Charles Louis de Secondat, señor de Brède y barón de Montesquieu, incorporó al pensamiento democrático la teoría de la división de los tres poderes, con sus imprescindibles balances y contrapesos. En ese sistema, pese a su cercanía a la vida judicial, no veía en la Justicia más que un ejecutor de las disposiciones legislativas. El desarrollo de las instituciones, sin embargo, ha variado tanto el peso relativo de los tres poderes, que hoy la Justicia ha pasado a tener un rol político impensado.
Brasil, la mayor potencia económica latinoamericana, con más de 200 millones de habitantes, es hoy un cumplido ejemplo: vive pendiente de lo que dispongan sus jueces.
Desgraciadamente, esta tensión se ubica en una larga década de tormentas políticas, inestabilidad, crisis moral y una economía que, en los dos últimos años, registró una caída del PBI por encima del 3,5% anual .
El llamado proceso de lavajato ( porque el lavado de dinero se descubrió en estaciones de servicio) ha cumplido ya tres años de periplo judicial y en estos días inauguró una etapa aún más explosiva. Como se recordará, en marzo de 2014 estalló, en torno a la mayor empresa del país, Petrobras, un formidable escándalo de corrupción que llevó a prisión a algunos de los mayores empresarios brasileños –acaso lo más emblemáticos, como los Oldebrecht, padre e hijo- y a figuras prominentes de los gobiernos del PT. Se descubrió entonces una maquinaria política enorme, que se había armado en base a esa empresa, manipulando contratos multimillonarios.
De ese modo se expandió la onda del escándalo anterior, el mensalao, que en 2005 había llevado a la cárcel –entre otros hombres del PT- a José Dirceu, el ministro estrella del Gobierno de Lula, artífice de una red de corrupción para sobornar legisladores. No obstante esa situación, se logró la reelección de Dilma, por escasísimo margen, pero a poco de andar las nuevas derivaciones del lavajato condujeron a una situación crítica, cuando la base parlamentaria de su Gobierno, el PMBD, votó su cese, en un juicio político (impeachment). Así se abrió el camino al Gobierno transitorio de su vicepresidente, Michel Temer, quien lideraba justamente la agrupación que le abandonaba.
Las investigaciones estaban centradas en los Gobiernos del PT y ponían al expresidente Lula en una situación muy comprometida, de la cual aun no ha salido. Ahora, la situación se ha generalizado, desde que el ministro del Supremo Tribunal Judicial Edson Fachin, vinculado originalmente al PT, ha abierto las declaraciones premiadas de los empresarios convictos de delitos y formulado una lista de acusaciones que incluye a todos los expresidentes, a ocho ministros y a 71 legisladores.
Como suele pasar en estos casos, los empresarios presos han tratado de mejorar su posición judicial denunciando abiertamente las contribuciones que hicieron a los partidos políticos. Desgraciadamente, allí hay de todo: desde contribuciones normales para gastos electorales a otras ilícitas aunque no necesariamente conocidas en su naturaleza por los partidos beneficiarios y, por supuesto, sobornos delictivos.
Se profundiza así la situación de descrédito de la vida política brasileña. Todo está bajo sospecha. Luego de cinco gobiernos en que se alternaron, por vez primera, dos grandes partidos, el PSBD (socialdemocracia cuya figura principal ha sido Fernando Henrique Cardoso) y el PT (liderado por Lula da Silva), se entra ahora en un mundo de incertidumbre. Algo parecido ocurrió en 1989, cuando llegó a la presidencia Fernando Collor de Melo, quien desde un pequeño partido logró aglutinar una fuerte mayoría para superar a Lula, por entonces mirado como un sindicalista radical.
En octubre del año venidero hay elecciones presidenciales y en este clima la ciudadanía entrará en una gran neblina. Difícilmente –como sería deseable- la justicia haya condenado a los responsables y cerrado la causa de quienes hoy son acusados genéricamente, sin evidencias palpables. Los discursos antipolíticos, de tan mala historia, se impondrían hoy, llevando al Gobierno a quienes agotan su visión en el rechazo a lo que existe (así llegó Berlusconi al poder, luego de la tangentópolis italiana, que acabó con los partidos que habían democratizado el país luego del fascismo).
No hay duda de que la justicia brasileña ha dado un ejemplo de independencia. Tampoco la hay de que los niveles de corrupción a los que se había llegado eran inimaginables. El tema ahora es que esa misma justicia, transformada en árbitro de la vida institucional de Brasil, debiera procurar el camino para despejar el trigo de la paja, terminar con su bienvenida operación de limpieza, pero, asimismo, preservar la vida de los partidos y el honor de quienes hoy han sido salpicados por un aluvión en que todo se ha mezclado, el barro con el agua, la suciedad con la limpieza, el valor de las instituciones con la conducta de las personas.
Julio María Sanguinetti fue presidente de Uruguay.