Las elecciones al Parlamento Europeo se han celebrado, una vez más, entre un coro mediático de críticas adversas y con la desafección de una mayoría del electorado. La oportuna celebración, en plena jornada de reflexión, del aniversario del Desembarco de Normandía debería haber hecho recordar a los europeos que, a pesar de sus dudas y miserias, están construyendo algo sin precedentes: una Europa unida en paz que constituye el primer intento exitoso de democracia supranacional en la Historia y el mejor instrumento para sobrevivir en las turbulencias de la globalización. La legislatura europea, de cinco años de duración, empezará con las normas del Tratado de Niza y es de esperar que concluya con el Tratado de Lisboa en vigor. En todo caso, su primera tarea es iniciar una legislatura de cinco años procediendo a la investidura de una nueva Comisión Europea en una casa común en obras. Desde el paso a la Unión con el Tratado de Maastricht, se ha ido consolidando la lógica parlamentaria con la duración de la Comisión de dos a cinco años y de la participación del Parlamento Europeo en su investidura.
Aunque no se trate de un Gobierno, el hecho de tener el monopolio de iniciativa, ser guardiana de los Tratados y gestionar el presupuesto le confiere un poder que ya querrían para sí muchos Ejecutivos. La regla vigente del Tratado de Niza es que el presidente de la Comisión sea designado por el Consejo Europeo y aprobado en votación por el Parlamento por mayoría, mientras que el de Lisboa, en cambio, establece que lo será por la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento. Además, el Consejo se celebra el 18 de junio, lo que convierte el trámite en bastante expeditivo, ya que ni siquiera estarán constituidos los grupos parlamentarios.
El Parlamento Europeo advirtió en mayo, al votar la Resolución Dehaene, que se deberían tener en cuenta los plazos para permitir las consultas políticas necesarias. Como muy pronto, se podría proceder a votar el presidente de la Comisión en la sesión de julio, un plazo más breve de hecho que el de la mayor parte de los países miembros y ello con un paisaje de fondo infinitamente más complejo. Además, la composición de la nueva Comisión y la nueva legislatura Europea debería funcionar con el Tratado de Lisboa en vigor, tras la celebración del segundo referéndum en Irlanda el próximo octubre, por lo que no faltan partidarios de mantener a la actual en funciones hasta entonces.
En cualquier caso, ninguno de los grupos parlamentarios europeos surgidos de las elecciones del pasado domingo cuenta con la mayoría suficiente, ni de lejos, para investir al presidente de la Comisión. La condición sine qua non para llevar adelante esta operación de investidura acelerada es contar con la mayoría suficiente, que políticamente es la absoluta, es decir, 369 miembros. Es también la mayoría necesaria para legislar o aprobar el presupuesto en segunda lectura. Ninguno de los grupos políticos del PE la tiene ni de lejos. Para lograrla es necesario, por lo menos, el concurso de los grupos populares y socialistas. En su misma composición, éste es un Parlamento Europeo de geometría variable como la Unión en construcción.
El cálculo más usual se hace a partir de la división derecha-izquierda, que no es la única ni la más dominante. No obstante, la mayoría más decisiva es la europeísta y constitucional, la favorable al Tratado de Lisboa, grosso modo identificable con el 80% de la actual coalición PPE-DE, el grupo socialista, el liberal y los verdes, más algunos sectores del centro derecha. Todos ellos sumarían un 70% de la Cámara. La mayoría pro euro es incluso más amplia en las circunstancias actuales que han llevado a la conversión a muchos euroescépticos.
El entusiasmo iconoclasta de conservadores británicos, checos o polacos de separarse de los populares europeos no llega al suicidio, y el 10% de diversos populismos minoritarios no puede configurar ninguna línea alternativa. En estas circunstancias, la investidura de la Comisión no será un simple trámite. Así lo ha comprendido la actual dirección del Grupo Popular Europeo al apelar a configurar una mayoría con los socialistas. Difícil misión.
Sin entrar en un análisis de fondo de las causas de la derrota electoral de los socialistas europeos, son notorias sus divergencias con la posición de la actual Comisión en temas clave para salir de la crisis: intensidad del paquete de estímulo europeo y su coordinación, regulación de los fondos de riesgo -hedge funds- y avance en la supervisión y control financieros o normas sociales básicas son cuestiones que requieren una cuidadosa negociación para poder otorgar un voto de confianza. El aspecto más preocupante es la línea seguida y reconocida por el presidente Barroso de creer que no vale la pena librar batallas contra el Consejo y, sobre todo, los llamados grandes Estados miembros en temas clave.
Precisamente, el valor de la Comisión es ir configurando el interés general europeo a partir de posiciones diversas y a menudo divergentes. Por eso, no puede limitarse a ser una secretaría técnica ennoblecida por la calidad de sus cuadros al servicio de una Presidencia semestral del Consejo. Cuando ésta corresponde a un país con ambición y voluntad como en el caso de Francia en 2008, la nave va, pero cuando se tiene una presidencia inexistente como la checa, todo se para. Las próximas serán la sueca y la española.
Enrique Barón Crespo, ex presidente del Parlamento Europeo.