de González y Aznar apenas superaron el estadio de intercambio de opiniones. También fracasaron las negociaciones con otras fuerzas nacionalistas en torno al denominado ‘Pacto de Lizarra’. En realidad las pretensiones de ETA de negociar en nombre del ‘Pueblo Vasco’ en favor del reconocimiento de derechos para Euskal Herria chocan con una serie de obstáculos infranqueables: la falta de representatividad de ETA para hacerlo y la imposibilidad de representar legítima y legalmente a tales sujetos; la oposición de las fuerzas políticas a que se ningunee a sus respectivos electorados; la debilidad de ETA para forzar una negociación, o la negativa rotunda del Estado y de la sociedad a reconocer a ETA que el recurso a la violencia política estaba justificado.

Resulta así una paradoja que la ecuación de una imposible negociación se establezca en unos términos en los que la disolución de la organización sólo se haría posible como consecuencia de su reconocimiento como interlocutor político. Por los motivos antes expuestos entiendo que, por el contrario, resulta más previsible contar con que ETA no se disolverá, aunque pudiera ofrecer garantías sobre el cese de la actividad armada a cambio de que se abra una vía a la actividad política del MLNV y de unos beneficios penales y penitenciarios para presos y refugiados. Si así fuera, ETA permanecería congelada con un valor simbólico, al estilo del que mantuvo el IRA desde que perdió la guerra civil en los años 20 hasta finales de los 60.

Naturalmente que cabe plantearse otro escenario. Se trata del supuesto de que fracasen las conversaciones. No resulta difícil imaginar que un fracaso perjudicaría al PSOE y podría facilitar una victoria del PP; en ese caso ETA no sólo no obtendría ningún acuerdo sobre legalización política y presos, sino que es presumible que su círculo político, jurídico y mediático ingresaría también en prisión. En tales circunstancias, sería probable una reactivación de la actividad armada y ETA prolongaría penosamente su subsistencia a cambio de graves costes humanos y políticos. Por el contrario, si se llegara a un acuerdo sin concesiones políticas ni disolución pero que garantizase el fin de la actividad armada a cambio de una legalización política y unos beneficios para los presos, el PSOE podría resultar beneficiado electoralmente por acabar con la amenaza terrorista sin costes políticos. No sólo podría aspirar a obtener un apoyo electoral ‘ex novo’, sino que sobre todo privaría al PP de su principal activo electoral, tal y como se puso de manifiesto el 11-M cuando, tras la matanza, insistía en proclamar la autoría de ETA.

Puede contarse con que haya gente en la dirección del MLNV que, ante la perspectiva de un futuro carcelario o de un porvenir en la política, trate de evitar un fracaso de las conversaciones, incluso si las perspectivas de obtener a través del foro de partidos un acuerdo que les permitiera evitar reconocer su derrota son mera propaganda. A mi juicio, confiar en que en dicha segunda mesa pueda llegarse a una acuerdo interpartidos es también una ilusión sin mucho fundamento, tal y como se ha puesto de manifiesto durante las últimas décadas. En todo caso, pudieran sentarse las bases de un acuerdo de reforma estatutaria PNV-PSOE, muy lejos de las pretensiones autodeterministas y de territorialidad.

Pero de momento nada parece indicar que ni desde la dirección ni desde las bases del MLNV se quiera poner en revisión el credo político que ha mantenido a la organización y su entorno. Como tampoco los nacionalismos vasco y español parecen dispuestos a liberar sus doctrinas de un espíritu fundamentalista, que todavía sigue presente en los idearios sobre Euskal Herria y alienta también en el texto constitucional de 1978, cuyo artículo 2 expresa literalmente nada menos que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Así las cosas, me parece que por ahora no tienen fundamento las pretensiones de poner fin al ‘conflicto’, más bien los objetivos debieran encaminarse a civilizarlo para acometer en un marco de distensión un proceso de pedagogía política que vaya aproximando una reforma constitucional, nos aleje de metafísicas religiosas, y profundice en la racionalización de la política y en la universalidad del individuo. Un proceso encaminado a que se reconozca la libertad de nacionalidad, se haga de la residencia el criterio político determinante y se desarrolle la ciudadanía europea como elemento de integración continental.