Esta vez, el clamor contra el anuncio de huelga en los aeropuertos es unánime. Las pérdidas ya han empezado a producirse desde el momento del anuncio. Simplemente, no es soportable que, en medio de las restricciones, unos trabajadores amenacen a todo el país con el único objetivo de garantizar sus puestos de trabajo en una empresa pública que el Estado pretende privatizar parcialmente. Si no hay una rectificación inmediata, rotunda y creíble, los sindicatos, esta vez los mayoritarios, podrán ser acusados de provocar una hemorragia en el único sector que cuenta con buenas perspectivas para el futuro inmediato. La indignación popular, la de todos los estamentos y administraciones es completamente comprensible. La economía tiene sed de ingresos, una sed cada vez más dura de soportar. Por una vez que se encuentra una fuente abundante, unos pocos cortan el camino del agua y exigen privilegios para reabrirlo. Otros aún más privilegiados, que según ellos no viven para defender los derechos de todos los trabajadores, apoyan a unos pocos de la empresa pública contra todo el resto, los muchos de la pública y la privada.
Hasta ahora nos habíamos indignado por las huelgas chantajistas, a menudo encubiertas, de colectivos como los controladores aéreos o los maquinistas de tren. En términos más generales, no es admisible la desproporción brutal entre el beneficio buscado y el daño causado. Y menos aun cuando el argumento para el beneficio es el daño general. En consecuencia, ha madurado en la sociedad una posición totalmente contraria a ser rehén de los predadores del dinero público. Si AENA tuviera beneficios, ya se espabilarían a la hora de repartírselos, pero resulta que pierde centenares de millones de euros anuales, que pagamos entre todos sin decir ni pío. En Europa y el mundo, los aeropuertos son un negocio. En España, nos cuestan muy caros. Sin tener en cuenta nada de esto, el anuncio de la huelga es en sí mismo un paso de enorme envergadura en la mala dirección. Se ha traspasado una línea roja: por primera vez en la historia sindical de España, el chantaje duro a la sociedad lleva la firma de CCOO, UGT y USO.
¿A quién causan daño si no al sindicalismo? Se expande un clamor, que los medios transmiten con una prudente y justificada sordina, contra el modelo sindical español, con estructuras organizativas que dependen -y aquí se incluye, para su vergüenza, la patronal-del dinero público. Si no rectifican, los líderes sindicales podrán ser acusados de facilitar el camino a un garrotazo seco. En una democracia, los sindicatos son imprescindibles, pero en Europa hay modelos más baratos y eficientes, porque los sindicatos son menos funcionariales y más corresponsables de la marcha de la economía y la salud de las empresas. El peligro para el futuro de los sindicatos en España -y se exponen a eso por sus propios errores- consiste en sufrir un recorte político, social y legislativo en vez de afrontar la modernización. Si todos los trabajadores del sector público deben tener conciencia de sus privilegios, y en consecuencia de la necesidad de ofrecer un mejor servicio a la sociedad que les paga, los sindicalistas profesionales deberían ser los primeros en dar ejemplo. Los sindicatos se equivocaron con la última huelga general. Rectificaron con acierto con los últimos acuerdos laborales. Que no arruinen ahora la buena imagen adquirida prosiguiendo con la irresponsabilidad de la huelga aeroportuaria.
En el supuesto de que las cúpulas sindicales no decidan desautorizar a las sectoriales correspondientes y anular la amenaza (supuesto tan razonable como ahora mismo de pronóstico incierto), ¿cómo debería afrontar el Gobierno la situación? Sentarse, se sentarán. Hablar, hablarán. Negociar, negociarán. Pero en casos como el que nos ocupa, de huelga chantajista contra todos, la actitud de partida es esencial. ¿Mano dura o cesión al chantaje? Después ya se revestirá como convenga, pero si la posición de partida no es clara, la cesión está asegurada.
Los sindicatos han hecho el anuncio con la Semana Santa encima, con la intención, cabe suponer, de que AENA y el Gobierno no tengan tiempo para contratacar y deban ceder. Por otra parte, la sociedad y los medios son favorables a disminuir los privilegios en vez de incrementarlos. Lo son en términos generales, pero mucho más en el caso de los aeropuertos, por las amargas experiencias anteriores. La pregunta, para la que no tengo respuesta, es: ¿dispone el Gobierno de margen de maniobra para anular la amenaza de forma inmediata? Si la respuesta es positiva, no dudo, a la vista de lo bien que le fue en términos de imagen en la última ocasión, que actuará con mano dura. En caso contrario, que la privatización coja confesadas a las empresas que concursen. Sea como fuere, todos lo tendrían que hacer muy mal para no frenar en seco el inicio de la hemorragia en el sector turístico.
En caso contrario, habrá que recurrir a la autodefensa de la sociedad en forma de alud de demandas civiles. A los chantajistas les convendría saber que quizá deberán pagar una parte del mal que causen.
Por Xavier Bru de Sala, escritor.