Una invitación al diálogo

Hace poco más de un año, Mariano Rajoy encomendó a FAES, la Fundación que preside José María Aznar, la realización de un conjunto de seminarios orientados a evaluar el funcionamiento de nuestro Estado autonómico. Es evidente que la singularidad constitucional y la litigiosidad de nuestro modelo de descentralización política causa alguna perplejidad a los observadores extranjeros, como también lo es que la opinión pública española alberga reservas crecientes sobre su eficacia. Aunque solo fuera por ambas cosas, la reflexión resultaba urgente y absolutamente imprescindible. Si algo llama poderosamente la atención en el debate territorial es el enorme esfuerzo que algunos ponen en discrepar con estruendo incluso de aquello con lo que están básicamente de acuerdo. A nadie se le oculta que la exacerbación de los sentimientos, la simplificación extrema de los argumentos y la descalificación del adversario son moneda común en nuestro debate político. Y la única forma de combatir esta penosa realidad es hablar con la mayor claridad a la hora de identificar con precisión los problemas, apuntar las soluciones, acotar las discrepancias y buscar sinceramente los acuerdos.

El Partido Popular ha sido y se considera artífice principal del Estado de las Autonomías. Es, en consecuencia, su más genuino defensor en el panorama político actual. Aznar ha sido el único presidente del Gobierno previamente curtido en su paso por una Comunidad. Poco después de llegar a la dirección del partido, su primer gran éxito político fue la firma con el gobierno socialista de los Pactos Autonómicos. Con ellos se puso fin a la desigualdad inicial del modelo mediante la ampliación de las competencias de las Comunidades llamadas «de vía lenta», haciendo así posible «un funcionamiento racionalizado y homogéneo del conjunto» e impulsando «un horizonte definitivo». El grueso de los acuerdos de 1992 fue llevado a la práctica bajo los gobiernos populares. Más del 70% de los recursos totales transferidos a las Comunidades Autónomas desde 1978 lo han sido entre 1996 y 2004.

El debate abierto en las últimas semanas es útil y necesario. Es el momento de reconocer las dificultades y de ofrecer alternativas. ¿Recentralizar? No es esa la cuestión. El esquema fundamental del Estado autonómico está ya configurado, y es plenamente válido. El Partido Popular siempre ha perseguido conciliar con eficacia la descentralización política con la unidad nacional; abrir espacio a las aspiraciones de singularidad sin merma de la solidaridad; articular las diferencias al tiempo que se proscriben los privilegios. Por eso, tras promover numerosas reformas estatutarias y llevar a cabo las mayores transferencias, impulsamos la aprobación de un modelo de financiación que garantizaba recursos suficientes y estables a las Comunidades; y también por esas mismas razones propusimos fortalecer los principios de cooperación y lealtad como pilares de un funcionamiento más armónico de todas las Administraciones. Todo este recorrido, sin duda complejo pero perfectamente posible, quedó en gran medida frustrado tras la llegada al gobierno del partido socialista en 2004.

Ahora, el «despertar reformista» de Zapatero le lleva a hablar en medios de comunicación extranjeros de la necesidad «de acabar con la burocracia causada por la descentralización», y no le falta razón. Y su vicepresidente responsable de la política territorial encarga informes para eliminar las duplicidades existentes, ahorrar gastos innecesarios, suprimir trámites redundantes y aumentar la coordinación entre las Administraciones. Y tampoco le falta razón, aunque dada su experiencia política posiblemente sea el menos indicado para decirlo y hacerlo. El Estado debe tener la responsabilidad exclusiva en las funciones públicas clásicas: política exterior, seguridad, defensa, justicia y política económica; y debe ser el garante de la igualdad jurídica y la solidaridad entre todos los españoles. Las CCAA son, básicamente, las administradoras del Estado del Bienestar, al tiempo que defensoras de sus propias singularidades. Cada cual debe ejercer plenamente sus funciones sin duplicidades ni interferencias innecesarias. La crisis económica nos ha hecho ver que el modelo español es necesariamente caro, pero justo es reconocer que ha resultado útil para articular una nación plural. Sólo nos lo podremos permitir si ponemos nuestro mejor esfuerzo en hacerlo funcionar con eficacia y austeridad máximas.

Alguno de los problemas más visibles puede ser abordado con rapidez mediante los acuerdos políticos y las reformas legislativas adecuadas. Garantizar la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones y la unidad de mercado son retos urgentes que admiten ese tipo de soluciones. Pero resulta inevitable reconocer que existen problemas de más calado. Ningún país con niveles de descentralización próximos al nuestro cuenta con un marco constitucional tan laxo e impreciso. En la actualidad parece mucho más sencillo, claro y seguro llevar a la Constitución el sistema de delimitación de responsabilidades, evitando así las duplicidades y reduciendo los conflictos. El procedimiento de atribución directa y explícita de competencias es el habitual en el Derecho comparado, no implica la necesidad de homogeneidad sino que exige el debate en común de las diferencias admisibles, y no cierra el paso a futuras reformas constitucionales que todos tienen la facultad de proponer.

La otra gran laguna en la actual regulación constitucional se sitúa en el plano de la financiación. Reforzar la estabilidad de las normas básicas de reparto de ingresos, mediante su constitucionalización, sería un claro avance. Es necesario trasladar a todas las administraciones la certeza de que los gastos generados por su acción de gobierno deberán ser atendidos con sus propios recursos. Mientras la cuantía de la financiación dependa de mayorías parlamentarias coyunturales, el incentivo para ejercer la mayor presión sobre el gobierno central será poderoso y los comportamientos financieramente irresponsables se repetirán una y otra vez. Y es preciso establecer mecanismos explícitos y transparentes de equidad. El debate sobre los límites a la solidaridad entre regiones es perfectamente legítimo, además de habitual en sistemas como el nuestro (lo estamos viendo en Alemania en estos días), pero exige la mayor claridad por parte de todos.

El progreso de las sociedades requiere la seguridad y la confianza que solo los países institucionalmente estables son capaces de proyectar. Sin embargo, no cabe pretender que un texto constitucional sea definitivo o intangible. La adaptabilidad de las constituciones, lejos de constituir un problema, es un valor esencial para garantizar su permanencia. Las más duraderas, las que internacionalmente obtienen un mayor respaldo ciudadano, son las que han sido capaces de ir introduciendo reformas parciales. La reforma, en definitiva, no es más que la prueba evidente de la capacidad de una sociedad viva para renovar sus pactos constituyentes, adaptándolos a las circunstancias cambiantes que el transcurso de la historia inevitablemente lleva aparejado. Por eso, cuando se habla de reforma constitucional —dadas las amplísimas mayorías que exige— se debe entender bien lo que se está sugiriendo. La propuesta de reforma es una oferta de diálogo, es una invitación al consenso.

No defiende hoy el Estado de las Autonomías quien lo lleva al borde del abismo financiero, ni tampoco los que pretenden refugiarse en el inmovilismo. En la España del siglo XXI sobran las descalificaciones apresuradas. Algunos, desde posiciones nacionalistas, se lanzan a embarrar el terreno de juego apenas perciben los primeros movimientos de sus adversarios; no es de recibo. Todo se puede hablar y hay que hablarlo; tomemos como referencia la evolución del federalismo alemán, por ejemplo. Es preciso un debate sereno, ordenado, inteligente, orientado a la búsqueda del mejor modelo para la gran mayoría. A ese digno propósito ha pretendido contribuir nuestro trabajo reciente en FAES.

Por Gabriel Elorriaga Pisarik, diputado del Partido Popular.

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