¿Una huelga es la solución?

En estas semanas se han publicado --y han sido incluso portada de diarios e internet y han abierto los informativos de televisión y radio-- muchas noticias relativas a las quejas y exigencias de jueces y magistrados para mejorar la Administración de justicia ante la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y las condiciones en que lo hacen, entre otros motivos. Si bien comparto estas exigencias, y el hecho de reclamar que la Justicia, de una vez por todas, sea una prioridad, no comparto el método que una parte de la judicatura quiere proponer como vía de solución: la huelga.
Que nuestra anciana de ojos cubiertos y balanza en mano necesita de la conjunción de muchos deseos de mejora y cambio no hay quien lo dude, pese a que, tampoco nos engañemos, en los últimos años se le han practicado numerosos líftings que le dan una apariencia más acorde con los nuevos tiempos.

Pero que la reivindicación común se pretenda mediante una huelga no puede ser compartida por quien firma este artículo, ni por la mayoría de los que, como yo, se dedican a la abogacía, es decir, al derecho de defensa de muchos ciudadanos que recurren a la Administración de justicia por dos motivos: el primero y fundamental, porque tienen un conflicto que desean se resuelva. El segundo, subyacente, porque confían en ella para resolverlo.

Los juzgados están colapsados por diversas causas, algunas muy antiguas, pero también porque cada vez que nuestro Legislativo crea, modifica o reforma leyes no se acompañan de la dotación presupuestaria que ello va a comportar. Sin embargo, algunas de las disfunciones que padece nuestra justicia tienen un origen mucho menos prosaico.

Se trata de un servicio público, pero también es el tercer poder y pilar fundamental del Estado de derecho. Por ello, su estructura es compleja, e intervienen diversas administraciones y una variedad de profesionales con diferentes estatutos y sistemas de funcionamiento. Jueces y magistrados independientes conformando el Consejo General del Poder Judicial; secretarios judiciales dependientes del Ministerio de Justicia; fiscales jerarquizados mediante el Ministerio Fiscal; funcionarios de la Administración de justicia dependientes orgánicamente del departamento competente en la comunidad autónoma; profesionales liberales coordinados mediante los colegios de abogados, y procuradores cuyas competencias territoriales pueden ser autonómicas, municipales o que agrupen algunos partidos judiciales. Y esto por no hablar de una cifra indeterminada de otros profesionales que pueden intervenir en un proceso en calidad de peritos.

A ello hemos de sumar una configuración en juzgados y tribunales distribuidos en un total de 431 partidos judiciales con más de 3.000 órganos unipersonales y 300 órganos colegiados, los cuales, sin perjuicio de que evidentemente se rigen por normas procesales comunes, pueden tener pequeñas variaciones en cuanto a la organización del trabajo interno en virtud de la llamada potestad jurisdiccional, que, a la práctica, va más allá de emitir y hacer cumplir una resolución que resuelva el conflicto del ciudadano, sino que también afecta a temas como qué día y a qué hora se convoca un juicio oral.

En definitiva, que lo que prima cuando hablamos del funcionamiento de la Administración de justicia es determinar responsabilidades y la necesidad de una voluntad real de coordinación. Por poner un ejemplo: un carísimo sistema informático que pretenda informar públicamente del transcurso de los juicios convocados en un día no servirá para nada si quien debe introducir las vistas convocadas o la hora de su inicio no lo hace.

No vamos a negar la cantidad de trabajo que hay en las mesas de nuestros juzgados y tribunales, pero hay juzgados más colapsados que otros en un mismo partido judicial y una misma jurisdicción, con el mismo reparto de asuntos y con los mismos recursos personales y económicos. Los abogados que día a día acudimos a la Administración de justicia sabemos el plazo medio de resolución de un asunto, pero luego nos encomendamos a la suerte, puesto que, además de la tasa media, existen las desviaciones. Y es que los plazos son improrrogables para las partes, pero no para algunos juzgados que ya han incluido en la plantilla de las resoluciones un correctísimo anuncio que reconoce el retraso, pero lo imputa a la falta de medios.

Por eso sorprenden las convocatorias de huelga. Reclamaremos siempre y sin ningún complejo la necesidad de dotar suficientemente a nuestra Administración de justicia de los medios necesarios para un correcto funcionamiento, pero ello tiene que venir acompañado, sin duda alguna, de un ejercicio de autodisciplina y autorresponsabilidad mucho más exigible a quien se arroga la auctoritas, con medidas decididas para detectar y erradicar las disfunciones particulares.

Entiendo que la palabra, el diálogo, la disposición, la colaboración y la cooperación entre las partes es lo que permitirá llegar a acuerdos. Debemos dar ejemplo.

Silvia Giménez-Salinas, Presidenta del Consell de Col.legis d'Advocats de Catalunya.