Una investigación en el olvido

Por Gervasio Sánchez (LA VANGUARDIA, 16/07/07):

El atentado que el 29 de noviembre del 2003 costó la vida a siete militares del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Latifiya (Iraq) sigue envuelto en un manto de silencio. Ni el Ministerio de Defensa ni la Audiencia Nacional, que abrió una investigación unos días después del asesinato, ni el propio CNI han sido capaces de avanzar en la búsqueda de la verdad y hoy persisten muchas incógnitas sobre lo que ocurrió aquel aciago día.

El 4 de diciembre del 2003, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decidió abrir una investigación por tratarse de un acto de terrorismo contra ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. Apenas dos meses después, dictó un sobreseimiento temporal aunque señaló que, en caso de aparecer nuevos datos, podría reabrirse el caso y continuar con las diligencias.

El 22 de marzo del 2003, el traductor iraquí Flayeh al Mayali fue detenido en la base España de Diuaniya, interrogado y acusado de ser “colaborador necesario” en el atentado. Cinco días después fue trasladado a la cárcel de Abu Graib, un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos. Ni el Ministerio de Defensa ni el CNI informaron al juez Andreu de esta detención. Tras pasar once meses encarcelado en los penales de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali fue liberado sin cargos en febrero del 2005.

En una entrevista publicada por La Vanguardia cuatro días después de su liberación, acusó a sus interrogadores de darle un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte. El Ministerio de Defensa, encabezado por el entonces ministro José Bono, negó la versión del traductor y aseguró que éste había firmado unos documentos en los que reconocía el buen trato recibido. “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”, fue la respuesta del traductor. Amnistía Internacional exigió al Gobierno que se investigaran los posibles abusos. CiU e IU pidieron explicaciones en el Congreso.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez Andreu no consideró pertinente reabrir el caso aunque admitió en privado que el Ministerio de Defensa podría estar cometiendo un delito por denegar asistencia a la justicia. El evidente desinterés del PP y el PSOE, cuyos gobiernos estaban involucrados en la detención y la larga encarcelación del ciudadano iraquí, provocó que el caso se hundiese de nuevo en el olvido.

El CNI aprovechó el respiro para ganar tiempo y prometió a Flayeh al Mayali, a través de intermediarios, buscar una solución a su caso. “Se han comprometido a exonerarme de las acusaciones y a indemnizarme”, explicó confiado Al Mayali en diciembre del 2005 en Bagdad a este periodista. Este comportamiento abyecto fue confirmado por fuentes cercanas al CNI. Una fuente fue más explícita: “Quieren cerrarle la boca para siempre”. En noviembre del 2004, el CNI había asegurado a El País que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”, ocultando que el traductor había firmado desde el 15 de septiembre del 2003 hasta el 16 de marzo del 2004, apenas una semana antes de su detención, más de una decena de contratos con el ejército español valorados en 300.000 dólares, que le supusieron unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación. Hoy en día Al Mayali sostiene que el Ministerio de Defensa aprovechó su detención y su encarcelamiento para dejarle a deber unos 30.000 dólares y todavía confía en su recuperación.

Los errores de los servicios secretos españoles en Iraq comenzaron a producirse varios meses antes de la muerte de los siete miembros del CNI. “El más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”, ha reconocido en privado el diplomático Jorge Dezcallar, máximo responsable del CNI en el periodo en que se produjeron los dramáticos hechos. Este reconocimiento íntimo no ha impedido a Dezcallar continuar con su meteórica carrera y hoy es un alto cargo en Repsol.

El comandante Alberto Martínez, muerto en la emboscada de Latifiya, y el sargento primero José Antonio Bernal, ambos agentes del CNI, regresaron a Bagdad días después de la caída de Sadam Husein, en abril del 2003. Aunque se presentaban como agregados políticos de la embajada, los servicios secretos iraquíes conocían su cometido.

El día de la emboscada, los ocho agentes secretos viajaron muy temprano en grupos de cuatro desde Diuaniya y Nayaf para encontrarse en Bagdad el día del atentado. A las nueve de la mañana tomaron café juntos en la embajada española y después visitaron a otros compañeros militares en la sede de la Autoridad Provisional de la Coalición y en el aeropuerto de la capital. Fuentes de máxima solvencia confirmaron que comieron en la antigua casa de Alberto Martínez, que estaba vacía por motivos de seguridad desde que un mes y medio antes el sargento primero Bernal había sido asesinado en la puerta de su domicilio. Después de la comida, los ocho agentes iniciaron el regreso a sus bases en el sur. Ala altura de Latifiya, a 30 kilómetros de Bagdad, fueron interceptados por un grupo armado y siete de ellos murieron en la brutal emboscada. Alberto Martínez era un hombre muy querido pero también muy dado a realizar acciones imprudentes. Apenas tres semanas antes de su asesinato decidió viajar por tierra desde Bagdad hasta Ammán, al suspenderse el puente aéreo que comunica ambas capitales. El militar desoyó los consejos de sus compañeros en la embajada española e hizo este viaje de mil kilómetros con el objetivo de llegar a tiempo para enlazar con un vuelo a Madrid.

El actual Gobierno español decidió retirar todas las tropas españolas en mayo del 2004, incluidos los miembros de la inteligencia militar, lo que supuso el fin de cualquier tipo de investigación para aclarar los asesinatos. Al Mayali quedó olvidado en un penal iraquí con sus derechos conculcados.

Desde su liberación, hace dos años y medio, ningún agente del CNI o de otro organismo español relacionado con la investigación ha vuelto a ponerse en contacto con Al Mayali. Es fácil encontrarlo en la capital iraquí, ya que trabaja como traductor oficial en el Consejo de Ministros de Iraq. Hace cuatro meses, Al Mayali actuó de traductor oficial entre un ministro iraquí y el embajador de España en Iraq, Ignacio Rupérez. Debió de ser curioso para el alto funcionario someter sus palabras a la voluntad y a la traducción de un “colaborador necesario” en un atentado con siete españoles muertos.

Si tuviera que viajar a España como traductor de una delegación iraquí, ¿en qué se basaría el Estado español para prohibirle su entrada en el territorio nacional? ¿En la rocambolesca investigación llevada a cabo por el CNI?, ¿o en la no investigación de la Audiencia Nacional?