El profesor Solozábal ha efectuado, en reciente artículo, “dos reflexiones de fondo” tras las elecciones catalanas: “El independentismo, en primer lugar, debe admitir que le falta suficiente apoyo popular para, en estos momentos, llevar a cabo la secesión. (…) Pero, en segundo lugar, la gravedad del momento político catalán interpela también al resto de los españoles”. Comparto ambas ideas. Y, amparándome en la segunda, me atrevo a interpelar a mis compatriotas españoles no catalanes para que asuman la gravedad del problema y se apresten a afrontarlo con talento, generosidad y coraje. Las notas que siguen resumen mi posición desde hace diez años.
El presupuesto del problema. Es la subsistencia de Cataluña como nación. Cataluña es hoy, para la mayoría de catalanes, una comunidad humana con conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante su autogobierno (autogestión de los propios intereses y autocontrol de los propios recursos). La preservación de esta conciencia colectiva no es obra de políticos, literatos, historiadores o juristas, sino el resultado de una firme voluntad colectiva que emana de una realidad social evidente. Los hechos son tozudos. ¿Pudo haber sido de otra manera? Sí, pudo; pero no fue. Antonio Tovar escribió en 1959 (En la muerte de Carles Riba): “La escuela nacional, la conscripción, la eficiencia de la administración pública, unifican en Francia la lengua (…). Es la ineficiencia de la administración hispana en el pasado siglo, con la innata resistencia de los españoles a lo que viene mandado e impuesto, lo que ha asegurado a la lengua catalana un destino distinto”, sin olvidar “la formidable voluntad del pueblo catalán”. Hay que añadir a esto que el Estado español unitario y centralista no llegó a cuajar plenamente: nunca ha habido en España —por poner dos ejemplos— ni unidad de caja, ni unidad de Derecho civil.
La raíz del problema. A comienzos del siglo XX, España tenía cuatro problemas: el religioso, el militar, el agrario y el catalán. Los tres primeros se han desvanecido; queda el catalán, que no es tal, sino el problema español de la estructura territorial del Estado, es decir el problema del reparto del poder. La cuestión es si éste ha de quedar concentrado en el vértice de la pirámide, que es la capital del Estado, o ha de distribuirse en red por todo el territorio. Si el poder permanece concentrado en Madrid, continuará en manos de un Estado oligárquico, que seguirá siendo el de las familias acampadas sobre el país —como lo definía Azaña—, el gerente de una sociedad de socorros mutuos —que decía Ortega—, o la finca privada —que veía Araquistain—. Esta oligarquía es el obstáculo fundamental para la redistribución del poder que todo proceso federal comporta.
La solución propuesta. Toda solución ha de ser fruto de una transacción. Cataluña debería renunciar a la independencia y a una relación bilateral (de tú a tú) con España. Y España debería ceder en cuatro puntos: 1. Reconocimiento de Cataluña como nación. 2. Fijación de un límite a la aportación catalana al fondo de solidaridad, aplicable a todas las comunidades autónomas. 3. Atribución a la Generalitat de competencias exclusivas en lengua, enseñanza y cultura. 4. Admisión de una consulta a los catalanes sobre su aceptación o rechazo del plan propuesto. Además, debería acometerse una reforma constitucional en sentido federal que, entre otros objetivos, al convertir el Senado en una cámara territorial, impidiese las relaciones bilaterales.
Es difícil pero no imposible que esta “tercera vía” sea viable. Los obstáculos son profundos.
1. El debate España-Cataluña ha sido tramposo por ambas partes. Buena parte de los españoles no asume que el Estado autonómico sea el embrión de un Estado federal, pero en buena parte de los nacionalistas catalanes ha latido siempre una soterrada aspiración a la independencia.
2. No hay federalistas ni en España ni en Cataluña. Se denuncia en Cataluña la falta de federalistas españoles, pero tampoco los hay en Cataluña, ya que lo que pretende la mayoría de los federalistas catalanes es una relación confederal Cataluña-España.
3. Muchos españoles no aceptan que Cataluña sea una nación, y, a la recíproca, muchos catalanes niegan a España como nación, reduciéndola a la condición jurídica de Estado. Pero, pese a estos impedimentos, la interpelación a todos los españoles sigue en pie, más allá de la clase dirigente. Porque la alternativa sólo es, primero, impotencia y barullo, y, después, un conflicto abierto.
Juan-José López Burniol es notario.