Una ingente tarea de Gobierno

Nunca, desde el fin de la Transición, un Gobierno tuvo que partir de una situación tan compleja y difícil como la que debe afrontar el que formó el presidente Rajoy en las vísperas de Nochebuena.

La ingente tarea que espera al nuevo Gobierno se puede agrupar en tres grandes capítulos: la superación de la crisis económica, la regeneración democrática y la redefinición y consolidación de la estructura del Estado. Me propongo realizar una síntesis en tres apartados de las principales medidas a tomar.

1. Medidas de urgencia. Reducción del déficit público y del endeudamiento de la economía española para situarlo en 2012 y 2013 dentro de los parámetros establecidos por la Unión Europea. Ello exigirá una drástica reducción del personal eventual o de confianza y de las casi 3.000 sociedades públicas que además de innecesarias en su mayoría son en no pocos casos focos de corrupción, al realizar sus gastos e inversiones al margen de la ley de Contratos del Estado y de la Intervención; concentración de órganos y cargos en las Administraciones central y autonómica; y racionalización de las subvenciones a patronal y sindicatos. Todo con unos presupuestos generales de 2012 presididos por los principios de austeridad y equilibrio, en el marco de la ley de estabilidad presupuestaria para el Estado y las autonomías, emanada del reciente cambio de la Constitución.

Política de empleo, con la urgente elaboración de una gama de medidas que fomenten la contratación de personal, especialmente de jóvenes: contrato a tiempo parcial, con mínimas exigencias y sin coste de despido; beneficios a las pymes con reducción del impuesto de sociedades; supresión de las normas autonómicas que dificultan la unidad de mercado; beneficios fiscales temporales a los parados que se constituyan en autónomos y control riguroso de la aplicación fraudulenta del seguro de desempleo.

Y junto con ello, un selectivo e intenso programa de inversiones productivas, especialmente en infraestructuras públicas y en promoción de empresas de I+d+i, reactivando su financiación a medio y largo plazo, hoy muy recortada. Deben incluirse medidas fiscales que ayuden a reducir el elevado «stock» de viviendas.

Reestructuración del sistema financiero, finalizando, de una vez, el lento proceso de transformación de todas las Cajas de Ahorros y abordando la limpieza del lastre inmobiliario que arrastra la banca, mediante, si no hay otra solución, el complejo tema del «banco malo» siempre que las pérdidas de la operación se imputen a las sociedades y no a todos los españoles. Por otra parte, hay que garantizar el cumplimiento de la ley de Morosidad y especialmente que el sector público —aun a coste de un mayor endeudamiento, que no déficit— acabe con su morosidad, que estrangula a tantas empresas.

Todas estas medidas de urgencia, y más que surgirán cuando todos los entes públicos cierren las cuentas del 2011, deberán estar en funcionamiento en un plazo de entre seis y doce meses.

2. Pactos de Estado. La diversidad de opiniones converge en demandar con suficiente fuerza cinco pactos básicos, a nivel de Estado: laboral, educativo, energético, de la justicia y por la transparencia.

La reforma laboral. Es absolutamente necesaria una nueva reforma del mercado de trabajo, realizada sin tensiones y con el máximo consenso posible, que lo sitúe en los estándares europeos y contribuya con eficacia a afrontar el dramático problema de los cinco millones de parados, para el que el reciente decreto ley 10/2010 ha resultado en gran medida inoperante.

Para ello es precisa la simplificación de la legislación laboral con muy pocas fórmulas contractuales, sin llegar de momento al contrato de trabajo único que proponen cualificados expertos; con una indemnización por despido del contrato fijo en línea con la media de los países de la UE; y combatiendo eficazmente el absentismo laboral injustificado.
Por otra parte, en la contratación colectiva deben tener mayor desarrollo los convenios de empresa, dentro del marco de grandes acuerdos sectoriales y con drástica reducción de la extensión de los convenios por la llamada «ultractividad». Junto con ello debe potenciarse el sistema de formación continua del trabajador.

El pacto educativo. Es preciso separar el pacto en la secundaria y profesional del universitario, pues ambos tienen problemáticas y cauces de negociación diferenciados.

En la secundaria son temas clave: el alarmante abandono escolar; el deterioro de los valores de esfuerzo y responsabilidad; las deficiencias en el aprendizaje de las materias básicas; la libertad de enseñanza; la garantía de enseñanza del castellano; el reconocimiento de la autoridad de los profesores, etcétera.

En la universitaria son cuestiones decisivas: la financiación —incluido el tema de las tasas y de las becas—; la gobernanza de la Universidad; el acceso a las cátedras; la ordenación del excesivo número de titulaciones y el control efectivo de calidad.

El pacto energético, que incluya un acuerdo a largo plazo sobre la utilización de todas las energías disponibles; con un impulso a las energías renovables más rentables; la mejora de los mecanismos de gestión e interconexión internacional y el avance hacia un sistema de mercado que elimine gradualmente el déficit de tarifas.

Hace pocos días un destacado dirigente empresarial ha propuesto un plan energético con un «mix» de producción equilibrado y con unas reducciones del orden del 20% en emisiones, en costes de suministro y en necesidades de inversión. Ahorraría unos 20.000 millones de euros hasta el año 2020 respecto a la planificación oficial.

La reforma de la Justicia, basada según cualificados expertos en los siguientes principios: modificación del sistema jurisdiccional, potenciando la resolución de conflictos por vías extra o interprocesales (mediación, arbitraje y conciliación) y revisión de la estructura de la planta y la demarcación judicial; nueva formulación del sistema de acceso a la Carrera Judicial, para la promoción de jueces más experimentados, y ordenación de la oficina judicial; reformas sustantivas y procesales, propuestas por la comisión correspondiente del Consejo General del Poder Judicial, y modificación de este Consejo en su composición, funciones y procedimientos.

El pacto por la transparencia y la integridad. En la reciente campaña electoral se pasó de puntillas sobre el tema de la corrupción, que se ha intensificado en los últimos años a todos los niveles políticos. Debe realizarse desde las instituciones de la sociedad civil un análisis en profundidad de la corrupción en la democracia española y de la necesidad de un rearme moral.

Recientemente los miembros que integran el Comité de Dirección de Transparencia Internacional España han publicado el estudio «Un decálogo por la transparencia y la integridad», que constituye un excelente análisis del problema y de sus soluciones. Será una magnífica «hoja de ruta» para afrontar este pacto.

Estos cinco pactos, aunque con procesos y ritmos diferenciados, deberían estar ultimados, en lo esencial, en el plazo de dos años.

3. Redefinición y consolidación de la estructura del Estado. Este es el tema más complejo, pues implica cuestiones básicas de la estructura del Estado, donde los acuerdos mayoritarios —similares al del pacto constitucional— serán más difíciles. Debería abordarse la ley de partidos políticos y su financiación, la reordenación de las competencias de las comunidades autónomas y del Estado; los planteamientos estatutarios propuestos por Cataluña; la normalización democrática del País Vasco; la reforma del Senado; la modificación de la forma de elección y funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas; la reforma consensuada de la ley electoral y las posibles modificaciones de la Constitución de 1978.

He aquí una tarea en la que se podrá avanzar, sin garantizar resultados, a lo largo de toda la legislatura. La ingente labor que espera al nuevo Gobierno merece el apoyo de todas las personas de buena voluntad.

Por Salvador Sánchez-Terán, ministro en la Transición.

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