Una interpretación sesgada

En todos los países con Constituciones democráticas y unos sistemas razonablemente eficaces de enseñanza pública, la mayoría de los ciudadanos es capaz de comprender las acciones ejecutivas y legislativas de sus Gobiernos, pero el funcionamiento del sistema judicial sigue siendo una especie de misterio.

En un artículo reciente me referí a las interpretaciones encontradas de la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, pero dejé para un artículo futuro la explicación de una reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) que confirmaba la arbitraria interpretación difundida en las últimas décadas por la Asociación Nacional del Rifle, que la utiliza como criterio para apoyar u oponerse a los candidatos a numerosos cargos electos, nacionales, estatales y municipales.

Después de obtener su independencia de Inglaterra en 1783, las antiguas colonias instauraron un Gobierno “nacional” muy limitado, sujeto a los “artículos de la confederación”, que, como se vio después, carecía de la autoridad necesaria para controlar los 13 Estados federados. Entre 1787 y 1788 se elaboró una nueva Constitución, en su mayor parte redactada por unos prósperos abogados que representaban a los terratenientes y comerciantes más ricos y educados de una población que deseaba formar una unión más eficaz. Pero muchos ciudadanos temieron la posibilidad de que un Gobierno central más fuerte limitara seriamente las libertades de los Estados.

Uno de sus temores era que el Gobierno central empleara la fuerza militar para reprimir las protestas de agricultores y trabajadores indefensos. James Madison (futuro cuarto presidente de EE UU) propuso una enmienda que prometía que la gente nunca estaría sometida al poder militar federal, porque “no se vulnerará su derecho a tener y portar armas; ya que una milicia bien armada y bien regulada es la mejor garantía de seguridad de un país libre”.

Al llegar aquí es importante recordar que gran parte del debate actual sobre cómo debe interpretar el TS la Constitución refleja la demanda conservadora de que esa interpretación sea coherente con las “intenciones de los Padres Fundadores”. Es difícil decir cómo habrían interpretado los Padres Fundadores las leyes más recientes. No obstante, no es descabellado suponer que la cuestión de si debe permitirse que todos los ciudadanos posean y lleven armas de fuego implica acciones, opiniones y peligros muy similares, pese a los más de dos siglos transcurridos.

Sin embargo, existen al menos dos inmensas disparidades entre las condiciones de fines del XVIII y las actuales: 1) la diferencia entre aquellos fusiles que se cargaban a mano y no tenían miras telescópicas, y la variedad de armas automáticas que efectúan disparos mucho más potentes y numerosos en un intervalo de tiempo concreto de lo que se podía imaginar hace 200 años, y 2) las guerras entre bandas y las matanzas individuales que se producen en institutos y universidades. Esto ha hecho que muchas autoridades municipales y estatales hayan implantado controles sobre la venta de armas, a lo que se ha opuesto siempre la Asociación Nacional del Rifle.

Uno de los Gobiernos locales que trató de reducir la violencia por armas de fuego fue el Distrito de Columbia (que es la capital del país y alberga la sede de la Presidencia, la Cámara de Representantes, el Senado y el Tribunal Supremo). El Distrito posee uno de los mayores índices de criminalidad de todas las áreas urbanas, y su Ayuntamiento aprobó una ley que prohibía la posesión de casi todos los tipos de armas cortas y exigía que otras armas estuvieran descargadas cuando estuvieran guardadas en casa de sus propietarios. El TS, en una victoria de los jueces conservadores por cinco a cuatro, anuló la ley con el argumento de que violaba el derecho constitucional a tener armas en casa para defenderse.

En cuanto al objetivo de la segunda enmienda, la postura mayoritaria fue que la intención era proteger el derecho de todos los estadounidenses adultos a poseer armas. Los historiadores están de acuerdo, en general, con la posición expresada en The New York Times por una destacada especialista en la Constitución, la catedrática Pauline Maier, cuyo análisis cito a continuación: “El Congreso modificó (en 1788) ligeramente la redacción de Madison: ‘Dado que una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se vulnerará el derecho de la gente a tener y portar armas’. En las leyes del siglo XVIII, el preámbulo (en este caso, la primera cláusula) exponía el propósito de una promulgación. Es decir, el derecho a tener y portar armas se concedía como medio para sostener esa ‘milicia bien regulada’. Eso es lo que había querido decir el Congreso y lo que aprobaron los Estados”.

Yo siento gran admiración por muchos de los dirigentes que celebraron la Convención Constituyente de 1787, y creo que es apropiado tener en cuenta sus intenciones si estas tienen relación con el problema actual que se está juzgando. Pero lo que el voto mayoritario del TS hizo, en este caso, fue aceptar las opiniones de la Asociación Nacional del Rifle sobre el significado de la segunda enmienda.

En otra victoria reciente del ala conservadora del TS, también por cinco a cuatro, en el caso de Ciudadanos Unidos contra la Comisión Electoral Federal, el tema de debate principal era la influencia del dinero en el resultado de las elecciones. ¿Debería tener derecho el Gobierno Federal a limitar la cantidad de dinero que las empresas, los sindicatos, las cámaras de comercio, los think-tanks, etcétera, pueden gastar legalmente para apoyar a sus candidatos preferidos?

Desde fines de los años cuarenta hasta 2010, los sucesivos TS habían aceptado siempre la necesidad de que existieran controles para impedir que grupos políticos legítimos, pero sin poder económico, quedaran asfixiados por rivales mucho más ricos. En el caso de Ciudadanos Unidos, sin embargo, la mayoría conservadora dictó que cualquier límite al volumen de gasto en las campañas políticas violaba la libertad de expresión para todos los ciudadanos garantizada en la primera enmienda. Al expresar las opiniones de los cinco magistrados que habían emitido el voto mayoritario, el juez Anthony Kennedy escribió: “Si la primera enmienda tiene algún poder, es el de impedir al Congreso que multe o encarcele a ciudadanos, o asociaciones de ciudadanos, solo por expresar opiniones políticas”.

La frase ilustra las amargas exageraciones que caracterizan parte del debate sobre la vida pública en EE UU. Nadie había dicho nada de “encarcelar” a nadie por hablar de política, pero una parte crucial de los argumentos conservadores es permitir que el gasto ilimitado de dinero se considere un componente directo de la libertad de expresión. La decisión va en contra de los precedentes legales establecidos durante los 70 años anteriores porque ignora la enorme diferencia entre la capacidad económica de las grandes corporaciones y la de las organizaciones de clase media y trabajadora, diferencias que son incluso mucho mayores hoy que en los años en los que los tribunales federales sí aceptaban la idea de que los candidatos menos acomodados necesitaban alguna protección contra los mayores recursos económicos de sus adversarios.

En su explicación del voto minoritario, derrotado, el juez Stevens escribió: “La diferencia entre vender un voto y vender el acceso a los medios no es cualitativa, sino cuantitativa. Y vender ese acceso no es cualitativamente distinto a dar preferencia especial a quienes han gastado dinero para beneficiar a una persona”. La importancia de las palabras “vender el “acceso” es que incorporan al debate el hecho de que, en la era de Internet y la consolidación de las poderosas cadenas de televisión, los costes de conseguir que las opiniones libres de una persona lleguen a un gran público se han vuelto gigantescos. A los jueces conservadores les parece muy bien que, en la práctica, la libertad de expresión de los progresistas y la izquierda esté limitada por su inferioridad económica relativa. Las sumas de dinero de que disponen los conservadores, muy superiores, no son más que un aspecto justificado de su “libertad de expresión”.

Por desgracia, los dos casos que menciono en este artículo son ejemplos típicos de cómo está contribuyendo el Supremo de manera sustancial a reforzar la extrema derecha en la vida política de EE UU.

Gabriel Jackson es historiador estadounidense. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

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