Una extraña alianza

No hay discusión más aburrida en España que cuando se debate sobre el modelo territorial. Y no porque el asunto carezca de importancia, sino porque se trata de una polémica circular. Ya que Artur Mas ha puesto de moda las metáforas marineras, me atrevo a comparar esta cansina cuestión con la de un velero que, aunque esté bien anclado, puede dar la sensación de que se dispone a emprender su marcha cuando el viento infla sus velas. Al debate sobre el modelo territorial español le sucede lo mismo: parece que se desliza a causa de ruidosas polémicas pero, en el fondo, no se mueve de donde está.

Tras el viento huracanado que levantó la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, parecía que los partidos soberanistas en Catalunya, empezando por CDC, estaban decididos a romper los amarres con el resto de España. Desalojadas las izquierdas de la Generalitat, el nacionalismo conservador ha ido a marchas forzadas hacia el posibilismo, rebajando hasta la mínima expresión la propuesta de concierto económico y posponiendo sine díe lo del derecho a decidir. Hace unas semanas, en cambio, los vientos giraron contra la proa, y, tras las tempestuosas declaraciones de José María Aznar, parecía que el barco autonómico entraba de cabeza en un proceso de revisión recentralizadora. La crisis económica y la realidad del déficit público servían ahora de excusa para una nueva campaña de desprestigio de las autonomías y para rescatar la quimera de un Estado centralista fuerte. El ruido mediático fue tan grande que el propio Rajoy tuvo que aclarar que su partido no estaba proponiendo quitar ninguna competencia a las comunidades, mientras Rubalcaba aprovechó la ocasión para defender el modelo actual, aun admitiendo la necesidad de mejoras.

Mucho me temo que nos pasaremos muchos años más en este flujo y reflujo. Mientras tanto, el alud cruzado de críticas empieza a erosionar el hasta ahora amplísimo apoyo ciudadano que recibía el Estado autonómico, que ha caído 19 puntos, del 74% en el 2005 al 55% en el 2010, según un reciente informe del propio Gobierno. A nivel general se ha extendido la percepción de que las comunidades acometen ciertos gastos socialmente poco justificados en una situación de grave crisis económica, como son las televisiones públicas o las representaciones en el exterior. En un momento crítico como el actual, los argumentos en contra toman más fuerza: la descoordinación entre las diversas administraciones, las duplicidades de servicios, la confusión competencial o de excesiva burocratización y despilfarro. Aun así, por ahora, todos los estudios de opinión revelan que los españoles no imaginan sustancialmente otra forma mejor de organizar el Estado.

En cualquier caso, después de la segunda generación de estatutos, y ya van siete los textos reformados, el modelo autonómico ha continuado reforzándose. Por ello me parece que tanta agitación responde sobre todo al protagonismo mediático que en Madrid y en Barcelona tienen dos discursos regresivos que se retroalimentan: el neocentralismo y el soberanismo, respectivamente. En su radicalidad, ambos son proyectos políticos de imposible materialización sin una grave ruptura de la convivencia española, pero que persisten, y en parte están logrando desprestigiar el sistema autonómico.

De lo sucedido en las últimas semanas, creo que se puede entrever la hipótesis de una extraña alianza entre ambos. En efecto, algunos sectores políticos e intelectuales acarician la idea de acometer una recentralización de la España castellana, pero respetando el autogobierno de las nacionalidades históricas. Se trataría así de recuperar, en parte, el supuesto modelo original de la transición. Lo ha explicado desde La Vanguardia Enric Juliana en su crónica Así empezó el ‘café para todos’, con clara añoranza de lo que debería haber sido, pero no fue: tres estatutos, y el resto, regiones sin Parlamento. En la misma idea coincidía José Antonio Zarzalejos, exdirector de Abc, en un artículo titulado El españolismo inteligente en el digital El Confidencial. Ambos, pues, coincidían en plantear la necesidad de repensar el modelo autonómico de forma selectiva, lo cual abriría las puertas a un acuerdo sobre el modelo territorial entre el PP y CiU, y que incorporaría a algunos sectores hoy minoritarios en el PSOE, como José Bono.

Pero se trata de un planteamiento políticamente inviable. Las élites territoriales, tanto populares como socialistas, no lo consentirían (lo acabamos de ver con el tema de la financiación, donde nadie quiere ser menos) y, además, haría falta una reforma constitucional. Pero es un imaginario que agrada a los neocentralistas, pues el Estado recuperaría poder, y satisface igualmente el imaginario de los nacionalistas catalanes, que nunca han soportado la homogenización autonómica, pero que saben que la independencia es un camino de muy difícil andadura. Estamos ante un intento de revisar la transición desde posiciones que, en su radicalidad, fueron derrotadas en 1978 y que ahora acarician una extraña alianza.

Por Joaquim Coll, historiador.

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