Una equivocada Ley de Cine catalana

La Generalitat de Cataluña debe desarrollar políticas para promover el uso del catalán. El conflicto aparece cuando la lengua se prioriza frente a los problemas particulares de cada sector.No es de extrañar que la propuesta de creación de una Ley de Cine en Cataluña sea polémica, dado que su objetivo es incrementar la presencia del catalán en los cines de la comunidad y no incentivar su demanda.

Lo primero que cabe preguntarse es si tiene sentido una Ley de Cine en Cataluña, ya que la producción cinematográfica cada día tiene mayores componentes supranacionales, su distribución es global y su financiación tiene un marco normativo estatal y europeo.Además, la ley española de cine del 2007 desarrolla un marco específico, y bastante generoso, para las lenguas minoritarias del Estado.

Es evidente que Cataluña tiene un sistema cultural propio, aunque si ello constituye materia suficiente para justificar una ley de cine es opinable. El problema es que se trata de un proyecto que no pone el énfasis en la producción de cine, sino en los mecanismos de distribución y exhibición lingüística. No hay que ningunear la importancia de la distribución, que es esencial, sino orientarla a los escenarios digitales y a internet. Y en ambos casos, la importancia de la lengua es decreciente, especialmente en su vertiente doblada.

La ayuda pública al cine catalán proviene de la Generalitat y de TV3, y las subvenciones están financiadas por el Institut Catalá de Finances. Estas aportaciones complementan los fondos que destina al cine el ICAA (por cierto, mayoritarios). Este modelo ahora no es cuestionable, aunque podría ser objeto de un marco normativo algo más preciso. Pero no hace falta una ley para eso. Otra cosa sería regular las ayudas públicas para evitar mantener eternamente aquella parte del sector que es poco eficaz y altamente refractaria a la innovación y a la entrada de nuevo talento. Pero no parece que éste sea el objetivo que se persigue.

El problema del cine catalán, y del cine español (suponiendo que sean cosas distintas) es que se ha convertido en un modo de producción rutinario en el que sólo una parte de la producción lucha objetivamente por entrar en el mercado real. Regularlo y mejorarlo sí sería el objeto de una ley legitima porque, al fin y al cabo, la existencia del cine depende de las políticas públicas. Pero aprobar una norma para condicionar y tasar únicamente la circulación del cine estadounidense es pueril.

Para mejorar la posición de nuestro cine en el mercado local hay que ampliar el poder de nuestras distribuidoras, lo que es imposible si las televisiones públicas y privadas compran directamente a las majors y no lo programan en prime time. Una ley que afecta a un sector tan intervenido como el cine no puede culpar de sus fracasos a los intermediarios privados, sin hacer, en paralelo, una mínima autocrítica.

También hay que decir que una película en versión original catalana tiene un mercado más difícil , pero eso no significa que sea más cara de producir. En igualdad de condiciones, a menudo es más barata porque no requiere de un casting internacional. Es importante no confundir las dificultades de exhibición y los costes de producción, si queremos evitar que la ley legitime a una serie de autores por una elección lingüística y no por su valía artística, o a una serie de productoras por su posición ideológica y no por su capacidad de penetración en los mercados cinematográficos.

Xavier Mercé, vicepresidente del Grupo Focus.