A estas alturas está claro que los estatutos del PSOE son un coladero. Miren con ojos críticos los de los demás partidos y verán que tampoco ofrecerían buenas soluciones ante una crisis equivalente. La exigencia de la Constitución Española de que el funcionamiento y organización de los partidos deban ser democráticos se convierte en papel mojado al no concretar las leyes unos mínimos contrapesos internos y solo existir la posibilidad de un incierto recurso ante los tribunales.
El PSOE está desangrándose en un conflicto orgánico pero las raíces de la crisis se hunden en la progresiva pérdida de un proyecto político que responde con clichés a cuestiones tan importantes como la territorial o el modelo social ante la globalización económica. Eso no exime de ninguna culpa a Pedro Sánchez, primer responsable del destructivo espectáculo que se está dando. La actitud leal con el partido y con España habría sido no intentar marrullear con las lagunas de las normas internas y marcharse cuando ya no tiene siquiera la confianza de la mitad del equipo que él mismo nombró.
Mi opinión es que hubiese sido preferible llegar al sábado sin disolución de la ejecutiva para tener una discusión sobre el fondo de las intenciones de Sánchez de convocar un congreso Ordinario del PSOE antes del límite del plazo de investidura. Además, si hubiese perdido y no hubiese dimitido (de hecho, llegó a decir que no lo haría), sus críticos podrían haber presentado inmediatamente una moción de censura ante el Comité Federal a un secretario general que en lugar de intentar representar a toda la organización había llegado a afirmar que él se situaba en un “bando” y pedir a los demás que eligieran el suyo. Pero en cualquier caso, esa dimisión de la mitad de la ejecutiva es una opción recogida en los estatutos que tenían perfectamente el derecho a ejercer.
Frente a ello, es inadmisible que Sánchez intente atrincherarse en una sola frase de los estatutos sin interpretar su conjunto ante la exigencia de democracia interna de nuestra Carta Magna, que implica un equilibrio de poderes, incompatible con que un secretario general sea inamovible porque decide permanecer en funciones pese a la retirada de la confianza, con la complicidad de una presidenta de la comisión de garantías que sencillamente pasa de convocar las reuniones correspondientes (mutatis mutandis, lo que hicieron Rajoy y Pastor hace apenas un mes).
Pretender que puede dirigir el partido hasta un nuevo congreso cuando lo que queda de su ejecutiva ya no alcanza el quórum que exigen los estatutos para tomar decisiones válidas es sencillamente un fraude. Por analogía con las normas que sí lo prevén expresamente a nivel regional, el comité federal (máximo órgano entre congresos, que representa pues a los militantes) debe nombrar una comisión gestora. Sirva también como prueba de que la ejecutiva cesada no puede seguir en funciones el que los estatutos prevén esa circunstancia a los miembros del comité federal (que representan directamente a la militancia entre congresos) pero no a los de la ejecutiva.
¿Quién propone una gestora? ¿Cómo se elige? No debería resultar polémico. La mesa del Comité Federal ha de reunir inmediamente a ese órgano, pedir que se presenten candidaturas y someterlas al voto, siendo suficiente una mayoría simple porque de otra manera podría resultar imposible que se constituyera la gestora. Su misión es asumir la administración ordinaria del partido y convocar el Congreso, que debería ser el ordinario al haberse sobrepasado el plazo en que este debía convocarse. Deben hacerlo lo antes posible, porque no pueden ser juez y parte en retener más tiempo del necesario ese poder ejecutivo, pero eso no significa que haya de ser inmediatamente ya que pueden necesitar algunas semanas para verificar o restablecer las condiciones necesarias para que se convoque el congreso con plenas garantías.
Y efectivamente ahí va a tener la gestora trabajo, porque el equipo de Pedro Sánchez lleva arrastrando trampas desde el inicio de su mandato. La primera y más duradera es el desmantelamiento de toda una federación regional, el PSOE Europa, secuestrada por una gestora presidida por uno de sus fieles (su secretario de Emigración, Roberto Jiménez) que no ha adoptado en 26 meses una sola decisión que permitiera volver a constituir los órganos legítimos, de manera que casi un millar de militantes del exterior (a los que tantas buenas palabras se dirigen) han sido privados de participar normalmente en la vida orgánica del partido. Otro grave ejemplo –aunque también relativamente desconocido– son las expulsiones del partido juzgadas por un mero empleado de la Comisión Ejecutiva Federal, cuando los estatutos indican que las funciones de esta instancia (¿y cuáles podrían exigir mayores garantías que las disciplinarias?) solo pueden ser asumidas por su pleno o la permanente.
Las muestras más recordadas de su estilo autoritario habrán sido tres. La primera es la disolución de toda una federación –la madrileña– para ajustar cuentas con quien había sido elegido como su candidato a presidir la Comunidad. Destacan también las fallidas primarias a la Presidencia del gobierno que no fueron ni neutras ni garantistas, con actuaciones tan graves como haberse omitido la verificación de censos, establecer diferentes requisitos a los avales individuales o colectivos, no publicar la composición de las comisiones organizadoras y de garantías electorales, además de imponerse unos plazos y un porcentaje de avales mucho más restrictivos que los recomendados por los expertos independientes a partir de las referencias de otros países. Y, por último, el retraso indefinido y el intento de convocatoria precipitada de un Congreso ordinario que no se había retrasado ni siquiera durante los largos y duros años del exilio.
Así pues, antes incluso que discrepar sobre la confusa línea política que ha defendido Sánchez o su falta de asunción de las derrotas electorales, habría sido necesario hacer sonar las alarmas por su falta de compromiso con la democracia interna, en previsión de episodios tan destructivos como al que se ha llegado. Aunque los culpables sean quienes lo han provocado, la solución a la crisis requiere que el Comité Federal haga autocrítica por haber tolerado un funcionamiento muy imperfecto del partido, al no haber exigido hasta ahora responsabilidades ni adoptado regulaciones más rigurosas.
En particular, respecto al conflicto de legitimidades entre un secretario general votado por primera vez de manera directa por los militantes y un comité federal de elección indirecta. El sistema es imperfecto pero, ante la duda, la interpretación más democrática nunca puede ser la supremacía de una persona sobre un colectivo, como hace de manera autoritaria Pedro Sánchez cuando se reclama “la voz de la militancia”, o cortocircuita al Comité Federal con consultas tergiversadas inspiradas en el engañoso constructo del “derecho a decidir”.
La raíz tanto de los comportamientos abusivos como de las actitudes complacientes es probablemente común: el abandono del debate de fondo. No es una carencia exclusiva del PSOE: la profesionalización de la política y la inmediatez que reclaman las redes sociales favorecen el tacticismo comunicativo y los mensajes esquemáticos, pero los socialistas deberíamos haber intentado defendernos de esa banalización. La nueva política ha abonado ese terreno imponiendo criterios simplistas para interpretar “lo que quiera la gente”, y el PSOE ha desaprovechado la oportunidad de ganar credibilidad aportando un proyecto creíble a la vez que ilusionante.
Hacen falta unos camarlengos con gran autoridad que pongan al partido en situación de reconstruir su ideario y programa, atajando las graves imperfecciones de funcionamiento del partido. El PSOE primero y después, España, pero no por supuesto en importancia, sino que hace falta estar en condiciones de debatir serenamente para volver a ser útil a España, sin que nadie intente dar lecciones sobre quién es más de izquierdas. Como se trata por lo tanto de mirar más allá de la militancia, y conectar con toda la ciudadanía, propongo que la gestora la encabecen los dos ex secretarios generales que lograron también ser presidentes del gobierno: Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.
Esa gestora no podrá decidir la posición ante la investidura, ya que la política de pactos seguirá siendo –y nunca debería haberse cuestionado– responsabilidad del Comité Federal, contando también con el grupo parlamentario en el Congreso, ya que son los diputados los que deberán plasmarla con su voto. Pero la gestora podrá catalizar la toma de decisiones, recabando propuestas de dentro del partido y los ofrecimientos que hagan las demás formaciones.
En conclusión, que nadie piense que el PSOE está muerto. Lo demuestra la sincera pena que muchos españoles –nos hayan votado o no– han sentido ante los acontecimientos de estos días. En 137 años hemos pasado crisis peores pero siempre hemos sabido volver a juntar la tradición de los valores de siempre –justicia, igualdad, solidaridad, libertad– con la vanguardia de un proyecto para cada tiempo. El trabajo y la emoción. El puño y la rosa. No me cabe duda de que más pronto que tarde renacerá el PSOE de nuevo.
Víctor Gómez Frías es militante del PSOE y miembro del Consejo de Administración de El Español.