Aunque el auge del populismo en Europa se debe a muchos factores, en alguna medida la situación de insurgencia populista en países como Polonia y Hungría se debe a la permisividad de las instituciones comunitarias y de sus Estados miembros desde hace casi una década.
La ambigüedad de la Comisión Europea es preocupante al haberse inhibido durante años de sus responsabilidades como guardiana de los Tratados y de su poder de activar el mecanismo de sanciones cuando un Estado se desvía de la senda democrática. La UE ha aceptado que en Polonia y Hungría se infrinja la libertad de información y de prensa (los medios privados están sujetos a la gestión y supervisión pública), la libertad de reunión, el derecho a la intimidad, se impida la creación de centros universitarios, se tipifique como delito el cruce ilegal de una frontera -mero ilícito administrativo-, o se ponga fin a la independencia de los jueces -que quedan sujetos en su mandato al agrado del Ejecutivo-, y al Estado de Derecho mismo al negarse las autoridades polacas a respetar y ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional.
La Comisión ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra Polonia por la reciente reforma que pone a la función judicial bajo la dependencia del Ejecutivo y somete las decisiones judiciales al control del Legislativo y del Gobierno... (por cierto, el sueño de Podemos y de los supremacistas catalanes, en España). Otra infracción de la reforma polaca -la edad de jubilación diferente para jueces varones y jueces mujeres- es muy evidente y hay jurisprudencia consolidada en el Tribunal de Luxemburgo confirmando esa violación de derechos fundamentales desde 1986 (asunto Marshall I) en toda normativa nacional que obligue a jubilar a las mujeres a edad distinta a la de los varones. Esa reforma huele a clara rebeldía.
Ahora bien, aunque la Comisión Europea ya había enviado varias recomendaciones a Polonia constatando graves violaciones al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales -a las que no ha hecho ningún caso-, sigue sin atreverse a dar el paso político de activar el procedimiento especial por graves y sistemáticas violaciones de los derechos fundamentales y de los valores de la UE del art. 7 del Tratado de la UE. Se trata de un mecanismo político que pone en observación formal al Estado infractor y, llegado el caso, permitiría adoptar sanciones diversas, incluida la posibilidad de retirarle el derecho de voto. La Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo posiblemente reserven ese procedimiento sólo cuando se constate que hay hornos crematorios y siempre que funcionan a todo gas...
La Comisión se ha limitado días atrás a abrir un procedimiento general, que existe desde el inicio de la integración en los tratados fundacionales de 1957, que sirve para cualquier infracción al Derecho de la UE atribuible al Estado miembro; al año se abren más de un millar de procedimientos similares de los cuales, al no avenirse el Estado mediante las correcciones adecuadas, un tercio se llevan como demanda a un contencioso judicial ante el Tribunal de Justicia de la UE que dura entre 12 y 24 meses.
La Comisión Juncker nunca estuvo dispuesta a iniciar el procedimiento preventivo del artículo 7 TUE para poner en observación a Polonia. De entrada, ha enfriado y ralentizado la acción prevista en el Tratado mediante la adopción de barreras o marcos de diálogo previos, inventados por la Comisión para no aplicar los procedimientos de observación y monitorización del Estado que se desvía de la senda democrática (art. 7 del Tratado de la UE). Hasta que la ciudadanía polaca ha salido a la calle.
No menos inquietud produce la domesticación, en esta materia, del Parlamento Europeo por los partidos y los Gobiernos por su falta de iniciativa cuando por sí solo podría activar ese procedimiento político de sanciones. Y no menos preocupante, aunque previsible, es la tolerancia y falta de sensibilidad democrática de una amplia mayoría de Gobiernos de los Estados miembros hacia los despropósitos de los Ejecutivos de Polonia y Hungría.
Cuando se compara la gravedad de las violaciones al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales en estos dos países con la situación en Austria en el año 2000 (la llegada al poder en coalición de un grupo nacionalista con la democracia cristiana austriaca) y la firme respuesta de la UE -que además no tenía base jurídica para monitorizar a Austria y se tuvo que recurrir a otra organización, el Consejo de Europa-, se constata con dolor la involución de los valores en la UE. Entonces Bruselas dio un golpe de efecto reivindicando sus valores. Hoy, la Unión reniega de sus valores.
Y no es un problema de falta de normas sino de voluntad para aplicarlas. Entonces, en el 2000, no había marco jurídico, si bien la UE lanzó un mensaje claro contra los neonazis austriacos; ahora hay instrumentos normativos, pero la Comisión Juncker ha puesto frenos a su utilización y sólo ha jugado de farol con la retórica de los valores frente a los neofascistas polacos.
El caso de Polonia ha atravesado todos los límites. Ya hace más de un año (marzo, 2016), la denominada Comisión de Venecia para la Democracia a través del Derecho, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa -que reúne a los 47 Estados del continente-, había declarado que la Justicia constitucional es un elemento clave del sistema de frenos y contrapesos de una democracia constitucional, exigiendo el respeto a su plena independencia.
En diciembre de 2016, la Comisión Juncker reconocía que había un deterioro constante del Estado de Derecho en Polonia. Pero nunca ha hecho nada efectivo y se autoimpuso barreras para no poner en dificultad a un Gobierno del Partido Popular Europeo. El tiempo no resuelve los problemas de esta índole -también vale para España-, sino que los magnifica con un Gobierno -como el polaco, como el catalán- que va a más en su violación grave y sistemática de los valores fundadores de la UE (art. 2 TUE).
Es tan grave que la Comisión Juncker dé alas a los movimientos populistas en Europa como que desaliente la confianza de la ciudadanía en el proyecto democrático de convivencia de Estados y ciudadanos. Está socavando la incipiente credibilidad de la Comisión y de la propia Unión Europea tras la digna y firme reacción frente al Brexit.
Para poder ingresar en la UE, un Estado candidato debe probar que su derecho y práctica política respeta una serie de valores (criterios de Copenhague). Siempre se ha interpretado que esa obligación no se extingue tras el ingreso.
Necesitamos un Europa ejemplarizante, no una UE incoherente que se sitúa de forma incongruente ante el dilema de Copenhague: exigencia de respeto a valores en el momento mismo del ingreso, y pasividad total ante violaciones graves en el seno de sus Estados miembros.
Claro que la involución de valores llega hasta mirar para otro lado cuando se violan masivamente como candidato (Turquía), dejando indiferente a las instituciones y Estados de la UE los casi 100.000 represaliados por la dictadura rampante de Erdogan. O las críticas más bien parcas e inanes sobre el fin de la democracia y el Estado de Derecho que vive Venezuela. El flamante campeón del autoritarismo, el presidente Trump, le gana por la mano a la titubeante democracia cristiana europea y anticipa sanciones de importancia al narcogobierno de Maduro. Claro que se puede entender la falta de sanciones a Venezuela por la falta de valor para sancionar a Polonia, si bien entre ambos gobiernos autoritarios median nada menos que los centenares de muertos y los miles de perseguidos en Venezuela.
Lo que está en juego para todos en Europa es preservar un sistema basado en el respeto a los derechos fundamentales de toda la ciudadanía y necesitado de controles y equilibrios efectivos de los poderes. ¿De qué sirve proclamar principios y valores que no estamos dispuestos a defender entre nosotros?
Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, y Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.