Una esperanza para Polonia

Se acerca el momento de la verdad en el enfrentamiento entre Polonia y la Comisión Europea por las vulneraciones que sufre el Estado de derecho en ese país. El diálogo con Varsovia, provocado por el cambio ilegal de los jueces del Tribunal Constitucional que se produjo en el otoño de 2015, no ha suscitado ningún cambio de política por parte del Gobierno nacionalista-conservador de Ley y Justicia (PiS en sus siglas en polaco). Más bien, Varsovia rechaza el derecho de la Comisión a vigilarla y continúa su deriva antiliberal. La reforma judicial aprobada en julio abrió un nuevo frente: el hecho de que, a partir de ahora, la capacidad para nombrar a los jueces vaya a recaer en el ministro de Justicia supone un grave obstáculo para la independencia judicial. Poco puede sorprender que la Comisión haya puesto en marcha un procedimiento de infracción contra Polonia.

Sin embargo, parece que el momento de externalizar políticamente el caso polaco hacia la Comisión ya ha pasado. Lo más revelador es el cambio de actitud de Alemania. Durante mucho tiempo, Angela Merkel creyó que la política que convenía a Berlín y a otras capitales era mantenerse al margen del rifirrafe entre Varsovia y Bruselas. No se le ocurrió que politizar el conflicto podría favorecer a un interés más general, el de mantener unida a la UE. Ahora parece que está cobrando fuerza la idea contraria: que hacer caso omiso de la persistente violación de las normas de la Unión supone una amenaza mayor que romper el silencio.

La lista de conflictos que aumentan la brecha entre el Gobierno populista polaco y las instituciones de la UE va mucho más allá del respeto al Estado de derecho, absolutamente fundamental. Varsovia pretende reclamar reparaciones a Alemania, no atiende al Tribunal de Justicia Europeo cuando ordena detener la tala de árboles en el bosque de Bialowieza, se niega a cumplir sus compromisos respecto a la reubicación de refugiados y busca pelea política con París. Denuesta a la UE por considerarla un proyecto político que ha abandonado sus tradiciones cristianas y se ha convertido en un instrumento ideológico, izquierdista, concebido para homogeneizar poco a poco a Europa de acuerdo con los principios del multiculturalismo, la secularización y la ecología.

La Comisión podría tener la tentación de activar el artículo 7 del Tratado de la Unión y pedirle al Consejo Europeo que proclame que en Polonia el Estado de derecho está gravemente amenazado. El requisito de que esa medida la acepten 22 Estados miembros parece factible.

En la creciente crisis polaca, quienes confían en que las tendencias antiliberales y deseuropeizadoras se detengan tendrán que estar atentos a dos procesos. En primer lugar, a corto plazo, puede que los desacuerdos entre Kaczynski y el presidente Andrzej Duda, ambos del mismo partido, que controlan totalmente el Gobierno, proporcionen cierto alivio. Al vetar, como hizo en julio, dos proyectos de ley que habrían profundizado mucho más en la reforma judicial, superando las líneas rojas que establece el principio de separación de poderes, Duda se atrevió por primera vez a desafiar a Kaczynski y evidenció que ambiciona ser el líder de la derecha. Los optimistas, entre ellos la Comisión Europea, esperan que, menos por una auténtica convicción liberal-demócrata que por recalcar la independencia de su posición, Duda pueda detener algunas de las reformas más peligrosas. Pero su margen de maniobra es muy escaso. A pesar de su creciente popularidad, Duda necesita el apoyo del partido para su reelección y no se puede permitir un enfrentamiento frontal. El PiS sigue siendo muy fuerte y con el 40% en la expectativa de voto se sitúa muy por delante de la oposición liberal. El PiS ha cumplido su promesa electoral de ayudar económicamente a los más pobres y la economía, con un crecimiento del 4% va viento en popa.

Pero más del 50% de los polacos no apoya las reformas antiliberales y muchos desearían más integración europea (el apoyo a la pertenencia a la UE se sitúa incluso por encima del 80%). ¿Se traducirán esas cifras en respaldo político para la oposición? Para demostrar que es urgente impedir que el PiS destruya la democracia liberal, los liberales que lanzan esa advertencia deberán superar las divisiones partidistas, ir más allá de las críticas y presentar una propuesta política convincente.

El antiliberalismo y la deseuropeización están llevando al país a la perdición y debilitando a la UE, en una época en la que no puede permitírselo.

Piotr Buras es director de la oficina en Varsovia del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

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